Decenas de entidades convocan una manifestación para «topar o bajar» los precios de la vivienda en València
Movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicatos protestarán el 20 de diciembre para prorrogar el escudo social que tiene paralizados 60.000 desahucios y por el control de los precios del alquiler en las ciudades
Una alianza de decenas de movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicatos ha convocado una manifestación en València para el próximo 20 de diciembre, bajo el lema: «Por el derecho a la vivienda ¡Ahora!»». La reivindicación es simple: «Que tener un techo digno donde vivir sea un derecho».
La falta de acceso a una vivienda digna afecta gravemente las oportunidades de emancipación de los jóvenes, y genera «soledad, enfermedad e incluso suicidio» entre las familias que viven con miedo a quedarse sin casa apuntó José Luis González Messeguer, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las organizaciones señalan la crisis como una «emergencia social» y consideran que la única respuesta posible es la acción civil, exigiendo que las medidas se implanten «a la máxima celeridad y sin excusas».
Control de alquileres y stop al turismo especulativo
Otro de los puntos fundamentales es la exigencia de un control de precios del alquiler. Las organizaciones demandan la apertura de la Oficina del Derecho a la Vivienda y que la Ley de Vivienda se aplique con urgencia declarando las zonas tensionadas, lo que permitiría limitar los precios y, si es preciso, lograr una bajada de alquileres. Según los datos presentados en la rueda de prensa, València ha liderado en 2026 el incremento interanual del precio de alquiler en España, con una media mensual de 1.074 euros, situándose en 13,26 euros por metro cuadrado.
Se pide un control estricto de los apartamentos turísticos ilegales en zonas residenciales y la suspensión inmediata de la concesión de nuevas licencias, para evitar que la ciudad esté «al servicio del turismo» en lugar de la ciudadanía , frenando los procesos de gentrificación y expulsión. La turistificación provoca la expulsión de vecinos y vecinas de los barrios tradicionales y vulnera el derecho a un proyecto de vida digno.
Prórroga del escudo social y cese de desahucios
El portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), José Luis González, ha destacado la necesidad urgente de la prórroga y mejora del Escudo Social. González alertó de que, de no prorrogarse la medida que finaliza el 31 de diciembre, el 1 de enero de 2026 se iniciaría la «terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado». Señaló que actualmente una cuarta parte de los desahucios están paralizados gracias a esta normativa.
Las organizaciones exigen la paralización de los desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, utilizando mecanismos para que ello sea posible. Esto incluye medidas para ampliar el parque público de vivienda mediante la cesión de uso obligatoria de las viviendas vacías de la banca rescatada y la movilización de solares. Además, solicitan la prohibición de la venta de viviendas de patrimonio a fondos extranjeros, especialmente de VPO, para evitar la especulación, que actualmente representa el 70% de las viviendas compradas en el País Valencià.
La vivienda como base de una vida digna
Los convocantes recuerdan que la inseguridad habitacional genera miedo, estrés, problemas de salud, precariedad, y limita gravemente las oportunidades de las familias. Por ello, insisten en que «defender la vivienda es defender los barrios» y que la vivienda «no debería ser una ideología» sino una necesidad básica reconocida por convenios internacionales.
Gonzalo Sánchez
Publicado en Levante.emv
