29 septiembre. Jornada mundial del Migrante y Refugiado. El derecho a no emigrar
EL DERECHO A NO EMIGRAR
Pocos meses después de la elección de Giorgia Meloni como Primera Ministra de Italia, Antonio Spadaro, un jesuita que goza de la máxima consideración de Francisco, convocó un diálogo abierto con el Vaticano, representado por Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, sobre la cuestión de las migraciones, que iba a ser la piedra de choque de la legislatura. La conversación no defraudó, y mostró la enorme brecha que hay entre la visión política funcional y la visión ética humanitaria.
Se enfrentaba una política enfocada a restringir la entrada de inmigrantes con una ética orientada a acoger a los migrantes con justicia, amabilidad y hospitalidad; una visión de la persona inmigrante como una amenaza a la seguridad e identidad nacional con otra mirada que los considera seres humanos que huyen de la guerra, la pobreza y la injusticia. Se enfrentaban quienes están interesados en el control fronterizo, con los que promueven la integración y la inclusión de los migrantes en las sociedades receptoras. Unos consideran que destruyen el estado de bienestar y otros creen que aportan y enriquecen la cultura y la economía de los países que los acogen. Mientras Giorgia sospecha sobre el papel de las ONGs que rescatan a los náufragos, Pietro, por el contrario, les agradece que salven del naufragio al mayor número posible de personas.
La conversación trascurría por sendas diplomáticas, hasta llegado un momento que Giorgia se sintió profundamente inspirada por el espíritu humanitario. Y le espetó al Secretario de Estado del Vaticano: “Prefiero, dijo Meloni, ayudar a sus países de origen que gastar dinero con ellos”. El público, en su mayor parte funcionarios y diplomáticos, arrancó en aplausos. Eran los primeros vítores en un encuentro sumamente cortés y prudente. Entendí que el punto de encuentro entre las dos visiones era la promoción del desarrollo humano en los países de origen, el Derecho a no emigrar. Y afirmó convencida que el dinero del Estado debía ir a la cooperación al desarrollo. Cuando se alaba la forma italiana de gestionar la inmigración, se alaba aquello que constituye su vergüenza- la externalización en campos de emigrantes y refugiados- y se oculta aquello que constituye su grandeza, el compromiso con el desarrollo y cooperación con los países de origen de las migraciones.
La ética humanitaria y la política funcionalista pueden encontrarse en el derecho a no emigrar que crea las condiciones dignas para permanecer en la propia tierra. Lo que implicaría activar una triple vía: en primer lugar, trabajar para erradicar las causas estructurales que generan la migración forzada, como la pobreza, la desigualdad, los conflictos armados y la degradación ambiental; instar a las naciones más ricas a compartir sus recursos con los países más pobres, para promover el desarrollo integral y reducir la necesidad de que las personas se vean obligadas a migrar. España y otros países europeos dejaron de ser migrantes cuando recibieron el Plan Marshall para reconstruir las infraestructuras y facilitar unos servicios públicos para los ciudadanos. Reduciría la presión migratoria la implementación de un salario básico universal por el cual todo ser humano tiene garantizado unos bienes de justicia, lo cual es políticamente posible, éticamente necesario y económicamente viable. Bastaría con la riqueza de cinco bimillonarios para garantizar un salario básico universal.
La cooperación para el desarrollo es una herramienta clave para que el derecho a no emigrar sea efectivo, ya que establece relaciones entre naciones y pueblos en términos de justicia, igualdad y ayuda mutua, alejándose de intereses individualistas o puramente económicos. El buen propósito que mostró Georgia a los pocos días de su elección se ha desvanecido al confundir la cooperación al desarrollo con los acuerdos, para frenar la migración desde el origen, detener a las personas migrantes antes de que lleguen a Europa y devolverlos a sus países de origen o de tránsito. La cooperación al desarrollo se pervierte cuando se convierte en control y pierde su arraigo comunitario. Preguntémonos qué sucedería si los presupuestos dedicados a mantener campos de refugiados, centro de internamiento, armadas en las fronteras, vigilancia en el mar fueran a promover el desarrollo sostenible en los países de origen. Qué sería de los países migratorios si los “Nortes” y los “Estes” dejaran de expoliar los recursos del Sur. Cómo imaginar la conversión de las armas en arados La cooperación para el desarrollo está basada en el reconocimiento de que todas somos parte de una misma familia humana, da prioridad a las más pobres y vulnerables, afectadas por las crisis económicas, conflictos armados y desastres naturales.
Y en tercer lugar, la efectividad y viabilidad del derecho a no emigrar dependerá, en gran medida, del poder social e influencia de las personas que ya han migrado y vivieron la negación de la dignidad en sus países de origen al no tener los medios para elegir la vida que desean; y en los países de acogida al no reconocerles los derechos de ciudadanía y ser considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Decía el historiador Josep Fontana en “Europa ante el espejo” que “una de las pocas lecciones de la historia que parecen tener validez universal es que ninguna muralla protege permanentemente a una colectividad de invasores que la amenazan, si no consigue establecer alguna forma de pacto con ellos”. Frente a la hostilidad ambiental contra la inmigración, propiciada por determinadas fuerzas políticas, sociales y culturales, apremia la autoorganización de las personas migrantes y el fortalecimiento del derecho no emigrar como expresión real de defender «la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión». Sólo, de este modo, lograremos que emigrar será una decisión libre y un derecho humano.
Ximo García Roca
