Durante buena parte del verano, el ayuntamiento de Milán ha establecido importantes restricciones en una de las principales zonas de la ciudad destinada al ocio nocturno: la Darsena, dentro del Barrio dei Navigli. Del 14 de julio al 12 de agosto se prohíbe llevar botellas de plástico, latas e incluso los palos de selfie en dicha área. Las autoridades que promueven la medida aseguran que la intención no es la de castigar a nadie, sino la de modificar las costumbres de quienes acuden, turistas, principalmente. Con todo, la norma, que en principio debería de ser temporal, amenaza con convertirse en permanente.
El caso de Milán es el último ejemplo de una serie de bandos municipales que han ido apareciendo en los últimos meses en otras urbes y que intentan proteger el patrimonio italiano de las consecuencias del turismo de masas. Desde abril de este año, el alcalde de Florencia, Dario Nardella, comenzó a limpiar con agua las escaleras de sus iglesias históricas en las horas anteriores a las comidas para que los visitantes dejaran de consumir alimentos sentados en ellas: “No son restaurantes, son lugares religiosos y culturales que se han de honrar y amar”, declaraba el político a ‘Il Post’.
“La belleza romana tiene que ser respetada por todo el mundo” proclamaba asimismo la regidora de la ciudad eterna, Virginia Raggi, cuando el pasado mes de junio presentaba las últimas medidas para proteger las fuentes de Roma, en las que se endurecían las sanciones por verter líquidos, lanzar objetos (solo se permiten las tradicionales monedas) o ingerir comida y bebida en las zonas aledañas.
¿En contra o en defensa del turista?
Sin embargo, la disyuntiva en la que se encuentra un país como Italia es, cuando menos, complicada. 57 millones de turistas extranjeros anuales la convierten en la quinta nación más visitada del mundo. El sector representa el 10% del PIB del país y se calcula que unos 2’5 millones de trabajadores dependen de él (un 11% del total de la población ocupada). No obstante, la actividad que funciona como uno de sus principales motores económicos pone cada vez más en riesgo la integridad de las urbes que tanto atraen a los visitantes.
Incluso los turistas odian a veces a los propios turistas. Por dicho motivo, tales medidas no suelen verse con malos ojos, sobre todo cuando se venden como una propuesta para proteger la integridad de las ciudades. No obstante, en muchas de estas leyes, promulgadas tanto a escala nacional como local, se refleja con claridad la contradicción referida, sin quedar demasiado claro si se quiere ver realmente en el turista al verdadero culpable de la degradación. El ejemplo que mejor refleja este caso es el decreto presentado el pasado mes de abril por el Ministerio del Interior, conocido popularmente como el “Daspo urbano” que permite a las fuerzas del orden restringir el acceso en ciertas zonas urbanas a individuos considerados como una posible amenaza para el orden público por su comportamiento indecoroso, sin necesidad de que haya, ni siquiera, una evidencia de delito.
Intelectuales como el escritor Roberto Saviano no tardaron en alzar la voz: “Estamos asistiendo a la criminalización de una persona cuando por hambre revuelve entre los cubos de la basura para recoger lo que otros tiran. Podrá ser alejado de una zona quien no viste, según el juicio del alcalde o de la policía, de forma decorosa. ¿Las crestas punk son decorosas o indecorosas? ¿Sobre qué se fundamentará lo moral en la manera de comportarse?”, escribía el autor de ‘Gomorra’ en un artículo de opinión de ‘La Repubblica’.
El Doctor Ugo Rossi, geógrafo de la Universidad de Turín, destaca cómo los centros de las ciudades se han convertido en lugares para el consumo más que para la residencia, y en cómo el fenómeno está llevando a una serie de terrores ciudadanos que conducen a estas contradicciones: “Ejemplos como el ‘Daspo Urbano’, tienen que ver por un lado con el miedo ante la seguridad y, por el otro, con los temores por la perdida de autenticidad”.
La controversia en España
¿Se puede trasladar la misma la misma controversia al caso español? Una polémica parecida se vivió hace unos años ante la manera de afrontar el problema de la mendicidad por la entonces candidata a la alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre cuando declaraba que no quería que la ciudad “se convierta en dormitorios con colchones, la mesilla de noche y la maleta” poniendo en riesgo al sector turístico.
Oponiéndose a este tipo de tesis, diferentes colectivos ciudadanos achacan la degradación de urbes como Barcelona o Madrid al fenómeno de la gentrificación. En los últimos meses organizaciones como ‘Lavapies, ¿dónde vas?’ han organizado manifestaciones con sugerentes nombres como “el destierro de la vecina” o “la manifestación por los derechos de los turistas” para protestar, según figura en su página web, contra aquellos que prefieren los barrios para ser vistos y no vividos, así como a los turistas frente a la población autóctona.
Barrios de la Capital como Chueca, Justicia o Las Letras han visto cómo los precios de los alquileres se han disparado por la reconversión de pisos tradicionales en apartamentos turísticos. Al mismo tiempo, muchos los servicios fundamentales destinados a la población han disminuido en favor de otro tipo de establecimientos. Según la página ‘Inside Airbnb’ que estudia la actividad de esta popular plataforma, se estima que existe ya una oferta de unas 13.000 viviendas destinadas a este fin en Madrid y unas 17.000 en Barcelona.
Sendas maneras de concebir el fenómeno de la degradación urbana tuvieron un ejemplo destacado de confrontación en la disputa vivida hace unos meses entre José Manuel Calvo, concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, y Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, durante la celebración del II Congreso de la Abogacía Madrileña. En dicha reunión, ambos cargos enfrentaron sus posturas a raíz del cese de la actividad de 40 pisos turísticos del edificio situado en la calle del Príncipe, 15, ante las denuncias de siete vecinos del inmueble, al tiempo que expresaban sus posturas sobre este asunto: favorable a planificar y regular el fenómeno en el caso de Calvo, frente a la opinión de Chaguaceda más partidaria de respetar la actividad derivada de la propiedad privada.
Gonzalo de Diego Ramos
Artículo publicado en El Confidencial
