Un debate muy intenso se estableció desde el primer momento en nuestro grupo de trabajo.
La cultura impulsada por los poderes públicos desde le mundo de la política, nos sitúa en una frontera sutil desde la que es fácil deslizarse por pendientes contradictorias sembradas de riesgos y oportunidades en función del papel que se ejerce desde la decisión política y los recursos públicos al servicio de la cultura.
Dos serían en principio las alternativas que en sus formas más radicales se presentan como modelos teóricos antitéticos de política cultural: dirigismo cultural y neutralidad cultural.
El dirigismo cultural, es decir la promoción de valores culturales, en sintonía con la ideología del gobierno de turno constituye, una opción de la acción política en materia cultural.
En las antípodas de ésta tesis, se encuentra la neutralidad cultural, en la que el poder político renuncia a cualquier iniciativa de transmisión de valores culturales y distribuye los recursos públicos en función de criterios objetivos, transparentes y tasados, en la que el tejido asociativo y los agentes culturales son los auténticos protagonistas culturales y las iniciativas culturales impulsadas desde el propio gobierno tienen escasa relevancia.
Pero, estas alternativas raras veces se dan en estado puro, sin contaminaciones ni matices. De la misma manera que ningún gobierno democrático opta exclusivamente por el dirigismo cultural como mecanismo transmisor, y “manipulador de valores”, tampoco se produce el escenario contrario en el que el gobierno abandona cualquier responsabilidad o “injerencia en materia cultural y la traslada de manera ecuánime y plural a los agentes culturales a través de anteriores objetivos, transparentes y públicos.
Por ello la pregunta a plantearse es si un gobierno, nacido de la soberanía popular, a quien se le encomienda la responsabilidad de gobernar debe renunciar a cualquier iniciativa cultural impregnada de valores, bajo la presunta acusación de manipulador.
Existen valores universales, probablemente ligados a la esencia de los sistemas democráticos y a los derechos humanos que deben canalizarse y difundirse a través de iniciativas culturales.
Probablemente las conclusiones se fueran decantando hacia un modelo cultural poliédrico y equilibrado, impulsado por los poderes públicos.
Por una parte, reservar un ámbito para la promoción cultural directa ligada a valores transversales vinculados a los derechos humanos y asumidos ampliamente por la comunidad democrática y, por otra parte, delimitar un ámbito donde la iniciativa cultural corresponde a la sociedad donde los recursos se asignan atendiendo a estrictos criterios objetivables, para garantizar el pluralismo cultural, sin otra exclusión que aquellos productos culturales que de manera tasada atentan contra los derechos fundamentales.
