Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas

Aumsa encargará un plan para definir la nueva reordenación, el realojo de los residentes y la definición del justiprecio para las expropiaciones

Los vecinos del barrio de la Malva-rosa llevan años denunciando que estos edificios se han convertido en un «mercado de la droga»

Las polémicas Casitas Rosas de la Malva-rosa tienen los días contados. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad que Aumsa encargará la redacción de un instrumento de planeamiento de reforma interior que defina una nueva reordenación, el realojo, la edificabilidad, la deficinición del justiprecio en caso de expropiaciones a propietarios y, finalmente, el derribo de las Casitas Rosas. Se trata de una demanda histórica de parte del barrio, que había visto como estos bloques humildes construidos para alojar a los trabajadores del Puerto, llevan décadas profundamente degradados y convertidos en un «mercado de la droga».

Lo cierto es que el ayuntamiento lleva tiempo poniendo el foco en este foco de malestar vecinal. A principios del año pasado, la concejalía de Urbanismo suprimió la plaza 7 de Octubre, una plazoleta en altura con zonas de tierra, rodeada de pilares y circunvalada por una carretera adoquinada, para tirar una explanada dura de asfalto con una rotonda pintada en el suelo, sin un solo obstáculo a la vista más allá de las palmeras que luchan por sobrevivir. Fue la primera intervención importante del gobierno municipal de PP y Vox, pero después siguieron más, algunas de carácter social con el seguimiento de la familias vulnerables a través de la Asociación Brúfol, y otras en la misma línea urbanística.

Hace escasos meses, en junio de este mismo año, los Servicios de Disciplina Urbanística Municipal y Sanidad inspeccionaron los bloques de característico color salmón y emitieron sendos informes en los que constaban la situación de «falta de mantenimiento y deficientes condiciones de salubridad» de los edificios. El documento realizado por los técnicos del Servicio de Disciplina Urbanística señalaba que el conjunto residencial “tienen un estado de conservación deficiente principalmente por la falta de conservación”. No obstante, los técnicos indicaban que los bloques “estructuralmente no presentan graves deficiencias y las cubiertas tampoco presentas daños generalizados”. El mismo informe señalaba además que las Casitas presentan «deterioro de la pintura de las fachadas y balcones, rotura de canalones, falta de barandillas en algunos tramos de escaleras, desprendimientos de ladrillos en algunas bóvedas de las escaleras, falta de carpintería en las ventilaciones de los forjados sanitarios, dinteles de las ventanas y puertas recayentes a las fachadas deteriorados».

Por su parte, el Servicio de Sanidad concluía en un segundo informe que “las zonas comunes de las casitas Rosas y el patio central presentan deficientes condiciones higiénico-sanitarias, constituyendo un foco de insalubridad que puede afectar a los propios moradores y al vecindario, y aumentan el riesgo de enfermedades transmisibles”. Muchas de las viviendas, añadía el informe sanitario, «tienen la luz ‘enganchada’ ilegalmente, y como mínimo, algunas, no disponen de agua potable corriente, y deben recoger agua en garrafas, lo cual supone que no reúnen condiciones de habitabilidad. Con carácter general, las viviendas que no disponen de agua potable corriente, red de saneamiento adecuado y/o luz no reúnen condiciones de habitabilidad», concluía el documento sobre unos bloques que ahora el ayuntamiento pretende derribar.

El plan de Juan Rubio del Val

Lo cierto es que el anterior gobierno progresista, a respuesta de los vecinos que reclamaban desde hace años un plan integral para regenerar las Casitas Rosas y su entorno, ya encargó al urbanista Juan Rubio del Val, un diagnóstico social y urbanístico, de los bloques que con el cambio de gobierno en 2023 quedó aparcado. Del Val hizo un estudio, en el que participó la Universidad Politécnica de València, que fijaba la «hoja de ruta» para actuar a corto y medio plazo en este conjunto de viviendas sociales, foco de conflictividad social y punto negro de la venta de droga del barrio de la Malva-rosa.

El plan preveía derribos parciales en el conjunto y la construcción de viviendas de realojo, retomando así el plan de los años 90 impulsado en su día por el gobierno socialista de Clementina Ródenas que demolió parte de los bloques de viviendas pero que quedó incompleto. El anterior gobierno también encargó a Aumsa un nuevo estudio técnico para analizar el estado de las edificaciones y determinar cuáles irían a derribo. Hasta ahora el gobierno de PP y Vox había eludido hablar de derribos, fijando otras prioridades como la seguridad o la intervención social, pero la intervención de Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad acaba de resituar la hoja de ruta para los bloques.