Los representantes municipales expusieron las inversiones previstas en movilidad, e informaron sobre la cantidad de conductores y de autobuses existentes, o las propuestas del plan director del municipio para el transporte. Sin embargo, las entidades vecinales no venían a escuchar las cifras con las que cuenta el ayuntamiento, que pueden ser grandes o pequeñas según se mire, pero que son la concreción técnica de un derecho como es el de la movilidad.En estos momentos no están resueltos una serie de problemas que afectan a los habitantes de los Poblados Marítimos y Alboraia, y que fueron trasladados directamente a la concejalía:
– Continua saturación de pasajeros de las líneas 31 y 32. Retrasos continuos.
– Años de incomunicación del vecindario del Camino de Vera. No se ha resuelto el problema de la rotura de la pasarela que les comunicaba con la ciudad.
– El semáforo el Túnel del Camino Farinos, está sin poner, con el peligro que ello conlleva
– Dificultades de acceso al bus urbano del vecindario del barrio de Beteró
– Reivindicamos la prolongación del 81 hasta la Patacona.
En ese contexto tuvimos que escuchar que las soluciones serían para un plazo de 18 meses, que somos pocos habitantes y que las líneas “no serían rentables”. O sea, mientras el ayuntamiento se maneja en términos de rentabilidad económica, nosotros seguimos reivindicando un transporte público de calidad en términos de derechos.
Las entidades vecinales convocantes de la manifestación del pasado 20 de mayo, después de los contactos y reuniones con el ayuntamiento nos reafirmamos en nuestras reivindicaciones y manifestamos nuestra voluntad de seguir presionando por los medios democráticos que consideremos hasta que el derecho a la movilidad esté garantizado.
