España suspende en Europa en educación cívica
Educación para la Ciudadanía, el efímero proyecto de formación cívica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para primaria y secundaria, aflora de nuevo en el debate social, seis años después de su erradicación en la LOMCE. La razón es doble: los diferentes grupos políticos están enfrascadados en ese gran Pacto para la Educación que nunca llega, motivado ahora por las acusaciones de adoctrinamiento en la enseñanza catalana. El PSOE, más cauto, retoma la idea de «una asignatura que apunte a los valores cívicos, constitucionales y democráticos», según declaró en rueda de prensa la portavoz de Educación de esta formación en el Congreso, María Luz Martínez Seijo.
Por otro, el anuncio del actual Gobierno del PP de llevar (por el momento) a centros privados una asignatura sobre la labor de Las Fuerzas Armadas para, según dijo la propia titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, «contribuir a la vertebración de España desde las aulas», ha levantado ampollas en algunos sectores progresistas, que denuncian que se trata de una medida con el mismo grado de adoctrinamiento que en su día se achacó a Educación para la Ciudadanía.
La realidad es, en definitiva, que seguimos sin una asignatura integrada en nuestro sistema educativo que forme en civismo. Algo que recomendó el Consejo de Europa en 2002, y que ya hacen la mayoría de los países comunitarios. En España, los antagónicos intereses partidistas de cada legislatura son un lastre que impide avanzar en este sentido.
La catedrática Teresa Pérez González, de la Universidad de La Laguna, retrataba hace tres años la situación de nuestro país en la Revista História da Educação: «En el sistema educativo español se ha incluido la formación cívica en distintos momentos respondiendo a los intereses ideológicos del Estado. La asignatura de Educación para la Ciudadanía existe como materia curricular en diversos países. En el año 2004 el Gobierno español respaldó, con el resto de los estados la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la inclusión de sus contenidos en la enseñanza obligatoria. La polémica generada por varios sectores de la población española ha llevado a objetar y judicializar esta materia curricular que fue censurada por adoctrinar al alumnado».
El filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina opina, en consonancia, que «la asignatura de educación cívica que nos venía indicada por la Unión Europea era en realidad una asignatura de ética laica basada en los derechos humanos, y es absolutamente imprescindible que eso se dé en el sistema educativo».
El portazo a Educación para la Ciudadanía, una asignatura que apenas había echado a andar, no se debió a su concepto, con el que todos los actores parecen estar de acuerdo, sino a su contenido. El anterior Gobierno socialista había puesto en entredicho la religión como asignatura obligatoria, y los sectores conservadores, con la Iglesia católica a la cabeza, lo acusaron de sustituirla por otra en la que se inculcaba la equiparación de las familias tradicionales con las formadas por personas del mismo sexo, o el desprecio al libre mercado.
Lo cierto es que esos contenidos solo venían incluidos en algunos libros de texto, y son las escuelas las que deciden en última instancia su material lectivo. De hecho, Educación para la Ciudadanía dejaba un amplio margen a cada centro para que decidiera cómo impartirla: los bloques tenían enunciados tan interpretables como Individuos y Relaciones Interpersonales y Sociales, La Vida en Comunidad, Vivir en Sociedad, Aproximación Respetuosa a la Diversidad, Relaciones Interpersonales y Participación, Deberes y Derechos Ciudadanos, Las Sociedades Democráticas del siglo XXI y Ciudadanía en un Mundo Global. Concordantes, en cualquier caso, con los contenidos básicos que el Consejo de Europa recomendaba incluir en el programa educativo en 2002: «Fundamentos sobre los derechos humanos y educación en valores».
Con todo, quienes con notorio recelo se oponían a la impartición de la asignatura criticaban que puede ofrecer una visión ideologizada de la ética; una moral de Estado subjetiva y concreta que impartiría contenidos delicados y controvertidos desde un prisma sesgado de adoctrinamiento. Muchos padres recurrieron a la objeción de conciencia para denunciar ante los tribunales que los contenidos impartidos en la asignatura formaban parte de un adoctrinamiento que les sustraía el derecho a dar una educación moral a sus hijos.
Según Marina, la explicación a este contrariado desajuste de voces, que por ambos lados se alzan en pro de una educación libre y democrática, podría venir del contagio de otro conflicto. España llegaba de un enfrentamiento que se encontraba en aquel momento a pie de calle: ¿qué pasaría con la religión dentro del programa educativo.? «Y ahí, – dice Marina- surgió un enfrentamiento y un debate muy injusto y muy torpe que hizo que Educación para la Ciudadanía quedase aprisionada en ese debate político e ideológico».
La internacionalización del conflicto se produce cuando, en 2010, un grupo de padres presenta una demanda colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que posteriormente presentaron también frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Algo más avanzado el año, Profesionales por la Ética presentó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el informe La versión española de Educación para la Ciudadanía: una agresión a la libertad de educación en Europa.
En 2012, con el nuevo Gobierno del PP, el ministro de Educación Jose Ignacio Wert anunció la sustitución de la asignatura por otra denominada Educación Cívica y Constitucional, que finalmente no se incluyó en la LOMCE. Se le criticó que no incluyera, ni siquiera de forma tangencial, el concepto de homofobia. Algo que solo sucede en el programa de educación cívica de Polonia.
El filósofo e intelectual Fernando Savater opina que uno de los motivos por los que fallan los proyectos de educación cívica es que «el clero ve la pérdida de ese control ideológico, una de las fuentes de poder que ha tenido la sociedad siempre». «Desde hace mucho tiempo, – continúa -, algunos estamos defendiendo que debería haber en España una asignatura de educación así, que es imprescindible».
A ojos de la comunidad internacional, el conflicto ha frenado el avance de España en materia de educación en derechos humanos y pensamiento crítico, que precisamente, para la sociedad, constituye el más potente antídoto contra el adoctrinamiento.
Cristina Crespo Garay
Artículo publicado en Ethic
