«Fusilaron a mi padre, nos quitaron tierras y ahora, con 90 años, quieren que me calle»

Carmen García Pellón, de 90 años, lo tiene grabado a fuego. Tenía apenas 8 cuando dos guardias y un alguacil tocaron la puerta de su casa. Venían a buscar a su padre, Mariano García Illazorza, en aquel momento concejal de Yesa (Navarra), labrador y miembro de la UGT. Se lo llevaron al cuartel. Esa misma noche, Carmen y su madre fueron a visitarle. Le llevaban cena y una boina. Lo vieron allí, junto a otras siete personas, encadenados por los pies a una mesa. «Dicen que nos llevan a declarar a Pamplona», les informó el padre. «Dale un beso a tu padre. No creo que lo vuelvas a ver», le dijo la madre a la pequeña Carmen.

Y así fue. La niña salió del cuartel con el llanto desconsolado. Esa misma noche una furgoneta recogió a los presos y se los llevó. A mitad de camino, en Monreal, los hicieron bajarse. Todos fueron fusilados. Sus restos aún yacen en la fosa común donde sus verdugos, en nombre de dios y de España, les dieron el tiro de gracia. Este otoño, sin embargo, la familia de Carmen tiene esperanzas en que, por fin, 83 años después, puedan sacarlos de allí y darles el enterramiento digno que merecen.

Este miércoles Carmen tuvo que comparecer en un juzgado de paz. No lo hacía para denunciar el asesinato de su padre ni la represión de la dictadura. Tampoco por las tierras que dice que eran de su propiedad y que ya no lo son. Lo hizo tras recibir una citación judicial. El alcalde de la localidad, Roberto Martínez, la llevó ante el juez para que se retractara de sus palabras, que señalaban al abuelo del regidor, Isidoro Martínez, alcalde franquista de la localidad, como uno de los que se apropiaron sus tierras. También pedía la retirada de un video de Youtube en el que Carmen contaba este episodio de su vida en una investigación de la profesora de instituto e investigadora Nekane Ruano. Pero Carmen rechazó retirar sus afirmaciones. Ella lo ha vivido. Sabe de qué habla.

La probable consecuencia de la decisión de Carmen es que el actual alcalde Roberto Martínez emprenda acciones judiciales contra ella, que pueden ser encaminadas por la vía civil, pero también por la penal. De momento, la familia desconoce la decisión del denunciante. Según estipula la ley, tiene hasta un año de plazo, desde la celebración del acto de conciliación, para formalizar la denuncia o la querella. Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Yesa para recabar la versión del actual alcalde, pero no ha recibido respuesta.

El diario de Noticias de Navarra recoge en su versión de este jueves que el alcalde de Yesa hizo constar ante el juez que Carmen había acusado a su abuelo Isidoro Martínez de «haber robado todo lo que pudo, haber sido un ladrón, apropiarse de todos los terrenos del pueblo y haberse quedado con las tierras de los fusilados». La vecina, por contra, respondió con una relación de propiedades que le habrían quitado y pidió su restitución. El alcalde, por su parte, instó a la vecina de 90 años a demostrar sus palabras.

«Fusilaron a mi padre, nos quitaron tierras y ahora, con 90 años, quieren que me calle. Pero eso no va a pasar. Quieren que tenga la boca tapada y ya te digo que no. ¿Qué conciliación quiere? ¿Cómo me puede pedir que me calle? Se quedaron con tierras que no son suyas», insiste Carmen al otro lado del teléfono. También cuenta que a mediados de los 70 la familia hizo trámites para recuperar algunas de las propiedades y que algunas de las escrituras originales habían desaparecido durante esos trámites en el mismo Ayuntamiento. Carlos, el hijo de Carmen, detalla a este periódico que han ganado en la Justicia varios pleitos, pero que, de momento, nada ha cambiado en el municipio.

Ahora Carmen y Carlos esperan la decisión del alcalde. Si deja el asunto tal y como está o formaliza una demanda o querella. La mujer de 90 años dice contar con la seguridad de quien ha vivido todo el proceso y puede contarlo en primera persona. «No sabemos qué pasará a partir de ahora. Han querido callar y amedrentar a mi madre. Creían que con amenazas judiciales podrían coartarla. Pero se ratificó», zanja Carlos.

De momento, la contradicción es que ninguno de los implicados en el exterminio franquista en Navarra, con cerca de 3.400 asesinatos en la comunidad foral, ha tenido que acudir a los tribunales de justicia para dar explicaciones. Tampoco nadie ha tenido que explicar ni detallar la usurpación de bienes de las personas asesinadas, ni sus roles en, por ejemplo, el Tribunal de Incautación de Bienes, activo en Navarra desde noviembre de 1936. Sin embargo, Carmen sí que ha tenido que acudir ante la Justicia. Lo hace por dar cuenta con su testimonio de la magnitud de la represión y por señalar, con nombre y apellidos, a los que considera responsables de lo que ha sufrido.

La historiadora, investigadora y profesora de Instituto Nekane Ruano, que fue quien recabó el testimonio de Carmen en vídeo, destaca la importancia de este tipo de declaraciones para la necesaria labor de investigación histórica. La entrevista a esta mujer, de hecho, formaba parte de un proyecto de investigación que recopilaba testimonios de mujeres entre 1939 y 1945. «Esta clase de testimonios son claves. Es una fuente primaria. Nos aporta fechas y datos que nos permiten acudir a los archivos, consultar con otras fuentes y documentar este período de nuestra historia. Si se denuncian este tipo de testimonios también se impide hacer una labor investigadora», explica la profesora.

Ruano también señala que hay «muchos datos que permiten pensar» que en la zona hubo, además de una represión sangrienta, otra «económica». Pone como ejemplo otro caso, con diferentes protagonistas, que aparece, como en el caso de Carmen, en la obra Navarra 1936. De la esperanza al terror. Este es el fragmento de la obra que narra el episodio:

«El 5 de septiembre una nueva familia iba a quedar destrozada, posiblemente por móviles económicos. El matrimonio Francisca Alonso y Filemón Losantes, con tres hijos, habían arrendado unas tierras que según testimonios, codiciaban otros. A Gregorio Alonso, hermano de Francisca y ganadero bien situado, le quitaron el rebaño y la carnicería. Se los llevaron a los tres, (Francisca en camisón), al otro lado del Ebro y en el término de Recuenco de Calahorra, los fusilaron. Francisca quedó malherida y arrastrándose dos kilómetros llegó hasta el corral de Ontano donde pidió ayuda. En vez de hacerlo fueron a dar parte y volvieron a rematarla. A Amancio Alonso, hermano menor de los anteriores, lo fusilaron en Zaragoza al día siguiente. Había estudiado para fraile y ejercía de maestro».

La mencionada contradicción se asemeja también a la reciente sentencia judicial que condena a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, a pagar 5.000 euros a los descendientes del exministro franquista José Utrera Molina por escribir en redes sociales el exministro era uno de los «responsables» del asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Nadie ha tenido que rendir cuentas ante la Justicia por los crímenes del franquismo pero sí se piden explicaciones judiciales a aquellos que señalan la represión franquista con nombres y apellidos.

Alejandro Torrús
Artículo publicado en Público