Los fondos buitre siguen planeando sobre la pandemia
Hospital Infanta Leonor de Vallecas, gestionado por el fondo de inversión holandés DIF. © DAVID F. Sabadell
El desembarco de los fondos de inversión especulativos (en adelante fondos buitre) ha dejado infectadas por el “virus de la financiarización” las estructuras sanitarias, de vivienda y dependencia. Consecuencia del proceso de mercantilización por el que las prestaciones de servicios públicos se convierten en negocio para los accionistas de las empresas y los fondos buitre.
Esta deriva puede consolidarse con las medidas previstas para el reforzamiento de los servicios públicos en los actuales planes de reconstrucción.
La Sanidad pública en coma
Las estructuras del Sistema Sanitario Público se habían ido debilitando progresivamente en las últimas décadas como consecuencia de la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que propició la entrada de empresas y fondos privados en la gestión de los servicios públicos. Las políticas de austeridad impuestas por la UE como respuesta a la crisis de la deuda de 2008, con la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada por el gobierno del PSOE y el PP, conllevó una drástica reducción de los recursos presupuestarios asignados a los servicios públicos.
Cuando surge la pandemia ya existe una importante presencia de fondos buitre en la gestión de la sanidad pública. De los siete hospitales modelo PFI (Private Finance Initiative) existentes en la Comunidad de Madrid, seis ya pertenecen a estos fondos. En concreto, el fondo DIF, LBEIP BV (del grupo Lloyd’s Bank), Quaero Capital y, recientemente, Brookfield, tienen el 100% de las acciones de las empresas adjudicatarias en la concesión de los hospitales Puerta de Hierro, Hospital del Tajo, de Arganda, de Coslada, de Parla y el Infanta Leonor de Vallecas.
En la Sanidad privada, un ejemplo paradigmático: el fondo buitre CVC Capital Partners vendió en 2005 la empresa Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC) a Capio, multinacional sueca. En 2010, CVC Capital Partners volvió a entrar en el accionariado y la empresa pasó a llamarse IDC Salud. En 2012 el fondo Doughty Hanson promovió la fusión del grupo USP Hospitales con el Grupo Hospitalario Quirón. En 2014, IDC Salud y el Grupo Hospitalario Quirón se fusionaron en Quirónsalud, con CVC Capital Partners como principal accionista. Finalmente, en 2017 Quirónsalud es comprada por el grupo sanitario alemán Fresenius Helios. Con estas operaciones, el fondo CVC Capital Partners obtuvo unas ganancias de 2.600 millones de euros.
¿Cómo ha actuado el sector sanitario privado ante la emergencia sanitaria? Según la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), a finales de septiembre de 2020, estaban ocupadas por pacientes con covid-19 unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un 11,1%. Estos datos contrastan con las cifras de los hospitales públicos, 28% de camas y 40% camas UCI, según el Ministerio de Sanidad
Y pasan su factura. Según publicaba el 27 de junio Infolibre, los hospitales privados reclaman al Estado 246 millones por el Covid-19. La patronal estima 730 euros por día de hospitalización y 2.304 por día de UCI y pone como ejemplo a imitar el acuerdo con la Generalitat catalana.
Farmacéuticas
Los fondos buitre están también presentes en el accionariado de las grandes empresas farmacéuticas. Por el sistema de patentes, la industria farmacéutica es una de las que obtiene mayores beneficios de todas las empresas en el mundo occidental. Entre nosotros, las grandes fortunas y fondos de inversión controlan las farmacéuticas que cotizan en Bolsa.
Sus intereses no coinciden con los intereses de las mayorías sociales. “El 80% de los fármacos sólo tratan, en vez de curar, ser rentables para la industria”, aseguraba Germán Velásquez, exdirector del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, en el diario Público.
Según publicaba eldiario.es el 25 de mayo una investigación de Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory sobre entidades público-privadas de investigación en la UE revela que las farmacéuticas rechazaron investigar en prevención de pandemias como el covid-19 en la entidad mixta de medicamentos de la UE.
El negocio de las residencias de mayores
En 2017, un 75% de plazas residenciales eran privadas y un 25% públicas. En la Comunidad de Madrid un 92% privadas y un 8% públicas. El negocio, que mueve al menos 4.500 millones de euros anuales, está atrayendo a fondos de inversión, aseguradoras, empresas del ladrillo y grandes fortunas, ya que España será en 2040 el país más envejecido de Europa.
Con frecuencia los dueños reales de las residencias se esconden tras tramas societarias que pasan por paraísos fiscales. De las cinco principales compañías, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea).
Es un sector donde la falta de recursos humanos, la precariedad laboral y la insuficiencia de medios sanitarios ha influido trágicamente en el alto número de fallecidos. En la Comunidad de Madrid, nunca se ha rescindido un solo contrato de gestión de residencias con grupos privados. Las irregularidades detectadas han sido castigadas con unas sanciones ridículas.
Los planes de los fondos buitre
Nos encontramos ahora en una etapa de reconstrucción. El Consejo Europeo de Julio 2020 ha dedicado 750.000 millones de euros, de los que 140.000 corresponden a España, como “Fondo de Reconstrucción” para, entre otros objetivos, mejorar las estructuras sanitarias, y parece que en los Presupuestos de 2021 la inversión en Sanidad se incrementará el 151%. La Comisión Europea emitirá deuda pública para poner a disposición de los Estados estos recursos.
No está claro cómo se va a fortalecer la debilidad estructural de la Sanidad Pública, se están produciendo movimientos estratégicos de los fondos de inversión para incrementar su presencia en la sanidad pública y en la sanidad privada.
Lo vemos en los continuos anuncios en los medios de comunicación sobre los seguros médicos privados. Así como una presión insistente para que, en la sanidad pública, se gestione a través de la fórmula de la colaboración público-privada lo que fortalecerá la presencia de los grupos e inversores más potentes.
La Comunidad de Madrid, se lanza a la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias como el Hospital de Pandemias, un macrocomplejo de 45.000 metros cuadrados con 1.000 camas y mientras, hay plantas y camas de hospitales públicos sin utilizar y se sigue desmantelando la atención primaria en los barrios. Las obras se han adjudicado a dedo por la vía de contratos de emergencia a empresas como las constructoras Sacyr, Dragados, San José y Ferrovial.
Sobre las residencias de mayores no se aprecia ninguna voluntad, no ya de recuperar su gestión pública sino ni siquiera de establecer algún tipo efectivo de sanciones ante el desastre que hemos vivido. Por lo que seguiremos dependiendo de una atención a los mayores cuya preocupación primera sea la de generar dividendos a los accionistas de los fondos que gestionan las residencias.
En cuanto a la financiación se recurrirá prioritariamente al endeudamiento. La subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a las rentas altas y grandes empresas resultará insuficiente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno asegura que no va a subir impuestos. De hecho, el pasado 14 de septiembre, durante el debate del estado de la región la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional acometerá a lo largo de esta legislatura una rebaja de medio punto “en todos los tramos” del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF).
Para amortizar esta deuda, la UE nos planteará, más pronto o más tarde, nuevos recortes y privatizaciones, más reformas laborales, de las pensiones, etc. Notaremos sus efectos en sanidad y en las condiciones de las residencias de mayores. Los fondos buitre, que también invierten en deuda pública, seguirán asegurando su negocio por una doble vía: exigiendo puntualmente el pago de esa deuda y gestionando la prestación de servicios públicos.
Propuestas para la reconstrucción
Por nuestra parte pensamos que hoy el interés general pide que los derechos sociales, reconocidos en la Constitución como “principios rectores”, se blinden como derechos exigibles ante las Administraciones. Los servicios públicos, adecuadamente gestionados, son el instrumento que tiene el Estado para hacer efectivos esos derechos sociales.
No podemos caer otra vez en las mismas prácticas que han debilitado las estructuras sanitarias públicas. Relatores de la ONU han pedido a los gobiernos que no dejen en manos privadas la sanidad, la vivienda, el agua, la educación… “El coronavirus –denuncian- revela los efectos catastróficos de la privatización de servicios básicos. Necesitamos un cambio de rumbo radical.”, denunciaban en eldiario.es.
Para concretarlo hacemos algunas propuestas:
Con carácter general, la deuda termina siendo una herramienta de sometimiento de los pueblos. Cuando haya que recurrir a algún tipo de endeudamiento, habrá que derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución, para que su amortización no se haga a costa de los derechos sociales. Incluso habrá que cuestionar las deudas públicas ilegítimas que han sido contraídas contra los intereses de los pueblos.
Además, habría que impulsar una Ley contra los fondos buitre en relación con la deuda pública y privada que impida operar a estos fondos degradando los derechos sociales básicos.
En cuanto a la financiación de los servicios sociales básicos, se debe garantizar la financiación pública a través de una política fiscal progresiva que garantice los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales, económicas, de género y ambientales.
Para contar con recursos tributarios suficientes se hace preciso cumplir el artículo 31 de la Constitución que establece como principio una fiscalidad justa y progresiva. El Estado español sigue recaudando 6 puntos menos, en relación con el PIB, que la media de los países de la Eurozona. Corregir este desfase supondría recaudar unos 60.000 millones de euros más al año. Habrá que derogar normativas que permiten exenciones privilegiadas a las grandes fortunas, entidades financieras, impuesto de sociedades, fondos de inversión, etc.
Además, hay que movilizar nuevos recursos: Impuestos a las transacciones financieras, a las empresas de la economía digital, etc. Por otro lado, la banca privada deberá contribuir, cuando todavía no ha devuelto los 60.000 millones que el Estado le prestó para la crisis de 2008, a pesar de los beneficios que ha obtenido en los últimos años y el reparto de dividendos a sus accionistas.
En sanidad hace falta el apoyo, fortalecimiento y defensa de la sanidad pública en su gestión, universal, sin exclusiones y de calidad. Para ello, hay que derogar de la Ley 15/97 que permite la entrada del sector sanitario privado en la sanidad pública y recuperar todo lo expoliado de la sanidad pública.
Por otro lado, hay que terminar con el monopolio práctico de las empresas farmacéuticas. Se hace necesario contar con una farmacia pública y la anulación de patentes para asegurar el acceso a los medicamentos. Emitir licencias que permitan fabricar genéricos. La mayor parte de la investigación contra el covid-19 es pública: la vacuna debería ser universal.
Se requiere además, prohibir el modelo de colaboración público-privada en sectores clave, entre ellos, la sanidad pública. Y sería necesaria una ley contra los fondos buitre que impida su entrada en la sanidad pública.
En el ámbito de la Unión Europea, hay que poner al Banco Central Europeo (BCE) a disposición de la gente y que este financie, en todos los estados miembro, la lucha contra el covid-19. Es preciso que el BCE financie directamente a los Estados, al mismo coste con que financia a la banca privada.
Además, se hace necesario poner lo público en el centro del modelo económico. Que el estado tenga capacidad de actuación política frente a los mercados especulativos, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Sea por la gestión directa de los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, sea por su regulación efectiva. Los derechos humanos deben prevalecer ante las prácticas depredadoras de un mercado sin contrapeso ni regulación.
En memoria de Juan Luis Ruiz-Giménez
Eubilio Rodríguez
Ángel del Castillo
Vicente Losada
Juan Luis Ruiz-Giménez
Activistas de la Plataforma Contra los Fondos Buitre
Artículo publicado en El Salto
