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La fiebre del rosado

Esta es la historia de una orgía de estupendos negocios bajo el sol mediterráneo. En Provenza, 2022 fue un año récord en transacciones de fincas vitícolas. Bajo la atónita mirada de los viticultores locales, que nunca se habían atrevido a soñar nada parecido, gente de postín se precipita sobre las bastidas y sus viñedos: la pareja Sarkozy-Bruni, la flor y nata de Hollywood (Brad Pitt, Georges Clooney, Georges Lucas), gestores de fondos privados desconocidos para el gran público y una miríada de pequeños empresarios, más o menos jubilados, ávidos de patrimonio desgravable, con el vino rosado y el sol como aliciente. Ya que, como resume una jubilosa propietaria de un château al pie de la montaña Sainte-Victoire: “Si Bernard Arnault, que es un visionario, decide invertir aquí, es porque debe merecer la pena”.

En efecto, entre 2019 y 2022, la llegada de LVMH [dirigida por Arnault] al valle de Esclans (45 km al norte de Saint-Tropez) marcó el punto culminante de esta fiebre del oro rosa iniciada unos diez años atrás. En menos de cinco años, confinamiento incluido, el gigante mundial del lujo, el champán y el coñac ha adquirido cinco fincas, en su totalidad o parcialmente, tres de ellas “selectas” (crus classés), es decir, en torno a cuatrocientas hectáreas, y las mayores “marcas” de rosado de Provenza.

Oficialmente, todo el mundo está contento. Es la prueba, obtenida con esfuerzo, de que el rosado ocupa un lugar entre los grandes vinos. Como resultado, los precios de la uva y de la propiedad vitícola en los sectores más codiciados se han duplicado. Y los cooperativistas, que se han convertido en proveedores de uva para LVMH y otras empresas, se han beneficiado de ello.

“Están contentos, se han comprado todos una enorme camioneta de lujo”, comenta burlón Fabrice Raymond (Terres d’Esclans), miembro de la Confederación Campesina. En agosto de 2022, el sindicato organizó “vendimias salvajes” en una parcela del château de Esclans, propiedad de LVMH, en protesta por el acaparamiento de viñedos. Su terreno se encuentra, por así decir, “encajonado” entre dos de las propiedades de Arnault. “Antes éramos cinco o seis fincas en el valle de Esclans. Buenas y no tan buenas, pero da igual, había vida. Ahora tenemos robots en los viñedos… Y eso por no hablar del tipo de viticultura que se practica. Cuanto más compran, más pobres se vuelven intelectualmente quienes son comprados”.

“Sabemos muy bien qué está pasando”, analiza Gwennaëlle Le Bars, una joven viticultora provenzal que representa a la Confederación Campesina en la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER), un organismo semipúblico responsable de preservar las tierras agrícolas (1): “LVMH y sus adláteres compran la uva más cara. Todo el mundo les vende, incluidos los abastecedores históricos de las cooperativas, ahora en dificultades. Y el día en que los precios caigan será demasiado tarde. Todo el mundo ha olvidado que las cooperativas nacieron precisamente para contrarrestar el poder de estos grandes compradores”, lamenta.

A la espera del estallido de esa burbuja, que algunos ya predicen, las preocupaciones se centran más en el impacto del aumento de los precios del suelo. “Si quiero legar algo a mis hijos, no tengo con qué pagar el impuesto de sucesiones, no con botellas a ocho euros”, explica Fabrice Raymond. “Los viticultores no se percatan de que están diluyendo su capital al vender su uva a estos tipos… Se darán cuenta en el momento de la transmisión”. Quizás, pero como señala un conocedor de esa clase de transacciones, “cuando ante el notario los hijos se dan cuenta de que la finca ha pasado de cuatro a diez millones de euros, todos firman rápidamente la venta”.

El “boom” de los viñedos provenzales comenzó hace unos diez años, pero es el resultado de un proceso más antiguo de financierización. Si consideramos que un viticultor cultiva él mismo sus viñas (como propietario o arrendatario) y posee una parte o la totalidad del capital de su explotación, podemos decir que las viñas están alejándose gradualmente de los viticultores.

El informe de 2022 de SAFER lo dice alto y claro: “El mercado lo impulsan personas jurídicas”. Así, las empresas han adquirido el 40% de la superficie de viñedo vendida en 2022. El 7,1% de las tierras agrícolas francesas pertenecen a inversores que no trabajan en la agricultura, pero esta cifra sería mucho mayor en la viticultura, donde “la desconexión entre la tenencia del capital inmueble, el capital de explotación y el ejercicio de la profesión es una realidad desde hace muchos años”, explican los sociólogos Bertrand Hervieu y François Purseigle (2). Menos de la mitad de las transacciones las llevan a cabo verdaderos profesionales del vino, según la agencia Vinea Transaction. Se trata principalmente de gigantes comerciales, como Castel o Gérard Bertrand, que buscan asegurarse el suministro de uva y mosto, dotarse de legitimidad o instalar estructuras enoturísticas. Los “jóvenes viticultores” solo efectuaron el 3% de las transacciones de 2022. Entre los “no profesionales del vino” que compran fincas vitícolas (71% del mercado), encontramos mayoritariamente inversores europeos (28%) –los extranjeros poseen el 2% de los viñedos franceses–, seguidos de los “neo­viticultores” en reconversión (21%) y los “falsos jubilados de los negocios” (20%) ávidos de optimización fiscal.

Por supuesto, estas cifras no especifican la multitud de acuerdos legales posibles, con o sin la casa, el nombre del viticultor, la finca, las viñas o el material, etc. Las fincas de suelo rústico también pueden reunir a varios propietarios bajo una única entidad. Y, sobre todo, las empresas agrícolas también se venden en acciones, un mercado de 200.000 hectáreas anuales que escapa en gran medida a la regulación de SAFER: la llamada ley “Sempastous”, que instaura desde 2021 un control administrativo de las ventas, apenas logra frenar el fenómeno.

Más allá del símbolo, la metamorfosis del sector repercute en la profesión de viticultor. “Es una verdadera hemorragia del mundo campesino”, dice alarmado Raymond. Porque no solo quien “se sube al tractor” ya no es el propietario, sino que cada vez más es un asalariado, a veces incluso un empleado de una empresa de servicios agrícolas. La agricultura –y en particular la viticultura– se está convirtiendo en el paraíso de la subcontratación; esta se duplicó entre 2002 y 2016, con un mercado estimado en cuatro mil millones de euros en 2020.

Cerca del 5% de los cultivos vitícolas franceses recurren incluso a la delegación total en un técnico agrícola, en lugar de al arrendamiento (3). “Empresas como LVMH ni siquiera quieren empleados, contratan todos los servicios –observa Le Bars–. Cuentan con un enólogo y un asesor agrónomo que elabora el plan de cultivo y con uno o dos tractoristas al año; empresas externas hacen todo el trabajo a mano”. Otra opción: la integración. “Por ejemplo, uno de los recién llegados ha dejado la mayor parte de las tierras a un lugareño, a quien comprarán la uva –señala Le Bars–. El trabajador termina integrado en una cadena productiva…, y es él quien asume los riesgos climáticos”. En ambos casos, el proyecto consiste en “administrar el patrimonio” a fin de generar ingresos para los socios, no de remunerar el trabajo de producción. La “terciarización” de la viticultura está en marcha.

“¿Y qué?”, responden varios observadores. Para el economista bordelés Jean-Marie Cardebat, el fenómeno es globalmente beneficioso: “Esos nuevos actores están más estructurados, son más sólidos financieramente y son capaces de generar rentabilidad allí donde el agricultor no sale adelante. ¡Es algo muy sano!”. Cita el ejemplo de la crisis bordelesa, en la que se arrancarán entre el 10% y el 30% de las vides. “Hay 6000 productores, cada uno con una capacidad de acción limitada y ni siquiera con el salario mínimo, pese a trabajar muchísimo. Más vale que sean asalariados de un grupo”, considera. El único riesgo sería la creación de “un monopolio, a base de concentrar, pero todavía estamos lejos de algo así. En lugar de tener 5000 etiquetas de Burdeos diferentes, lo que es demasiado, tendremos 200 en 2035. Y eso será muy bueno”.

Sin embargo, “los fenómenos de concentración se acompañan de una caída del empleo”, ­replica inmediatamente Tanguy Martin, coordinador de Terre de Liens, un movimiento ciudadano que trabaja desde hace veinte años por la protección del suelo agrícola. “Y los empleados no vivirán mejor que el viticultor independiente. Sin duda, una pequeña elite local se convertirá en técnicos agrícolas… Pero el resto es Dickens”.

Según las estadísticas de Agreste 2020, el 80% de los empleados agrícolas se hallan en situación precaria (contratos temporales, temporeros, aprendices), con una sobrerrepre­sentación de mujeres. La proporción de trabajadores que van a Francia para tareas puntuales, como la poda de la vid, es mayor en la agricultura (70.000 contratos declarados en 2017) que en la construcción. “Y eso sin hablar de la cuestión medioambiental”.

“El campesino vive pobre y muere rico”, dice la sabiduría popular. “Bien por los viticultores que se aprovechan”, suspira un observador provenzal. “En el momento, eso les da empaque, genera la ilusión de que todo el mundo gana. Pero, a este ritmo, dentro de una generación ya no quedará nadie para verlo”.

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(1) Léase Lucile Leclair, “La agroindustria se traga la tierra”Le Monde diplomatique en español, febrero de 2022.

(2) Bertrand Hervieu y François Purseigle, Une agriculture sans agriculteurs, Les Presses de Sciences Po, París, 2022.

(3) Geneviève Nguyen, François Purseigle, Julien Brailly y Bruno Legagneux, “Sous-traitance et délégation du travail: marqueurs des mutations de l’organisation de la production agricole”, Notes et études socioéconomiques, n.º 47, Ministerio [francés] de Agricultura y Alimentación, París, julio de 2020.

Julie Reux
Publicado en Le Monde Diplomatique

 

 

 

 

 

 

 

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