Doce mitos de la derecha y del franquismo sobre la Guerra Civil que perduran 80 años después
Han pasado 80 años desde el final de la Guerra Civil y todavía perviven algunos de los mitos que el franquismo lanzó desde el poder para justificar un golpe de Estado que provocó la mayor tragedia humana de la historia de España. Muchas de estas falsas ideas han sido rebatidas por historiadores con documentos en mano, pero también es cierto que algunos de estos mitos se han rejuvenecido gracias a diversas obras que rayan el revisionismo. Prueba de ello, fue la primera versión del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia en 2011 en la que el dictador Franco era considerado como un “valeroso militar” y el franquismo era calificado como “autoritario, pero no totalitario”.
A continuación, Público expone y rebate algunos de estos mitos de la derecha y del franquismo básandose, especialmente, en cuatro obras: La financiación de la Guerra Civil, de José Ángel Sánchez Asiaín; Los mitos del 18 de julio, una obra colectiva coordinada por Francisco Sánchez Pérez; La otra cara del caudillo, de Ángel Viñas; y Verdugos impunes, de José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar.
1. El golpe de Estado no tiene relación con el asesinato de Calvo Sotelo.
El hecho de que el golpe de Estado se produjera el 18 de julio no tiene nada que ver con el asesinato de Calvo Sotelo, que se produjo el 13 de julio de 1936 y fue conocido el 14. Su muerte, tal y como señala el profesor de la Carlos III y coordinador de la obra Los mitos del 18 de julio, Francisco Sánchez Pérez, “no precipitó nada” y “no tiene nada que ver” con el golpe de Estado. De hecho, hubo un proyecto de atentado terrorista contra la vida de Azaña, como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo, que fue abortado por los militares golpistas que se encontraban en la capital. “Prohibido terminantemente. Todo está preparado en Madrid y eso podría echarlo a perder”, le dijo el coronel Ortiz de Zárate a Eusebio Vegas Latapié, cabecilla del proyecto.
La fecha de inicio del golpe está ligada a la promesa de intervención de la Italia fascista de Mussolini, con la que los monárquicos, liderados por Calvo Sotelo, suscribieron el día 1 de julio un acuerdo para la compra de una “espectacular cantidad de material bélico de primer nivel”, tal y como descubrió el historiador Ángel Viñas aportando una copia de dichos contratos. Estos fueron firmados en Roma por Pedro Sainz Rodríguez con el apoyo personal de Antonio Goicoechea y “el más que probable conocimiento de Calvo Sotelo”.
2. La internacionalización del conflicto es incluso previa al golpe de Estado
La explosión de una de bombas que cayó sobre Sant Felip Neri, desde un avión italiano. / UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE, ROMA
Desde la historiografía neofranquista se ha mantenido que el golpe de Estado del 18 de julio se explica únicamente por razones de política interior españolas y, además, que fue la República, cuando pidió ayuda a Francia, la responsable de internacionalizar el conflicto bélico. Es mentira.
Tal y como se ha explicado anteriormente, en el momento en el que se da el golpe de Estado del 18 de julio, los conspiradores ya tenían un acuerdo para la compra de material de guerra con la Italia de Mussolini. De hecho, los contactos de los conspiradores monárquicos con la Italia fascista comienza, como mínimo, en 1934, cuando la República española estaba gobernada por las derechas.
Por lo tanto, el golpe de Estado a la República no puede entenderse únicamente con razones de política interna. Los sublevados eran conscientes de que un golpe de Estado fracasaría y que derivaría casi con toda seguridad en una cruenta guerra.
3. La Guerra tampoco la empezó la izquierda en el 34.
Esta ha sido una de las tesis más repetidas en los últimos años: las izquierdas rompieron con la República tras el intento de revolución en 1934, sobre todo, en Asturias. Sin embargo, se trata de una burda manipulación. Es cierto que en octubre de 1934 hubo una intentona revolucionaria en España que fue violentamente aplastada.
La conspiración de las derechas para poner fin a la República había comenzado, de hecho, el mismo 14 de abril cuando un reducido grupo de ‘personajes significativos’ se reunió en casa del conde de Guadalhorce (Rafael Benjumea, miembro del directorio civil de Primo Rivera y presidente de Renfe durante la dictadura de Franco) para derrocar ‘por todos los medios’ a la nueva República. Carlistas y monárquicos comenzaron a perfilar el bloque y los socios exteriores necesarios para la sublevación del 18 de julio. Como apunte sirve introducir que en 1932, los monárquicos ya habían conseguido 20 millones de pesetas para la causa visitando a españoles residentes en Francia. Estos datos vienen incluidos en La financiación de la Guerra Civil española de José Ángel Sánchez Asiaín.
4. No había una revolución comunista en marcha
Durante 39 años de dictadura franquista, el régimen señaló repetidamente que la sublevación militar fue la respuesta aun inminente levantamiento comunista. El anticomunismo sirvió a Franco para legitimar la insurrección contra el gobierno legítimo, presentándola como una contrarrevolución preventiva. Basta para desmentir estas teorías conspiratorias la propia declaración del entonces embajador estadounidense, Claude Bowers, que recoge la obra Los mitos del 18 de julio: “A aquellos que fuera de España después tuvieron que escuchar con machacona insistencia la calumnia fascista de que la rebelión era para impedir una revolución comunista, puede sorprenderles saber que durante tres años y medio nuca oí semejante sugestión de nadie, mientras, por el contrario, todos hablaban confidencialmente de un golpe de Estado militar”.
Después de esta teoría, o incluso a la vez, llegaron otras, como se verá a continuación. Todo con tal de evitar reconocer que los motivos que llevaron a la sublevación a los militares fue frenar en seco las reformas progresistas, y democráticas, diseñadas en el primer bienio de la II República. Es decir, la reforma agraria, los estatutos de autonomía y la reforma militar.
A esta realidad hay que añadir una serie de datos muy importantes: el PCE, antes de la Guerra Civil, apenas tenía 3.000 afiliados y, tras las elecciones de febrero del 36, tan solo contaba con 16 diputados en el Congreso. ¿Dónde estaba la amenaza? Además, fue también tras el estallido de la Guerra Civil cuando sí se produjo algún intento revolucionario en territorio republicano.
5. La URSS tampoco planeaba invadir España
La Unión Soviética, en contacto directo con el PCE, no tenía prevista una intervención revolucionaria en España. De hecho, en ningún lugar de Europa entre 1918 y 1939 triunfó ninguna revolución obrera ni hubo ninguna “expansión comunista”, pues el comunismo “no pudo o no supo salir de la URSS”, escribe el profesor Francisco Sánchez Pérez. Las pruebas que en este sentido ofrecieron los conspiradores fueron una serie de documentos cuya autoría se desconoce a “ciencia cierta”, pero que “diversos indicios permiten endosárselas al propio Mola”.
Estos documentos venían a señalar el inicio de una revolución soviética en el verano del ’36. No obstante, una vez iniciada la guerra, esos documentos que habían sido el hazmerreír de muchos cuando se hicieron públicos, se transformaron en una de las principales herramientas propagandísticas del bando franquista. “Y sorprendentemente, todavía hoy continúan siendo esgrimidos por algunos para justificar la rebelión militar”, sentencia Sánchez.
6. No había un terror rojo en la primavera del 36
El profesor de la Carlos III también desmonta en la citada obra la tesis de que el golpe de Estado del 18 de julio se dio para poner fin a “un terror rojo” o a la “primavera sangrienta de 1936”. Lo hace con los datos aportados por el historiador José Luis Ledesma, que muestran que “antes de la Guerra Civil no había una ‘violencia revolucionaria o un terror rojo”‘. Tampoco había ninguna dinámica de exterminio ni liquidación de los enemigos de clase que pudiera continuarse después del 18 de julio, es decir, no se asesinaba a las ‘gentes de orden’.
Ledesma y Sánchez combaten este mito con datos: el número de empresarios y propietarios que fueron asesinados en los meses anteriores al 18 de julio es ínfimo y el de religiosos es inexistente: “Por lo que sabemos murieron más empresarios, identificados con sus nombres y apellidos, entre 1919 y 1923 en toda España que en la primavera de 1936, y entonces no hubo ninguna guerra sino lo de siempre, una dictadura al uso. Con respecto a los religiosos basta decir que en 1923 fue asesinado un arzobispo y cardenal (Soldevila), lo que no ocurrió en toda la República”.
7. No hubo fraude electoral para que el Frente Popular ganara las elecciones
Un grupo de trabajadores celebra el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936. EFE
Desde antes incluso del final de la Guerra Civil, el franquismo difundió la tesis de que el Frente Popular había ganado las elecciones de febrero de 1936 con trampas y que por tanto su gobierno era ilegítimo y se justificaba así el golpe de Estado de 1936. El mismo Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco, impulsó una comisión de expertos en plena Guerra Civil que señaló que ya dictaminó “la ilegitimidad” del gobierno del Frente Popular.
Esta tesis, que ha sido defendida por otros historiadores como Stanley G. Payne, se vio reforzada tras la publicación de la obra 1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de los historiadores y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. La publicación tuvo un eco en la prensa que pocas veces o nunca se da con los libros de Historia. Fue portada en varios de los principales medios de comunicación en España, protagonizó tertulias radiofónicas e incluso saltó a la televisión. Hasta la Fundación Francisco Franco publicó un manifiesto, a partir del libro, para pedir al Congreso de los Diputados que declare golpistas a los partidos y sindicatos históricos (PSOE, ERC, PNV, PCE, UGT y CNT) constitucionales.
Se recuperaba así, por tanto, la idea de que las izquierdas llegaron al poder de manera fraudulenta en febrero de 1936. Sin embargo, no hay ninguna evidencia empírica que sostenga que el Frente Popular ganó las elecciones gracias a un fraude generalizado. Y así lo han puesto por escrito diversos historiadores de reconocido prestigio.
El doctor en Historia por la Universidad de Castilla La Mancha Ángel Luis López Villaverde apunta en un artículo publicado en CTXT que, a diferencia de lo pregonado en ciertos medios, los propios autores de la obra niegan que se pueda cuestionar la legitimidad de la victoria de la coalición de izquierdas, pese a que titulan el capítulo octavo, entre interrogaciones, ¿Una victoria del Frente Popular?. De hecho, los profesores de la Rey Juan Carlos descartan que “los resultados del Frente Popular fueran un mero subproducto del fraude, como proclamarían sus adversarios comenzada ya la Guerra Civil” y dan por sentado que obtuvo más escaños que sus oponentes.
En este sentido, otros historiadores, como el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona José Luis Martín Ramos han señalado, raíz de la polémica generada por la publicación del libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, que en esas elecciones hubo irregularidades en el voto y en el escrutinio, sobre todo en Galicia y en algunas zonas de Andalucía, Extremadura y el País Valenciano. Sin embargo, aún restando esos escaños en disputa al Frente Popular, la victoria de las fuerzas de izquierdas se mantendría. Así lo escribe el catedrático de Historia Martín Ramos:
“A pesar de los pucherazos e irregularidades, que no del fraude en singular, el Frente Popular ganó las elecciones de 1936, con mayoría absoluta y con todas las de la ley, las suficientes, pasó a gobernar. Su triunfo fue formalmente democrático y fue el triunfo de la democracia sobre las alternativas autoritarias y las tentaciones fascistas. Una democracia problemática, sin duda, pero que, tampoco me cabe la menor duda, habría sido capaz de resolver sus conflictos de no mediar la conspiración militar y política y la sublevación que nos impuso a todos, una guerra fraticida”.
8. La defensa de la Iglesia no existía al inicio de la Guerra Civil
Entre las motivaciones alegadas por los militares en sus bandos de guerra iniciales de julio de 1936 (incluido el del propio Franco) no se cita ni una sola vez la recurrente “persecución religiosa”ni tampoco hay clérigos entre los conspiradores. “Nadie se creía en julio de 1936 que los militares rebeldes comenzasen semejantes fusilamientos masivos en defensa de la religión”, escribe el historiador Sánchez Pérez.
No fue hasta bastantes días después cuando la propaganda de los rebeldes utiliza la defensa de la religión para justificar la Guerra Civil. Otra cosa fue la postura de la mayoría de los obispos, que apoyaron el golpe casi de inmediato, ofreciendo un respaldo ideológico formidable motivados, en su mayoría, por la defensa de sus privilegios casi feudales.
Los obispos españoles fueron los encargados de bautizar a la guerra como cruzada, pero cabe recordar que ningún papa ha utilizado el término cruzada para referirse a la Guerra Civil. Mucho más que la religión, la justificación invocada por los golpistas era la amenaza de la revolución comunista y la de defensa de la nación española frente a los separatismos.
La defensa de la religión no se sitúa en el mismo escalón que la defensa de la patria hasta el 8 de septiembre de 1936 cuando fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa de Burgos.
9. Hubo crímenes republicanos, sí, pero no son comparables. El golpe de Estado venía acompañado de un plan de violencia sistemática.
Que hubo represión y asesinatos extrajudiciales en la España republicana es una realidad innegable. Pero hay que establecer varias diferencias. Por una parte, la represión de los franquistas fue, en palabras del historiador Paul Preston, “aproximadamente tres veces superior a la de la zona republicana.”Hoy por hoy, la cifra más fidedigna, aunque provisional, de muertes a manos de los militares rebeldes y sus partidarios es de 130.199. Sin embargo, es poco probable que las víctimas ascendieran a menos de 150.000 y bien pudieron ser más”, prosigue.
Asimismo, es importante tener en cuenta que los golpistas del 18 de julio tenían, al menos, un boceto de plan de exterminio premeditado contra “todo aquel” que pensara diferente. Prueba de ello son los contratos de compra de material bélico antes del 18 de julio y las instrucciones del director del golpe, el general Mola, que tres meses antes de levantarse en armas ya hacían referencia a una sublevación “sangrienta”. “La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo (…) aplicando castigos ejemplares (…) para estrangular movimientos de rebeldía o huelga”, decía Mola. También animaba a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”
Prueba de la violencia planificada del golpe de Estado es la represión en las regiones en las que no hubo Guerra Civil. En Canarias, hubo entre 2.600 y 3.000 asesinados; en Navarra, alrededor, de 3.500 asesinados; en Baleares, 2000; en Galicia, unos 4.700 asesinados…
10. Franco no fue un gobernante austero
Felipe saluda al dictador en el pazo de Meirás, aún propiedad de la Fundación Francisco Franco, en julio de 1975, dos meses antes de que Franco firmara las últimas sentencias de muerte antes de fallecer. EFE
Uno de los mitos que mejor ha sobrevivido al paso de los años es el gusto de Franco por la austeridad. El mito de un líder que cuidaba de la economía nacional con mimo y dedicación, donde no cabía ni la corrupción ni el enriquecimiento personal. Falso.
El general Francisco Franco, según ha podido demostrar el historiador Ángel Viñas en La otra cara del Caudillo, entró a la Guerra Civil sin una fortuna acumulada y en 1940 tenía en su haber 34 millones de pesetas de fortuna personal (unos 388 millones de euros de hoy día según el método de conversión José Ángel Sánchez Asiaín).
Viñas desvela que el dictador ingresó en 1940 un total de 7,5 millones de pesetas, que equivalen, según el citado método de conversión, a unos 86 millones de euros. Los jugosos ingresos llegaron, en parte, por la venta de 600 toneladas de granos de café que había donado a Franco por el dictador brasileño Getúlio Vargas. Asimismo, la obra también recoge el donativo mensual de 10.000 pesetas [114.200 euros actuales] que la Compañía Telefónica Nacional otorgó al dictador aunque, eso sí, no logra averiguar cuándo comienza esta paga al dictador ni durante cuánto tiempo lo hace.
En total, en 1940 Franco poseía 34 millones de pesetas en sus cuentas y el origen de ese dinero no puede encontrase en los salarios que el dictador habría obtenido por parte del Estado antes de la Guerra Civil ya que su nómina mensual en 1935 era de 2.493 pesetas y en 1940, ya como dictador, percibía 50.000 pesetas anuales.
“Hay quién le gusta escribir o decir que Franco murió pobre y desamparado. Obviamente, no murió ni pobre ni desamparado aunque admito que no tenía muchos millones en sus cuentas corrientes. Lo que tenía era activos inmobiliarios y acciones en empresas a punta pala. Lo que a mi me importa es cómo llega a hacerse con la fortuna en tres años de guerra y uno de represión sangrienta. Eso trato de investigar”, señala Ángel Viñas.
11. La dictadura nunca fue un tiempo de “extraordinaria placidez”
El exministro Mayor Oreja calificó la dictadura como un período de extraordinaria placidez y se negó a condenarlo porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”. Esta idea forma parte de otros de los mitos más extendidos: la Guerra Civil fue un período violento, pero después el franquismo giró y España vivió un período de paz y estabilidad. El mito fue extendido por la propia dictadura con el eslogan de los 25 años de paz.
“España se ofrece al mundo como un ejemplo de paz y orden. No sacrificaremos jamás esta unidad, esta paz, este orden por nada ni por nadie. Seamos siempre fieles al mandato de nuestros muertos”, decía Francisco Franco en el discurso que realizó en el Congreso Eucarístico celebrado en Granada en 1957.
La paz, en realidad, nunca llegó para gran parte de la población española. La dictadura siguió dejando un reguero de víctimas a lo largo de sus 40 años de control y dominio. La obra Verdugos Impunes, firmada por José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar, es especialmente interesante para conocer una realidad menos conocida: las víctimas de la dictadura que no están en las cunetas.
El balance es estremecedor. Decenas de miles de bebés robados desde el inicio de la dictadura en las cárceles de mujeres republicanas hasta bien entrada la democracia. Trabajadores esclavos. Estudiantes torturados. Activistas asesinados. Maestros depurados. Trabajadores expulsados de sus empleos y condenados a la miseria absoluta por sus ideas políticas. Solamente en 1974, alrededor de 25.000 trabajadores habían sido suspendidos de empleo y sueldo, mientras que un número aún hoy desconocido había sido despedido por estos motivos.
Pero hay más. Decenas de miles de mujeres se vieron encerradas en su hogar, subyugadas al varón y sin libertad ni para firmar un contrato laboral. Centenares de personas del colectivo LGTBI fueron juzgadas y condenadas como vagos, maleantes y peligrosos. Se estima, por ejemplo, que en 1976, con Franco ya muerto, había en la cárcel 698 varones homosexuales por su ‘peligrosidad’.
Pero este es solo un resumen a brocha gorda. La obra Verdugos impunes explica cómo afectaron a los ciudadanos, por ejemplo, el estado de guerra que estuvo vigente hasta 1948 o los 11 estados de excepción que el franquismo declaró para hacer frente a las movilizaciones obreras y estudiantiles. Pero también muestra las huellas del Tribunal especial contra la masonería y el comunismo, que funcionó de 1940 a 1963; o del Tribunal de Orden Público, creado en 1963, que juzgó a más de 50.000 personas, de los que un 70% eran trabajadores.
También señala las torturas y los malos tratos sistemáticos en comisarías y centros de detención. Los luchadores por la democracia recibían el mismo trato en las comisarias de Sevilla, Barcelona o Madrid. No eran policías aislados que torturaban, era un sistema torturador dentro de un régimen dictatorial que también hizo uso de la pena de muerte. Pero esta tampoco fue la única forma en la que el franquismo asesinó. Las fuerzas de Orden Público mataron a huelguistas y manifestantes en, por ejemplo, Erandio en 1969, en Granada en 1970, en Madrid en 1971, en Ferrol o Barcelona en 1972.
12. Franco rescató a los suyos de las cunetas y reparó a sus familiares
Se ha repetido una y mil veces, pero todavía hoy hay quien afirma que en las miles de cunetas llenas de cadáveres que hay repartidas por el Estado hay republicanos y franquistas. No es cierto. Una orden de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de “cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Se hizo, además, sin coste alguno para las familias.
Pero no solo eso. Tal y como recogió el periodista Juan Carlos Escudier en este periódico Franco reparó más y mejor a los suyos que la democracia a los que lucharon por ella. En plena Guerra Civil, un decreto del conocido como Gobierno de Burgos, en abril de 1938, concedía pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1940 se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra. En julio de 1941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña para subsidiar a sus familiares.
Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934”, a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1939 se había aprobado ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración.
Gran parte de las víctimas republicanas, sin embargo, siguen hoy día desaparecidos o localizados en cualquier cuneta. Familias enteras perdieron sus posesiones en un expolio jamás investigado y los archivos de la justicia española sigo considerando como criminales a gentes como el poeta Miguel Hernández. Por tanto, la conocida como Ley de Memoria Histórica no ha resuelto gran parte de los problemas de la ‘desmemoria’ española.
Alejandro Torrús
Artículo publicado en Público
