Refugio: cada vez menos para los cada vez más
La conmemoración de los días mundiales dedicados a una u otra causa parece ya instalada en la rutina que sirve sólo para el corta y pega ritual en los medios. Y, sin embargo, como todos los ritos sociales, permanece su razón de ser. En el caso del día dedicado a los refugiados y desplazados, el 20 de junio, es una de las escasas oportunidades para salir de lo peor, la indiferencia generalizada ante la tragedia que sacude cada vez más a un número mayor de seres humanos. Esa indiferencia es un mal que identificó el papa Francisco en su primer discurso oficial como pontífice romano, para el que eligió acudir a Lampedusa con el fin de dar un aldabonazo sobre la falta de respuesta solidaria ante inmigrantes y refugiados, un mensaje que ha reiterado en su Fratelli tutti, documento que no parecen haber tomado en serio los numerosos gobernantes europeos cristianos y católicos que la practican en sus políticas migratorias y de asilo, por no hablar del malhadado Pacto europeo de migración y asilo, objeto de justas críticas por organizaciones especializadas, como la federación Migreurop.
Indiferencia y ausencia de voluntad política de respuesta suficiente y eficaz que no se explican sólo porque hablemos de multitudes sin rostro («los sirios, los afganos, los yemeníes»). Pese a todo, el esfuerzo de ONG y de algunos medios de información consigue poner ante nuestros ojos los rostros y las historias de vida de quienes se ven forzados a ese destino fatal de huir de sus hogares, porque no son seguros. Historias de seres humanos que, como ha recordado Filipo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) en la presentación en Ginebra del Informe anual (puede descargarse aquí), más allá de las estadísticas, son lo importante.
Pues bien, este es el mensaje que me gustaría subrayar: «No dejan de incrementarse los factores que obligan a millones de personas a abandonar su casa, su tierra, su familia, sus amigos» (82.4 en el último recuento que ofrece ese informe del ACNUR). Y, sin embargo, «la protección internacional para proporcionar acogida, refugio, no deja de estrecharse».
Por mirar sólo a la UE, la deriva sostenida de los sucesivos gobiernos daneses para «disuadir de pedir asilo en su país», desde al menos 2015 es un botón de muestra. Pero Dinamarca no está sola en esas rebajas del asilo: le acompañan Austria, los Países Bajos, o Bélgica y no sólo –como acostumbramos a oír– los gobiernos de Hungría o Polonia. La UE tiene una política muy poco solidaria y no sólo con los solicitantes de asilo que sueñan con llegar a esas tierras que se suponen espacio de justicia, libertad y asilo; también con ese «bajo vientre europeo» al que se encomienda la función de barrera: España, Italia y Grecia.
Aumentan, insisto, los factores que obligan a huir: a las guerras y persecuciones se unen los desastres naturales y los provocados por la mano del hombre; singularmente, por un modelo depredador de mercado global que externaliza los costes y daños más allá del norte rico, mientras acumula beneficios que jamás reinvierte en los países y poblaciones expoliados. Algo que tiene mucho que ver con las diásporas que cada vez más afectan a un mayor número de seres humanos como consecuencia de la degradación medioambiental. Cada vez más personas obligadas a huir.
Parece confirmarse que la respuesta solidaria y generosa que la comunidad internacional supo ofrecer en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, en 1951, estableciendo un mecanismo básico para los que se ven forzados a dejar su hogar ante la persecución (en non refoulement, la prohibición de devolución al país del que huyen), que está en la base del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria, no deja de retroceder: «Cada vez somos menos solidarios con ellos, cada vez regateamos más el refugio». Y por eso cabe sospechar que aquella respuesta generosa tuvo que ver con el hecho de que el problema afectara en ese momento a europeos desplazados de sus hogares como consecuencia de la II Guerra Mundial: no parece que, si hoy se planteara la necesidad de otra Convención de Ginebra, el standard de protección fuera equiparable. Todos los estudiosos son muy pesimistas al respecto.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG con mayor experiencia en el ámbito de asilo y refugio en nuestro país, ha presentado también su informe relativo al asilo en España (puede descargarse aquí). España, con 88.762 solicitudes (en 2019 fueron 118.200), es el tercer país de la UE en solicitudes de protección internacional recibidas en 2020, tras Alemania (121.955) y Francia (93.470). Pero sólo otorgó este tipo específico de protección internacional a 5.700 personas en 2020, esto es, menos del 5% (aunque cabe consignar que aumentó el número de autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias (40.726), fundamentalmente a ciudadanos de nacionalidad venezolana). Comparada con las aceptadas por Alemania (44%), Italia (23%) o Francia (22%), Bélgica (35%), nos situamos a la cola de Europa, cuya media se sitúa en torno al 30%.
Me limitaré a destacar un aspecto de este informe, la situación de los colombianos. Es un hecho difícil de rebatir que no cesa la huida forzada de ciudadanos colombianos que no tienen otra alternativa para salvar sus vidas que desplazarse o incluso salir de su país. Muchos de ellos, llegan a España para pedir asilo (la segunda nacionalidad, tras los venezolanos) y ven rechazada su solicitud en un 98% de los casos (37.907 solicitudes denegadas), porque las autoridades españolas consideran que las autoridades colombianas pueden protegerles frente a las situaciones de violencia y persecución que se viven en el país. Sin embargo, como ha señalado una experta de referencia, Paloma Favieres, directora jurídica de CEAR, en muchos casos hay manifiesta «connivencia» de las autoridades con esa violencia y persecución.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, que viene realizando una tarea incansable en el control de las decisiones que recaen sobre inmigrantes y demandantes de refugio, se ha mostrado muy crítico con algunas de las prácticas de nuestras autoridades. En el informe que se presentará el próximo martes ante la Comisión mixta de Congreso y Senado subraya su preocupación acerca de las dificultades que encuentran los menores con necesidades de protección internacional para acceder al procedimiento. Por ejemplo, subraya la incongruencia de que los menores no puedan actuar en el procedimiento administrativo de asilo por sí mismos, pero sí ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, en virtud del artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. El informe incide también en el hecho de que a los menores les afectan de forma particularmente grave los problemas para compatibilizar los procedimientos del régimen de extranjería con las solicitudes de protección internacional. Y subraya que, pese a que la institución ha formulado a las administraciones recomendaciones para clarificar la compatibilidad de ambos procedimientos, no fueron aceptadas.
La protección internacional a quienes han perdido el derecho a tener derechos es un test mínimo de nuestra proclamada superioridad civilizatoria, en términos del desarrollo del Estado de Derecho y la garantía de los derechos y libertades. No debemos permitirnos suspender reiteradamente ese examen.
Javier de Lucas
Artículo publicado en Infolibre
