El laberinto de las compensaciones.

Parece lógico que en política, cuando alguien se entrega en cuerpo y alma a la función
pública y para ello abandona su profesión o su puesto de trabajo, en el momento que
cesa su actividad de servicio hacia los demás, tenga una cierta compensación hasta
que consiga realojarse en su vida laboral anterior. Una compensación que está en
función de su nivel de responsabilidad.

Es cuando nace el estatuto del expresidente con el reconocimiento de la labor
cumplida. Lo contrario sería injusto.

Ahora bien, siguiendo ese mismo hilo argumental, parece evidente que quien ha
ejercido el poder de manera torticera, buscando el beneficio personal o no cumpliendo
con sus obligaciones, no merece compensación alguna, al contrario, es merecedor de
la reprobación colectiva por lo que supone el abuso y la traición a la confianza
entregada a través de las urnas. Eso es un delito, lo deciden los jueces, y debería
desactivar de inmediato cualquier compensación.

Si se entró en política para hacer juegos malabares de todo tipo, sin asumir sus tareas,
no hay razón ni motivo para el agradecimiento. Si hay condena, cualquier privilegio es
inmerecido y la condición de “molt honorable” carece de sentido y se convierte en un
chiste de mal gusto.

Tal vez el legislador, idealista, no contempló el caso de un presidente corrupto o
incompetente, pero los tribunales nos confirman que los hay, y debemos adaptar la
normativa a un presente triste de honorabilidades dudosas.

Y eso debería alcanzar también al concepto de inmunidad. De existir, solo debería
referirse a la estricta actividad política, por eso existe el suplicatorio para que el
parlamento decida. La inviolabilidad extensiva a todas las acciones del rey no deja de
ser una anomalía, o una interpretación anómala, según se mire, y también debería ser
corregida. Lo digo por aquello de que somos iguales ante la ley y todo eso.

Que personajes como expresidentes del gobierno valenciano, con sus condenas a
cuestas (esas que evidencian su deslealtad al pueblo soberano) disfruten de privilegios
y honores por su trabajo mal hecho, es una caricatura legal que está pidiendo a gritos
una rectificación.

Si ahora un presidente cuestionado en todos los ámbitos está inventando coartadas y
trucos para garantizarse sueldos y prebendas, la propia ley, si quiere que confiemos en
ella, debería cerrar cualquier atajo. Lo contrario es olvidarnos del origen de la norma, y
perdernos en un laberinto de compensaciones que oculta cualquier responsabilidad. Es
cuando se evidencia que si no confiamos en la ley, la ley pierde todo su sentido y la
democracia se resiente.

Con trampas y triquiñuelas, la vida colectiva es incomprensible.

Rafa Rivera