Rosell: una historia de victoria al lawfare
¿Qué debe ocurrir tras quedar al descubierto un caso de lawfare como este, un entramado en el que los poderes se entrelazan para derribar y “destruir” a toda costa a un adversario político?
El pasado jueves, el Tribunal supremo ratificaba la condena contra el juez Salvador Alba que fue dictada en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmándose así la conspiración contra Victoria Rosell en lo que puede considerarse como otro episodio de lawfare en España. La trama habría sido protagonizada por el magistrado para que fuese admitida una querella presentada por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo del Partido Popular con el gobierno de Mariano Rajoy —y también vinculado a sociedades offshore por las que apareció en los Papeles de Panamá—. Para que esta fuera admitida por el Supremo, el juez Alba elaboró un informe falso y se reunió con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez para que este declarase en sede judicial contra Rosell. A cambio, Alba se comprometió a archivar los delitos contra la Hacienda Pública por los que el empresario estaba siendo investigado.
Un caso basado en un triple delito —prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial— cuyos hechos se remontan a 2016, después de que Rosell fuera elegida democráticamente como diputada en las elecciones de diciembre de 2015 con Podemos, una fuerza progresista que irrumpía con 69 escaños tumbando el bipartidismo y haciendo temblar los pilares del poder establecido. Cabe destacar que Rosell era la contrincante política de Soria en el territorio canario para hacerse con un escaño en las elecciones generales de 2016, cuando el exministro interpuso la querella que terminaría siendo admitida gracias a las operaciones clandestinas del juez Alba y evitaría la candidatura de la magistrada. Al ser tramitada por el Supremo, la política renunció a la Diputación Permanente del Congreso para respetar el código ético de Podemos y centrarse en demostrar su inocencia. En diciembre de 2016, la causa fue sobreseída al no apreciarse delito.
Pese a que el daño político y personal provocado a Rosell ya estaba hecho, esta se guio por su vocación política y retornó a la formación morada en 2019, volviendo a ejercer como diputada —tras resultar elegida tanto en las elecciones de abril como en las de noviembre— hasta que en 2020 se convirtió en delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sin embargo, la guerra jurídica contra la política requiere de un necesario acto de reparación por parte de la Justicia. Un daño moral irreparable en su totalidad que ha conllevado años de lucha que se hacían evidentes en las palabras de una emocionada Rosell, ofrecidas ayer al servicio público de radiofusión: “Deja negro sobre blanco que hubo un juez corrupto para ayudar a un ministro corrupto. (…) Pude demostrar algo que nadie creía: que era mentira. No le deseo a nadie pasar por esto, pero creo que puedo dedicarle este triunfo a toda la ciudadanía, porque este juez corrupto nunca más le va a hacer esto a nadie más”.
LA REPARACIÓN DESDE LA JUSTICIA
Pero, ¿qué debe ocurrir tras quedar al descubierto un caso de lawfare como este, un entramado en el que el poder judicial —impulsado por el político y culminado por el mediático— se utiliza como arma para derribar y “destruir” a toda costa a un adversario político? ¿Qué debería hacer la Justicia para, efectivamente, hacer justicia? Aunque el daño ya haya sido ocasionado, resulta fundamental que el juez Alba ingrese en prisión para cumplir su condena —ya firme— de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación. Además, el magistrado será expulsado de la carrera judicial y tendrá que devolver lo cobrado durante su suspensión, 1.841 euros al mes desde entonces —lo que, desde que se decretara la suspensión en junio de 2018, supondría un total de más de 50.000 euros—. Además, el juez corrupto tendrá que pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 a Rosell por los daños morales ocasionados por la prevaricación.
COMPLICIDAD DEL PODER MEDIÁTICO
El lawfare no sería realmente efectivo sin la complicidad del poder mediático. En la trama contra Rosell destaca especialmente El Mundo, quien se hizo eco de la causa abierta contra la política progresista dedicándole numerosas portadas en las que se insistía en las informaciones que dañaban su trayectoria. Sin embargo, el periódico dirigido por Francisco Rosell no ha dedicado ni un rincón de sus portadas al ya demostrado montaje judicial. Ni una sola mención a la confirmación de la sentencia contra el juez Alba que contrasta con la enorme difusión que el diario llevó a cabo de las informaciones falsas que perjudicaron a la política de izquierdas.
Un silencio mediático que también se repite en otro digital relacionado a “las cloacas del Estado” —según señaló el propio excomisario Villarejo—: OkDiario. La web de Eduardo Inda ha publicado una extensa lista de noticias contra la integridad de Rosell, pero no se ha hecho eco de la victoria de la magistrada. Cabe destacar, además, que LÚH destapó en el mes de enero cómo Soria habría financiado a OkDiario con dinero público en 2016, cuando le concedió un préstamo estatal de 300.000 euros a la editora a través de la empresa pública ENISA —dependiente en aquel momento del exministro—. Y es que los cómplices mediáticos son necesarios para que el lawfare sea posible, siendo los “montajes judiciales contra los dirigentes políticos de formaciones de la izquierda” una realidad que un Estado democrático no se debe permitir y a los que afortunadamente, como en el caso de Rosell, algunas veces se puede vencer.
Lorena Gómez
Publicado en LUNOTICIAS.ES
