Tres millones de la sanidad madrileña se desviaron a financiar al PP

Combo de fotografías de archivo de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre (i) y Cristina Cifuentes, a las que el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas en octubre por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, así como a Ignacio González y varios exconsejeros madrileños. EFE

La caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos, uno de ellos el de la cláusula del 1 %, que sirvió para desviar alrededor de 3 millones de la construcción de hospitales y centros de salud.

El juez del caso Púnica detalla en su auto imputando a Aguirre algunas cifras supuestamente desviadas de forma irregular al PP de Madrid para financiar campañas electorales, aunque no ofrece una suma total de la cantidad que ingresó el partido ilegalmente.

La cláusula obligaba a la empresa adjudicataria a pagar un 1 % de la cantidad total de la obra en concepto de publicidad y contratar para ello a un empresario que colaboraba con el partido para desviar el dinero, Horacio Mercado.

El magistrado cree que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008.

Y especifica dos cifras más concretas: 1.883.286 euros pagados a empresas de Mercado por parte de las sociedades concesionarias de la construcción y explotación de siete hospitales de la Comunidad de Madrid y otros 1.190.481 euros abonados por las constructoras de centros de salud y algunos hospitales en más de una decena de municipios de la región.

En cuanto a los hospitales, se trata del Hospital del Tajo (Aranjuez), cuya concesionaria pagó a empresas de Mercado 138.017 euros; Hospital del Sureste (Arganda), con 152.906 euros; Hospital del Henares (Coslada), con 258.297 euros: Hospital de Puerta de Hierro (Majadahonda), con 917.164 euros; Hospital Infanta Cristina (Parla), con 240.972 euros; Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), con 86.532 euros; y Hospital Infanta Leonor (Vallecas), con 89.394 euros.

«El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286 euros», resume el juez sobre estos siete centros hospitalarios.

En cuanto a los centros de salud y también algunos hospitales, desglosa una veintena de pagos hechos a las empresas de Mercado en virtud de la cláusula del 1 % por parte de grandes constructoras como OHL (144.524 euros), Acciona (47.876), Dragados (4.335), Ferrovial (24.926), Obrum (96.200) o Copasa (40.982), entre otras.

Afectan a centros sanitarios de la capital y numerosos municipios como Valdemoro, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Móstoles, El Escorial, Leganés, Alcorcón, Majadahonda, San Martín de la Vega o Mejorada del Campo. En este caso, dice el juez, los pagos ascendieron a 1.190.481 euros.

Los contratos se encuadran todos en el «Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007», que para el magistrado «confirió la cobertura oportuna para introducir» esa cláusula en «los pliegos de las licitaciones de los contratos para la construcción y gestión de cada hospital y centro de salud».

La cláusula, detalla, fue ideada por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela «en connivencia con los altos mandatarios del PP de Madrid».

Otras cantidades que menciona el juez en su auto se desviaron por otros métodos, como el de los contratos de eventos, publicidad y comunicación de consejerías y empresas públicas autonómicas que se daban a Mercado y, más tarde, a sociedades de otros empresarios compinchados con los dirigentes del PP.

Es el caso de 230.648 euros desviados por orden del exconsejero Francisco Granados, considerado cabecilla de la trama Púnica, con motivo de la inauguración de la Casa de Madrid en Argentina.

Lo hizo en este caso adjudicando a Mercado contratos menores para la organización de los eventos «y bajo la cobertura de la firma de un convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y la Fundación Arpegio».

Sitúa también a Granados detrás de la sustracción de otros 124.219 desviados de la Agencia Madrileña para la Emigración a través de la «facturación falaz» de las sociedades de Mercado Over, Traci, Abanico y Link durante los años 2008 y 2009.

En otro caso fue el exconsejero José Güemes el supuesto responsable cuando adjudicó en 2005 a Over un contrato de comunicación de la Consejería de Empleo para 2005 y 2006 por 199.991 euros.

Detalla también el juez un contrato de publicidad otorgado a Mercado de 923.736 y adjudicado por una empresa pública adscrita a Medio Ambiente, Gedesma, aprovechando que en 2006 y 2007 había recibido fondos de la UE.

El magistrado también menciona varias cantidades desviadas mediante la fundación del PP madrileño Fundescam mediante subvenciones que le concedió la Comunidad de Madrid y que fueron a parar al partido.

En 2007 recibió así una subvención, que achaca a Ignacio González, de 195.727, que se usaron en la campaña electoral autonómica. Desde las cuentas de la fundación, dice el juez, se sufragaron «subrepticiamente» gastos electorales «por un importe superior a los 500.000 euros».

En 2008 González, «abusando de su cargo público» de vicepresidente autonómico, otorgó desde la Comunidad de Madrid otra subvención a Fundescam de 200.620 euros, y de nuevo en 2011 dio luz verde a una tercera subvención de 127.850 euros.

EFE
Artículo publicado en ElDiario.es