En el ámbito local es donde la ciudadanía puede comprender sin martingalas su pago de impuestos. Más o menos así: Yo aporto un X por ciento de lo que gano/gasto –que me cuesta un riñón y un ojo y la vesícula–, y ahí aparece un parque. Yo vuelvo a aportarlo, y se abren cuatro escuelas infantiles. De nuevo, y los centros deportivos municipales son gratis para los críos. Etcétera. Muy esquemáticamente viene a querer decir que en los municipios es donde los ciudadanos pueden comprobar el fruto de pagar impuestos, o sea ver que vale la pena, o sea comprender el funcionamiento de lo público.Paralelamente, aquel ciudadano que comprende de esa forma la fiscalidad, no solo deja de demonizar los impuestos, sino que pasa a demonizar a aquellos que los evaden y también a aquellos que roban de lo público, porque roban de su riñón, su ojo y su vesícula. De ahí la sustancial importancia del ámbito local y de la actuación política a ese nivel. Porque si el ciudadano no ve frutos, no solo trata de no aportar lo suyo sino que deja de castigar al que lo evade o lo roba. Nadie quiere entregar su riñón a cambio de nada.
Hasta aquí, lo fácil.
Ayer, el ministro Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid informándole de que Hacienda pasaba a intervenir las cuentas del Consistorio, algo nunca visto en España.
Se podría explicar el malestar entre los municipios de otra manera, pero sirva el comunicado de apoyo de la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes:
Tras la carta remitida por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid con la intención de intervenir las cuentas municipales, desde la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes queremos expresar nuestro rechazo a esta intervención. Asimismo, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ahora Madrid y todo su equipo, que han demostrado con su gestión que se puede gobernar dando prioridad a los derechos sociales de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras.
El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid no solo ha puesto en el centro de la política económica a las personas, sino que lo ha hecho reduciendo la deuda insostenible e ilegítima que dejaron los gobiernos de Gallardón y Botella.
Los ataques al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Hacienda han sido continuos desde que Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento. El Gobierno de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales al mismo tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda. La gestión de la Concejalía de Economía y Hacienda, con el concejal Carlos Sánchez Mato a la cabeza, ha desarrollado una gestión responsable, a la vez que con un marcado carácter social, de las finanzas de la ciudad. Esto es precisamente lo que el Gobierno del Partido Popular y Montoro no pueden tolerar.
La Red Municipalista, en la que aparecen cargos municipales de distintos partidos, se fundó el pasado mes de marzo para luchar contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también llamada “Ley Montoro”. Representa a más de 600 municipios en toda España.
Esa red de protesta no había recibido una respuesta contundente hasta el momento. Hasta que el ministro Cristóbal Montoro decidió, hace un par de días, intervenir y fiscalizar semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena. El argumento del ministerio para hacerlo es que su plan económico financiero no se atiene a la legalidad y “el incumplimiento sucesivo y acumulativo de la Regla de Gasto”. Cabe preguntarse, entonces, por qué precisamente al Ayuntamiento de Madrid, cuando supera el medio millar los municipios que se encuentran en la misma situación, además de las comunidades autónomas y la propia Administración Central.
Desde el Ayuntamiento madrileño se da la siguiente explicación: “Se trata claramente de una medida de carácter político. Se nos está poniendo palos en las ruedas simplemente porque somos adversarios políticos y aquí no hay otra cuestión. Porque si uno se atiene a la interpretación estricta de la ley, o lo más neutra posible, nuestro plan económico financiero lo acaba respetando. De hecho, en la propia comunicación que nos han enviado, se ve claramente que cuando metemos nuestro plan económico financiero en la aplicación informática del Ministerio, nos da que que cumplimos la regla de gasto. Lo único que ocurre es que ahora ellos han modificado la forma de calcular esa regla de gasto y dicen que tal y como siempre la hemos calculado estaba mal. Pero en realidad, el ministerio nunca –este encontronazo lleva dos años—nos había dicho que nuestro método de calculo era erróneo… nos decía otras cosas, como que a lo mejor teníamos que recortar algo más o ajustar tal o cual partida presupuestaria, pero nunca que nuestra base de cálculo era errónea. Por lo tanto, creemos que no se ajusta a la legalidad y que simplemente es un ataque político”.
De hecho, las cuentas del Consistorio capitalino no pueden jugar más a favor del ciudadano: Desde la llegada del equipo de Manuela Carmena, el Ayuntamiento ha reducido la deuda ciudadana en más de 2.000 millones de euros, lo que supone un 40% de los que se encontraron a su llegada; han multiplicado por dos la inversión en infraestructuras y ha incrementado en un 50% la inversión social.
Sin embargo, la citada Ley Montoro impone a los Ayuntamientos priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. “Lo que ocurre”, explican fuentes del Consistorio madrileño, “es que el Ayuntamiento a lo mejor ingresa un 7% más que el año pasado, pero esta Ley le obliga a que solo incremente el gasto en un 1,5 o 2%. Por lo tanto, incrementas el gasto mucho menos de lo que has incrementado los ingresos y por lo tanto te sobra dinero en la cuenta bancaria”. O sea, que la Administración central reprime las inversiones de los municipios, controla sus gastos y al final quienes se benefician de la maniobra son las cuentas que el Estado presenta ante Bruselas. Miles de millones de euros ahorrados en los últimos dos años por los ayuntamientos han seguido este camino.
Sin embargo, el último paso de Montoro, inédito hasta el momento, interviniendo las cuentas madrileñas inaugura una nueva manera de hacer. O no. O quizás puede ser, como afirman los perjudicados, sólo una medida política destinada a atenazar a la adversaria.
Pero cuando el ciudadano ha aprendido lo que valen su riñón, su ojo y su vesícula, resulta harto difícil jugar con ellos. Ya les puedes citar el artículo 135 de la Constitución, la prioridad del pago de la deuda o la austeridad. Frente a ellos, el parque, las escuelas infantiles y el ejercicio de los críos resultan argumentos incontestables. Sobre todo, cuando aquel que los reclama se coronó con una amnistía fiscal.
Cristina Fallarás
Artículo publicado en LaMarea
