La juez declara que el pazo de Meirás es propiedad del Estado

El juicio sobre la devolución del pazo de Meirás acabó el pasado 9 de julio en A Coruña con el representante de la Abogacía del Estado, Javier Suárez, reclamando “justicia histórica”, pues consideraba que la devolución al patrimonio público supondría una pequeña reparación frente a los abusos de la dictadura. Y la sentencia que se ha conocido en la mañana de este miércoles ha alcanzado ese atributo de hacer historia, pues pone fin, si bien a la espera de los recursos, a una situación muy arraigada y hasta hace poco con apariencia de inamovible, la de que los nietos del dictador eran los dueños de la que había sido la residencia en la comarca coruñesa de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la juez María Canales considera que la operación de compraventa de mayo de 1941 con la que el dictador consiguió que se inscribiese la propiedad a su nombre fue simulada, de manera que se determina “la nulidad de la misma”. Éste era el punto esencial de la demanda de la Abogacía del Estado, surgida de una iniciativa unánime del Parlamento de Galicia que supuso la creación de una comisión de expertos que presidió el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, Xosé Manoel Núñez Seixas.

Los 45 años que han pasado entre el fallecimiento del dictador y la sentencia se explican según la juez a que “la posibilidad de articular un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático”. Resalta también que el Estado “nunca renunció a sus derechos”.

El proceso se inició, a instancias del Parlamento gallego, a partir del trabajo de una comisión que presidió el historiador Núñez Seixas

El pazo de Meirás fue entregado a Franco en 1938, tras ser adquirido por la Junta pro Pazo del Caudillo. Según quedó de manifiesto en las vistas, al no llegar con las aportaciones voluntarias, se recurrieron a métodos coactivos para financiar la adquisición, en el ambiente represivo de la Guerra Civil. La juez anula la donación y señala que, si bien el regalo lo recibe Francisco

Franco Bahamonde, lo hace por su condición de jefe del Estado. Después, en 1941 se efectuó una compraventa, por la que Franco consiguió la inscripción de la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En plena campaña electoral de las elecciones del 12 de julio y coincidiendo con el sobresalto que supuso en aquellos días la aparición de un brote del coronavirus en la comarca lucense de A Mariña, el juicio del pazo de Meirás pasó bastante desapercibido en Galicia. En él los abogados de la familia defendieron que la demanda tenía un trasfondo político y que el propio Estado había reconocido su propiedad al desentenderse durante más de cuatro décadas, apreciación que la juez rechaza.

Anxo Lugilde
Artículo publicado en La Vanguardia