El desalojo de La Punta «violó los derechos humanos» de los vecinos
La Universitat de València concluye que el vecindario sufrió hostigamiento y amenazas
El Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València ha presentado y entregado a Amnistía Internacional un informe, elaborado a petición de la Asociación Per l’Horta, que acredita y documenta violaciones de derechos humanos en el proceso de ejecución del Plan Especial para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València.
El estudio señala que había «un claro interés» por parte de las Administraciones «para frustrar el ejercicio lleno del derecho a la tutela judicial efectiva» y que el vecindario «fue expulsado de forma arbitraria de su casa antes de que se resolvieron los recursos que finalmente declararon nulo el plan urbanístico».
El informe ha sido elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la UV y dirigido por Ruth Mestre, y ha contado con la colaboración de la Associació La Unificadora de Veïns i Veïnes de La Punta.
En él se analiza pormenorizadamente el desalojo forzoso del vecindario de este pueblo de València para la ejecución de un proyecto de ampliación del puerto, en la actualidad sin ocupar, que ha significado la expulsión de más de 100 familias que lo habitaban y la destrucción de un espacio agrícola de altísimo valor agrario y medioambiental, a pesar de que el vecindario ha conseguido dos sentencias del Tribunal Supremo que les dan la razón y anulan el proceso.
Una sentencia que reconoce además el derecho de reversión del suelo a dos de los propietarios (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y sentencia 303 del 13 de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la CV, confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia el 25 de mayo del 2015).
Cuatro derechos vulnerados
El informe señala en primer lugar que el desalojo forzoso del vecindario de La Punta significó una violación de derechos humanos de sus habitantes. Carla Elena Reyes, portavoz del equipo de Clínica de la Universitat de València, explicó que la vulneración de derechos fundamentales está documentada y comparada con estándares internacionales y sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
La portavoz explicó que se ha identificado la vulneración de cuatro derechos fundamentales estructurales: el derecho a una tutela judicial efectiva, a la vivienda, a la vida familiar y privada y a la participación política, además de los derechos vinculados por su carácter indivisible, de la salud y el trabajo, entre otros, que se vieron vulnerados por la expulsión del vecindario.
En el informe se afirma que el desalojo forzoso de los vecinos de la Punta «constituye una violación del derecho a la vida familiar y privada de los vecinos, pues supuso su expulsión inmediata del terreno y casas que habitaban, sin que sería una medida necesaria para una sociedad democrática, justificada por una necesidad social urgente, y sin que un tribunal independiente evaluara la proporcionalidad de esta medida de desalojo -como era exigible-.
Consideramos que el desalojo implicó una injerencia ilegítima, que destruyó el ámbito físico y la cultura vinculada a la huerta que durante más de 100 años se había desarrollado por las familias y habitantes de la pedanía».
El derecho de toda persona a un nivel de vida y vivienda adecuada, destaca el informe, «se ha visto vulnerado tanto por el desalojo forzoso como por la falta de alternativas habitacionales adecuadas». Y continua: «Los vecinos de la Punta fueron desalojados de manera intempestiva, sin respetar las normas del debido de proceso, sufrieron hostigamiento, amenazas e injerencias físicas ilegítimas».
Por otro lado, «al ser desalojados fueron privados del trabajo que tradicionalmente habían desarrollado y de ingresos relevantes. (?) no se los ofreció un alojamiento alternativo apropiado ni individual ni colectivamente y en algunos casos no se los ofreció alternativa habitacional alguna», dice el informe.
La representante de la Associació La Unificadora de Veïns i Veïnes de La Punta, Carmen González, explicó además que la mayor parte de las familias desalojadas de La Punta no han tenido posibilidad de regreso a la pedanía porque no pudieron optar a las viviendas de realojo, que fueron sorteadas. Pese a las sentencias sobre el proceso, «todavía hay cero responsables a pesar de estar sobradamente testificada la violación de derechos humanos».
J.B. Roig
Artículo publicado en Levante
