Activistas y afectados logran aplazar diez días el desalojo de 33 personas en el barrio Cruz Cubierta
Los edificios, según ha confirmado el cuerpo de bomberos tras una evaluación, no tienen riesgo de derrumbe inminente tal como había afirmado el Ayuntamiento de València.
El desalojo de doce familias por “amenaza de ruina inminente” en la Cruz Cubierta (barrio de San Marcelino, Valencia) ha sido aplazado diez días gracias a la negociación con la Policía de afectados y activistas del sindicato Construint Malilla. Tras evaluar del estado de los inmuebles, el cuerpo de bomberos ha concluido que “están en riesgo, pero no en riesgo inminente”, a pesar de que, en la notificación del Ayuntamiento que habían recibido los vecinos, ordenaba desalojar las viviendas en 72 horas justificándolo en el alto riesgo de derrumbe.
Los vecinos y las vecinas de las viviendas de la Calle Manuel Arnau 9 y 11 respiran aliviados ya que tendrán más tiempo para poder encontrar una alternativa habitacional, aunque desde Construint Malilla afirman que, si estas familias no han encontrado una alternativa de vivienda digna en el plazo de la moratoria, “volverán a convocar una movilización para pararlo ya que si no, estas personas irán a la calle”.
Los afectados del desalojo afirman “estar muy contentos” ya que el pasado lunes 26, cuando les llegó la notificación de desalojo, solo les habían dado 72 horas para irse de sus casas sin alternativa habitacional, a pesar de ser familias en riesgo de exclusión social.
Los militantes de Construint Malilla han decidido pernoctar en las casas de los afectados dada la incerteza de la hora a la que iban a llegar las fuerzas policiales. A las 6 de la mañana, afirman, ya habían apuntalado las puertas desde dentro para impedir la actuación policial. A las 7 de la mañana han empezado a llegar el resto de activistas, unos 50 en total, según las mismas fuentes. Y, a las 8:00h, ha llegado la Policía Local y la Nacional para tratar de proceder al desalojo ordenado por el Ayuntamiento.
La principal crítica de activistas y afectados es que las alternativas habitacionales que proponen desde Servicios Sociales no son efectivas. Además, una vecina asegura que el encargado de Servicios Sociales les ofreció una ayuda de emergencia de 400 euros si “se iban antes de que viniera la Policía”, propuesta que la vecina interpreta, dice, “como un chantaje”. Otra de las opciones propuesta por las instituciones competentes es avalarles un alquiler de tres meses, pero, tanto el sindicato como los vecinos, afirman que no supone una “alternativa habitacional real” ya que como la mayoría no tienen nómina ni ingresos fijos nadie les va a firmar un contrato de alquiler. Además, según el sindicato, “en cuanto se acabaran las ayudas de Servicios Sociales, la mayoría de estas familias no podrían seguir pagando los alquileres y serían desahuciadas”.
Por otro lado, un portavoz del sindicato ha afirmado que “el 9 % del proyecto del Parque Central pertenece a la empresa propietaria de gran parte de esos edificios, Layetana Parc Central S.L.”, por lo que consideran que puede existir “un interés especulativo en el derribo de estos edificios” además ha insinuado que “a ciertas partes del Ayuntamiento les interesa más que la vida de las personas que se supone que tienen que proteger”.
Joanna Giménez i García
Artículo publicado en El Salto
