Rechazo multitudinario a la ampliación del puerto de València
La Comissió Ciutat-Port, asegura que esta ampliación supondrá gravísimos problemas medioambientales y no beneficiará a la economía valenciana.
Una manifestación multitudinaria llenó ayer las calles de Valencia. Alrededor de 10.000 personas, miembros de más de 170 organizaciones y vecinos, alzaron sus voces contra la ampliación del puerto, que supone ‘gravísimos problemas de la contaminación del aire y de las aguas’, además de la regresión de las playas del sur que alterarán el ecosistema y la probable salinización de la Albufera que pone en riesgo su futuro. Esta reivindicación se produjo un día antes de que la nueva alcaldesa, María José Català (PP), tome posesión de su cargo, quien ha sido tajante: apoyará la ampliación del puerto de Valencia.
La protesta empezó en el paseo de la Alameda y terminó en la plaza del Ayuntamiento, con la lectura del manifiesto y una noche de música reivindicativa. El punto de inicio, justo al lado del antiguo cauce del río Turia, genera una curiosa analogía. El cauce tal como lo conocemos ahora, se trata de un símbolo de victoria del tejido asociativo valenciano, cuando en 1975 los movimientos vecinales y sociales consiguieron evitar que lo convirtiera en una autopista de seis carriles.
Gracias a esa lucha, hoy día es el pulmón de la ciudad, orgullo de los valencianos, que ha obtenido reconocimiento internacional y ha significado una mejora en la calidad de vida de la población. Con la ampliación del puerto, está en juego el modelo de ciudad que queremos los valencianos, afirman voces de la Comissió Ciutat-Port, quienes recuerdan que “en el pasado otros movimientos pararon la urbanización del Saler, la construcción de la autovía en el antiguo cauce del río Turia o la destrucción del barrio del Cabañal-Canyamelar”.
“Estamos en la misma situación que hemos tenido en el pasado, por eso tenemos claro lo que queremos.”, afirma Jorge Fernández, miembro de la Comissió Ciutat-Port. Fernández se muestra claro: “El puerto no se debe de ampliar”. Propone que la ZAL se convierta en un gran parque verde que, conectado con el río Turia, acabe conectando con el bosque de la Devesa del Saler. “De esa manera seríamos la primera ciudad en calidad ambiental, en salud para los ciudadanos, economía sostenible y en salarios dignos. De eso se trata, no de cómo se hace más rico a quien tiene muchísimo dinero, y que nos acaben subyugando”, sentencia el portavoz.
La ampliación del puerto degeneraría las condiciones ambientales, sería perjudicial para el vecindario e incluso acabaría con puestos de trabajo debido a la automatización, según el sindicato de estibadores. Entonces ¿a quién beneficia llevarla a cabo? “Entendemos que los beneficiarios de la ampliación del puerto son las grandes navieras. En este caso la empresa MSC, más los socios que tiene en la Comunidad Valenciana”, afirma Jorge Fernández.
Uno de los argumentos más repetidos a favor de la ampliación es que será una inyección de dinero y empleo que beneficiará a la economía valenciana. Sin embargo, el portavoz de la Comissió asegura que “no beneficia en absoluto la economía de la Comunidad Valenciana”. “Se quiere tener un almacén logístico donde repartan los contenedores que tienen que distribuir por todo el mediterráneo. ¿Un contenedor que está en tránsito genera economía real? Lo que genera economía real son los de importación y exportación de los productos. Y eso sólo es el 31 % de la actividad del puerto. Todo eso no va a generar la riqueza que nos están planteando, pero sí que nos está generando una cantidad de problemas muy graves”, asevera el portavoz.
Además, asegura que el incremento de la importación y de la exportación, se puede absorber con el puerto que existe. Y que el proyecto, está “hecho adrede y ajustado a las necesidades de MSC”. “Todos los españoles, gastándonos 600 millones de euros les vamos a montar una extraordinaria explanada para desarrollar su negocio”.
Debido a las repercusiones negativas de la ampliación, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV) aceptó el recurso presentado por Acció-Agró en nombre de la Comissió Ciutat-Port. Los miembros se muestran optimistas y afirman que hay muchos errores y desajustes legales en el proyecto que les harán ganar la batalla. Una de las irregularidades que denuncian los colectivos es que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), no tiene en cuenta la situación de emergencia climática actual.
“Este proyecto es un monstruo que se ha convertido en algo que está devorando la ciudad y hay que ponerle freno, porque lo legal, no significa que sea lo mejor para la ciudad”, afirma Fernández. “Si salimos a manifestarnos es porque es algo que afecta a todos los ciudadanos. Hemos conseguido tras cuatro años de intenso trabajo de que la ciudadanía empiece a darse cuenta de qué es lo que hay entremedio”, sentencia.
Joanna Giménez i García
Publicado en El Salto
