El Supremo confirma el saqueo de Emarsa y las penas a los cabecillas
El alto tribunal ratifica el grueso de la sentencia y sólo rebaja la condena a cuatro de los condenados por la sección primera de la Audiencia de València
El Tribunal Supremo confirmó ayer que el saqueo de la empresa pública Emarsa (Entidad metropolitana de aguas residuales SA) se produjo por parte de sus gestores, entre 2004 y 2010 y que ascendió a 23,5 millones de euros. El alto tribunal también ratifica las penas a 9 de los 14 condenados (de un total de 24) que presentaron recursos y sólo estima parcialmente los argumentos de cinco de ellos, a los que rebaja de forma testimonial las condenas.
El fallo pone fin a la tensa espera de dos años y cuatro meses desde que la sección primera de la Audiencia de València impusiera un total de 97 años de cárcel a los 24 acusados del desvío del presupuesto para el tratamiento de lodos en la depuradora de la pedanía de Pinedo. En este tiempo, los seis condenados con las penas más elevadas han esperado en libertad la resolución de sus recursos. Pero en un plazo que puede oscilar entre los cinco (que tuvo al exconseller Rafael Blasco) o los deiciséis días (que tardó la exconsellera Milagrosa Martínez en ingresar en la cárcel), todos deberán elegir centro penitenciario y entrar en prisión.
El exgerente y el presidente de Emarsa son los que recibieron las condenas más duras que ahora ratifica el Supremo. Esteban Cuesta, el enfermero y alcalde pedáneo metido a gerente de Emarsa deberá cumplir doce años de cárcel, a pesar de haber admitido los hechos, que no le han supuesto beneficio penal alguno por los vaivenes en sus declaraciones.
El Supremo señala, sobre el exgerente de Emarsa que «solamente reconoció parcialmente los hechos, sin que ello supusiera una contribución relevante al esclarecimiento de la trama». Y además, tras declarar en el juicio, «presentó un escrito en el que se retractaba de todo lo que hubiera dicho contra los demás acusados. Es claro que en esas circunstancias no es procedente la apreciación de una atenuante de confesión».
La condena a Enrique Crespo, presidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, a diez años de cárcel, también ha sido ratificada por el Supremo, que rechaza todos los argumentos esgrimidos en su recurso.
Al igual que las razones expuestas por José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), también condenado a nueve años de cárcel por la Audiencia de València, que ahora ratifica el Supremo. Crespo y Morenilla alegaron errores de prueba, interpretaciones erróneas por el tribunal, desconocimiento de los hechos, entre otros argumentos.
Pero «las declaraciones inculpatorias de los coacusados Ignacio Bernácer (jefe de explotación de la Epsar), Esteban Cuesta (gerente de Emarsa) y Sebastián García «Chanín» (jefe de informática de Emarsa) supusieron las «primeras pruebas de cargo» para socavar la presunción de inocencia de los condenados, según apunta el fallo del Supremo en un caso en el que «se dispuso frívolamente de unos fondos destinados a un servicio público tan esencial e imprescindible como es la depuración de aguas (…) Esta forma de actuar constituye un claro exponente de corrupción», señalaron los magistrados de la Audiencia de València, palabras que también hace suyas el Supremo.
Bernácer es, de hecho, uno de los principales miembros de esta trama que logró beneficios procesales tras confesar. El exjefe de explotación de la Epsar logró reducir a tres años y seis meses la pena de cárcel -que no ha recurrido- tras admitir el saqueo de la depuradora y devolver parte del dinero.
El Supremo sólo admite parcialmente los recursos de Eva Marsal (esposa de Enrique Arnal) a la que rebaja a dos años y tres meses de cárcel la condena, tras absolverla de falsedad documental pero mantener el delito de malversación de caudales públicos. El informático de Emarsa, Sebastián García «Chanin» también logra una rebaja de seis meses en la pena de prisión, por lo que deberá cumplir 7 años de cárcel.
En mejor posición queda su hermana, considerada su cómplice en la malversación y coautora de la falsedad, por lo que rebaja de tres a dos años la condena. Y, por último, el jefe de medioambiente de Emarsa Adolfo Polo Baixauli también logra una rebaja de la pena: de dos a un año de cárcel.
I. Ballester
Artículo publicado en Levante.emv
