La Fórmula 1 en Madrid: Ayuso quiere para la capital el negocio ruinoso que dejó una deuda millonaria en València

Las cinco carreras que se disputaron en la capital valenciana acabaron costando más de 230 millones de euros a la Generalitat, que ha acabado de pagar las últimas facturas en 2023, más de una década después de que se celebrara el último Gran Premio

Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han presentado el proyecto del nuevo circuito que a partir de 2026 acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1, inédita en la capital desde 1981. De este modo, un recorrido urbano que discurrirá por Ifema y Valdebebas sustituirá al circuito del Jarama, que hace más de cuatro décadas acogía la carrera. El Gran Premio de España se disputa actualmente en el Montmeló (Barcelona) en lo que es la única carrera que se corre en el país desde que València dejara de acoger la máxima competición automovilística en 2012, en lo que fue un negocio ruinoso para las arcas públicas valencianas.

València acogió un total de cinco grandes premios de Fórmula 1 entre 2008 y 2012 en lo que fue una apuesta personal del entonces president de la Generalitat, el popular Francisco Camps. Y a pesar de las palabras del ex Molt Honorable, que aseguró que el circuito urbano iba a salir “a coste cero” para las arcas públicas, la Generalitat Valenciana ha acabado pagando una factura millonaria.

Francisco Camps (al volante) y Rita Barberá durante la presentación del equipo Ferrari en Valencia.

Concretamente, el Gobierno valenciano ha acabado pagando 66 millones de euros por el circuito urbano –el trazado costó 98 millones de euros, de los que 32 corresponde abonarlos a los promotores del sector de El Grau por las cargas urbanísticas, 10 menos de lo adelantado por la Generalitat para asfaltarlo y adecuarlo–. La Administración autonómica tuvo que solicitar en su día un crédito de 60 millones de euros para poder hacer frente a la construcción del circuito, un préstamo que se empezó a pagar en 2016 y que tenía una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones de euros anuales hasta 2023.

A esta partida hay que sumar los 111 millones de euros abonados en cinco ejercicios por el canon anual de la prueba; los 26 millones pagados por la extinta Canal 9 en concepto de derechos televisivos; o la deuda de de 44 millones de la empresa Valmor, organizadora del Gran Premio, que asumió el Consell. En total, los valencianos han acabado pagando más de 230 millones de euros por la ‘fiesta’ de la Fórmula 1.

Imagen de archivo del president de la Generalitat, Francisco Camps, en las inmediaciones del antiguo circuito urbano de Fórmula 1 de València. EFE/Biel Aliño

El trazado por el que hace poco más de una década circulaban a toda velocidad los monoplazas de Fernando Alonso y compañía y sus aledaños –una zona en la que se pagaban precios exorbitantes por el alquiler de balcones y terrazas y donde se podían ver yates de lujo atracados en el interior del Puerto para presenciar las carreras–, acabó acogiendo un asentamiento de chabolas en el que llegó a intervenir la Policía Nacional.

La vía judicial

En noviembre de 2021, el juzgado de Instrucción número 2 de València archivaba la investigación por los contratos tramitados por la empresa pública Circuito del Motor para la celebración de la Fórmula 1 en la capital valenciana, al considerar la magistrada que no había indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental que motivaron la apertura de la causa. Entre los investigados estaban varios cargos de la atapa del PP al frente de Consell como el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig, el exdirector de Circuito del Motor Julio García u otros exdirectivos como Blanca Tomás.

Apenas 15 días después, la misma jueza archivaba también la causa contra Francisco Camps por el aval de la Generalitat a la empresa Valmor para la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Fórmula 1. La instructora consideró “evidente que no se siguió el procedimiento adecuado” en lo relativo al citado aval, pero concluye que “no puede asegurarse que fuera el propio Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por –la sociedad pública– SPTCV, pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto.

Miguel Giménez
Publicado en ElDiario.es