La coordinación sociosanitaria, esa asignatura pendiente

Desde hace 30 años, profesionales de los sectores sanitario y social y numerosos colectivos ciudadanos, venimos reclamando la necesidad de una coordinación sociosanitaria. Sabemos que hay problemas de salud que comparten causas sociales y sanitarias, la mayoría de las veces imposibles de deslindar y que requieren un abordaje integral e integrado para su resolución. La diferencia de presupuesto entre Sanidad y Servicios Sociales, la diferencia de cultura profesional de ambos sectores e incluso la diferente consideración social, han sido barreras que han perjudicado de manera notable ese abordaje integral de las personas con problemas sociales y de salud. La pandemia de la COVID y su terrible impacto sobre las residencias de mayores, ha puesto dramáticamente en evidencia la brecha entre los dos sistemas.

Cuando las residencias eran alojamientos de personas autónomas, se instauró normativamente la presencia de personal sanitario. Era como una concesión para hacer más atractivo este recurso habitacional en una sociedad que empezaba a cambiar su modelo familiar intergeneracional hacia un modelo nuclear, cuando no monoparental. Las residencias así se fueron transformando de hogares en centros sociosanitarios con un perfil de usuario que combina problemas crónicos de salud y dependencia y es subsidiario de un importante nivel de cuidados. Esta situación ha ido consolidando en las residencias un modelo sanitario de bajo coste, con alta rotación del personal sanitario, peor retribuido, con menor acceso a la formación del sistema de salud y con una injusta, pero tangible, menor consideración social. En muchas ocasiones y a pesar de que las personas residentes tienen los mismos derechos sanitarios que el resto de la población, reciben una atención más precaria, no obstante, el encomiable esfuerzo del personal sanitario residencial, principalmente porque los profesionales del sistema público de salud consideran erróneamente -y la administración no les reconviene- que son pacientes que ya pagan para tener su propio servicio sanitario y por lo tanto no tienen obligación de atenderlos. Incluso tras el fallecimiento en una residencia, los médicos de cabecera son reticentes a firmar los certificados de defunción alegando, con cierta razón, que no conocen al paciente porque en realidad no le han atendido.

Esta situación de inequidad manifiesta en el disfrute de derechos, tiene que terminar ya. Desde mi punto de vista la prestación sanitaria debería ser única y ejercida por el sistema sanitario público, lo que implicaría la integración del personal sanitario de las residencias y centros sociosanitarios en Sanidad, en concreto a los Centros de Salud de los que dependen, equiparando progresivamente a sus profesionales en sueldos, condiciones laborales, procesos de formación… Y beneficiándose las personas que allí viven, de los mismos recursos sanitarios de los que viven en casa: Unidades de Hospital a Domicilio, derivación a especialistas hospitalarios, urgencias… Desde el ámbito sanitario también hay quejas hacia el sistema social, como cuando se tienen pacientes ingresados en hospitales con el alta médica, pero que con un problema social grave (dependencia, falta de apoyo social o económico, vivienda inadecuada) deben permanecer ocupando una cama hospitalaria (con el alto coste que tienen y su pertinaz escasez) porque el sector social no contempla esta situación como una urgencia social.

Todo este proceso, en el que personalmente he participado junto a otros compañeros de las dos Consellerias, nos ha costado años para convencer a los responsables políticos y a los profesionales asistenciales de ambos sectores. Además de vencer reticencias entre el sistema público sanitario y el social mayoritariamente privado y por supuesto todo tipo de trabas burocráticas que fragmentan en parcelas de distintos «propietarios» lo que debería ser un continuo: la atención integral a la persona con problemas de salud y dependencia.

Hasta alcanzar la plena integración de la atención sociosanitaria, queda mucho por hacer: la historia clínica sociosanitaria; la equiparación formativa, laboral y retributiva de los profesionales; el despliegue de circuitos asistenciales para ubicar a las personas con problemas de salud y sociales en el mejor lugar terapéutico y de cuidados.

No puedo evitar, con cada cambio de gobierno, tener una sensación de «dejà vu» y una suerte de «adanismo» en los que acceden a la responsabilidad de gobierno, como si esto no estuviese reflexionado y escrito en decenas de documentos. Quiero recordar aquí el Programa PALET (Paciente Anciano, paciente crónico de Larga Evolución y paciente en situación Terminal), del que fui coautor junto a otros compañeros y que motivó una Orden de la Conselleria de Sanitat, publicada en el DOGV, en abril de 1994, que fue el primer documento en la Comunidad Valenciana que hablo de la coordinación sociosanitaria. Hace unos meses se ha creado la Oficina de Atención Sociosanitaria en la Conselleria de Sanitat dependiente del Conseller de Sanitat y al frente de la cual han nombrado a Manuel Escolano. Me congratulo por ello. En el ámbito social hay una Secretaría Autonómica y una Dirección General del Sistema Sociosanitario de la que es responsable José Vicente Anaya. Es un buen inicio, responsables que crean en la necesidad de coordinación, pero no es suficiente.

Es imprescindible una voluntad política firme para avanzar en la coordinación sociosanitaria, cambiar la visión departamental y profesional corporativas (mi Conselleria, mi presupuesto, mi parcela) por una visión de servicio público integral. El centro es la persona y sus necesidades sanitarias y sociales. Es la administración (gestores, profesionales) y las empresas prestadoras de servicios, las que deben adaptarse al ciudadano y no al revés.

Eduardo Zafra
Publicado en Levante.emv