Pasados ya unos cuantos días desde el 20D, seguimos escuchando a los portavoces de los partidos con aspiraciones a constituir un nuevo gobierno o asumir un protagonismo relevante en el proceso, hablar de líneas rojas, insoslayables, que impiden todo, que distancian a unos de otros, sin que la discusión parezca tener fin. El enrocamiento de casi todos en sus respectivas posiciones, más algún que otro cuestionamiento de liderazgo, aleja siempre más del horizonte la posibilidad del encuentro. La línea roja de la unidad nacional, del derecho de autodeterminación, del problema territorial, en definitiva, inunda todos los debates y tertulias, constituyéndose en el criterio determinante de lo que se ha venido a denominar “pactómetro”.

Llama la atención, sin embargo, que, salvo en contadas ocasiones, hayan desaparecido del debate político las referencias a los problemas que acucian a los ciudadanos del Estado que pretenden gobernar. Se echa a faltar que se tracen líneas rojas sobre el modo en el que resolver la fractura introducida por las políticas socioeconómicas, que han dejado a su paso una sociedad más desigual, más segmentada, más pobre, más injusta.

Es preocupante que no se tracen líneas rojas sobre las cuestiones que día a día afectan a los ciudadanos y a las cuestiones a las que, gobierne quien gobierne, se tendrán que hacer frente en la próxima legislatura, si de verdad lo que se pretende es el anunciado cambio de dirección en las políticas, para configurar una sociedad más inclusiva y cohesionada. Puede resultar difícilmente comprensible para las personas que integran ahora las capas más vulnerables de la sociedad observar que la centralidad de los acuerdos políticos no la ocupen las cuestiones sociales y que las respuestas programáticas para responder a estas no constituyan las verdaderas e infranqueables líneas rojas.

El hecho de que España goce del dudoso honor de ocupar las posiciones más altas en el ranking europeo del desempleo, del desempleo juvenil, de los salarios mínimos insuficientes o de la pobreza, exige una respuesta urgente. No se puede exigir mayor paciencia y comprensión a los que por las dinámicas perversas de las políticas económicas y financieras engrosan las filas de la vulnerabilidad laboral y social.

Quizás convenga recordar de lo que estamos hablando. La tasa global del desempleose sitúa en el 2014, en torno al 24,5%. El paro juvenil sigue siendo el más elevado de la UE (51,8 % en el cuarto semestre de 2014), particularmente en el grupo de edades comprendidas entre 20 y 24 años (48,9 %). La duración de la crisis ha afectado especialmente a la tasa de desempleo de larga duración, que se sitúa en el 12,9 % de la población activa; más de la mitad de los parados no han tenido ningún trabajo durante más de un año. Los parados de muy larga duración (dos años o más) son unos 2,4 millones, y representan más del 35 % del número total de desempleados. Las bajas tasas de obtención de empleo y la obsolescencia de la cualificaciones pueden contribuir a explicar la duración del paro, particularmente entre los desempleados de más edad (más de 50 años), cuya parte del desempleo de larga duración ya es quince puntos porcentuales superior a la tasa global, y sigue aumentando rápidamente (Informe de la Comisión Europea sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos).

En España, la subida del desempleo de larga duración ha tenido una incidencia directa en la pobreza o la exclusión social, particularmente como consecuencia del creciente número de parados que agotan sus derechos a prestaciones. De hecho, el desempleo de larga duración parece ser, junto con la renta per cápita, el factor más importante de privaciones materiales graves y estar imbricado con las tasas de riesgo de pobreza.

El porcentaje de personas que viven en hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja ha pasado del 1,8%, en el 2007, al 4 % en el 2014. Estas tendencias llevan aparejadas un incremento de la pobreza entre la población en edad de trabajar, el 22%, en 2014 y de la población en situación de exclusión social, el 25,1% (Datos incluidos en el Informe de la Fundación FOESSA “Hacia un sistema más inclusivo de garantía de rentas en España: diferentes alternativas al desarrollo”, 2015).

El aumento de la pobreza en España se explica por la elevada proporción de hogares con todos los miembros en paro, el alto nivel de paro de larga duración, un escaso impacto de las prestaciones sociales y un alto nivel de pobreza entre los trabajadores. Pobreza entendida como un fenómeno multidimensional, resultado de un modelo económico y social, fruto de procesos complejos relacionados con la insuficiencia y desigualdad económica.

Si, tradicionalmente, la pérdida del empleo o las dificultades para el acceso al mismo se ha interpretado como elemento desencadenante de procesos de exclusión social y, sensu contrario, disponer de un empleo se identificaba como garantía de la inserción social y de un nivel de ingresos suficiente para conducir una vida en condiciones mínimas de dignidad, en la actualidad, disponer de un empleo ya no implica necesariamente acceder a una vida decente. La tendencia a la baja de las condiciones salariales y el aumento del empleo temporal y a tiempo parcial revierten en el incremento de la pobreza también entre los trabajadores.

Nuestro actual modelo de relaciones laborales profundiza en la dualidad de los empleos. El deterioro en las condiciones de trabajo, la prolongación de las jornadas de trabajo y la insuficiencia retributiva para conducir una vida digna, han potenciado la aparición de una nueva clase de pobres: la de los trabajadores pobres. Esta devaluación de las condiciones laborales permite identificar en España a un14,2% de trabajadores que viven en situación de pobreza (Fuente: FOESSA), un porcentaje que sólo superan Grecia y Rumanía.

Desde organismos internacionales, como el Comité Europeo de Derechos Sociales, en relación al derecho a una remuneración decente, se concluye la insuficiencia, en España, del salario mínimo interprofesional, incapaz de garantizar un nivel de vida digno, por debajo del umbral mínimo, fijado en el 50% del salario medio neto del 2014 sobre el cumplimiento por España del grupo de artículos sobre derechos laborales de la CSE (arts. 2,4,5 y 6 y 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988).

La aprobación por el Gobierno en funciones de la subida del 1% del salario mínimo interprofesional para 2016, situándolo en los 655,20 euros, por debajo del incremento salarial pactado por la patronal y los sindicatos, el 1,5% y del IPC del 1,2%, previsto para el 2016, queda lejos todavía de poder proporcionar a los trabajadores los recursos económicos suficientes que les permitan alcanzar un nivel de vida digno.

En este escenario, las políticas activas destinadas a la generación de empleo, aún siendo necesarias y pudiendo conllevar una disminución del paro, por sí solas no son eficaces para revertir el crecimiento de la pobreza. Se requiere la creación de empleo de calidad para lograr una recuperación sostenible que no sólo sirva para combatir el paro sino para reducir y desterrar la pobreza.

Este último es el enfoque adoptado en la Estrategia Europa 2020, que se propone como uno de sus cinco grandes objetivos luchar contra la pobreza y la exclusión social, reduciendo en 20 millones, como mínimo, el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social (Objetivo 5). En el marco de la prioridad de obtener un crecimiento integrador que potencie el fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial.

La Estrategia 2020 introduce un nuevo indicador destinado a establecer la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, también conocido por sus siglas inglesas, AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que permite comprender de manera más completa y precisa la dimensión económica de la pobreza y de la exclusión social.

El indicador AROPE identifica tres variables:

1. La renta. Se consideran en riesgo de pobreza a las personas que vivan en hogares con una renta inferior al 60% de la renta media equivalente.

2. La privación material severa. Hace referencia a las consecuencias de la carencia de renta suficiente sobre la vida de las personas. Bajo esta variable se agrupan los hogares con carencia de, al menos, cuatro de los nueve ítems identificados a nivel europeo: no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; tener retrasos en el pago de hipoteca, alquiler, recibos de la vivienda o en compras a plazos en los últimos doce meses; no poder permitirse disponer de un automóvil; no poder permitirse disponer de teléfono; no poder permitirse un televisor en color; no poder permitirse disponer de una lavadora.

3. La intensidad del trabajo. Este factor identifica a hogares en los que sus miembros carecen de empleo o tienen baja intensidad de empleo. Se trata de hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior (período de referencia de ingresos).

Según estos factores se considerarán personas en situación o riesgo de pobreza o de exclusión social las personas que vivan con bajos ingresos o/y las que sufran de privación material severa o/y las que tengan una intensidad muy baja de empleo.

Cualquier política dirigida a la reducción de la pobreza debe contemplar las dimensiones estructurales de la pobreza que tienen que ver, entre otros aspectos, con el acceso desigual a los bienes y al conocimiento, que impide a los excluidos competir en el mercado laboral, y la participación desigual en el mercado, que obliga a los excluidos a situarse en los extremos más bajos de las cadenas de producción y comercialización, lo que los deja con pocas posibilidades de aprovechar las oportunidades de la economía de mercado, añadiendo valor a su trabajo.

La revitalización y crecimiento de la economía no pueden activarse ahondando en la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, pues conlleva el deterioro de la cohesión social y la fractura de la sociedad, tal vez irrecuperable. Crecimiento de la economía, sí, pero un crecimiento integrador que redunde en la cohesión económica y social. Recuperando la dialéctica de los últimos tiempos, esta debería ser la línea roja, la que decidiera el “pactómetro” y la posibilidad de cerrar o no acuerdos de gobernabilidad.

En un espacio todavía abierto de negociación, tan sólo resta apelar a la conciencia y sentido de la responsabilidad de nuestros representantes electos y, en su defecto, recurrir a los mitos de la infancia y confiar en que la noche del 5, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente insuflen en sus conciencias y en su memoria las razones por las que han sido elegidos.

Belén Cardona.
Artículo publicado en «Al revés y al derecho».