Directores de Servicios Sociales denuncian que España está en estado de emergencia social
La sociedad ha superado la emergencia social y se ha instalado en un escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. Esa es la conclusión principal que se desprende del informe que ha presentado este miércoles la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como referencia para el debate que se abrirá en el Congreso y en el que participarán todos los grupos parlamentarios con el objetivo de hacer una valoración de la sociedad actual española. Los datos que se incluyen en el informe pretenden «dar la réplica» al discurso tradicional del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, según ha explicado el coordinador del texto, Gustavo García.
«El eje central del Debate sobre el Estado de la Nación del Gobierno es la economía, los indicadores económicos. La sociedad no es un daño colateral de la economía«, ha manifestado García. «El informe es una interpretación de datos ya conocidos. La de hace dos años fue que la sociedad se estaba instalando en un modelo que no era coyuntural a causa de la crisis. Dos años después se confirman los datos que avanzamos en su momento».
La asociación ha querido describir en el informe los cuatros rasgos del modelo de sociedad en el que nos encontramos, así como hacer una previsión de sus consecuencias sobre la vida de las personas, destacando el «carácter estructural que ha adquirido la pobreza» y su transmisión intergeneracional, la exclusión social, la precariedad y el incremento de la desigualdad en los últimos años.
Así, García ha destacado que la precariedad, la inestabilidad en el empleo y los bajos salarios provoca que una parte importante de la población viva en permanente riesgo de caer en la pobreza. Una pobreza con carácter estructural y una transmisión intergeneracional que dará lugar a nuevas generaciones que «van a reproducir la pobreza y a las que les costará cada vez más salir de ella». Los datos que recoge el informe son esclarecedores: la renta media se ha reducido un 13 por ciento desde 2009, más de 8 millones de trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza, casi 700.000 hogares en España no tienen ningún ingreso y más de un millón de personas se ven afectadas por el hambre o la mala alimentación en nuestro país. «La precariedad deja sin futuro. Sobrevivir no permite llevar a cabo proyectos de vida», ha manifestado García.
La exclusión social es otro de los rasgos que destaca el informe. Según la Tasa Arope –el indicador que utiliza la Unión Europea para medir la exclusión social– España se sitúa 5,6 puntos porcentuales por encima de la media europea y 400.000 personas han dejado de buscar empleo «porque creen que no lo van a encontrar». Los datos que maneja la asociación dibujan, asimismo, un incremento de las desigualdades: el 1 por ciento de la población española con mayor patrimonio acaparó en 2016 más del 27 por ciento de la riqueza del país.
El informe señala como causas de esta situaciones a la desregulación del mercado laboral, a una fiscalidad «débil y regresiva» y al desmontaje de las políticas sociales. Casi 2 millones de personas llevan en paro más de 2 años, el 15 por ciento de las jornadas laborales son a tiempo parcial y seis millones de personas cobran menos del salario mínimo interprofesional.
Por otro lado, el informe sostiene que los ingresos fiscales en España «son inferiores a los de nuestro entorno. Incluso en los momentos de mayor crecimiento económico las rebajas en los tramos más elevados del IRPF y otros impuestos que gravan las rentas más altas hicieron que la recaudación creciera a menor ritmo que el PIB. Nuestros problemas no son por exceso de gasto sino por unos ingresos fiscales muy reducidos«. Directores y Gerentes indica que en España, el 85 por ciento del esfuerzo fiscal recae sobre las familias, mientras que 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan nada por el impuesto de sociedades.
De otra parte, la asociación también ha señalado que España dedica menos recursos a la protección social que la media de sus socios europeos y ha destacado el caso de los dependientes. El pasado febrero Directores y Gerentes Sociales ya advirtió de que 90 dependientes fallecen cada día en nuestro país mientras esperan recibir la prestación. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, destacó en aquel momento –coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia– que los representantes de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y el PNV, suscribieron un pacto por la reversión, de cara a los PGE, de los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy. Unos recortes, aseguró la asociación, que han supuesto la «derogación encubierta» de la ley.
Asimismo, Directores y Gerentes de Servicios Sociales elevará este miércoles en su reunión con los grupos parlamentarios «medidas de choque» para paliar las señaladas causas, entre las que se encuentran garantizar una renta básica que no esté vinculada a procesos de inclusión, rescatar a parados de larga duración y llegar a un pacto de Estado para atender a los dependientes que se encuentran actualmente en espera. De igual forma, García ha exigido que se derogue la reforma laboral y la redistribución de los impuestos como estrategias para combatir ese estado de emergencia social en el que la asociación asegura que nos encontramos.
Natalia García
Artículo publicado en Infolibre
