Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero

Mura Arabe (segunda a la derecha) y su familia en Afar, Etiopía. El padre de Mura apoya el abandono de la mutilación genital femenina y ha protegido a sus hijas de esta práctica.

Acabar con la mutilación genital femenina para 2030

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.

Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.

Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera negativa y desproporcionada a las niñas y las mujeres, lo que ha dado lugar a una pandemia en la sombra que entorpece la consecución de la meta 5.3 del ODS sobre la eliminación de todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina. El Fondo de Población estima que debido a las interrupciones en los programas de prevención relacionadas con la pandemia podrían derivar a lo largo del próximo decenio en 2 millones de casos de mutilación genital femenina que, de otro modo, se podrían haber evitado. En respuesta a esta nueva situación,las Naciones Unidas, a través de su programa conjunto UNFPA-UNICEF, han ido adaptando las intervenciones para garantizar la integración de la mutilación genital femenina en la respuesta humanitaria, así como la ayuda posterior a las crisis.

Para promover su erradicación es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación.