No hay decreto de la vivienda: ¿Y qué propuestas hay?

Los problemas de la vivienda no son fáciles, son realmente complejos y poliédricos. No recaen solamente en la responsabilidad del gobierno central, también tienen obligaciones las autonomías gobernadas en su mayoría por el PP y que siempre eluden sus deberes. Y, por supuesto, los ayuntamientos son quienes poseen y administran la mayor parte del suelo disponible. Además, la legislación europea marca líneas rojas. Esto quiere decir que es irresponsable pasarse la pelota entre responsables políticos, cuando todos están implicados con parte de las competencias.

Al problema de la vivienda se le suman muchos factores:

• Es un problema mundial, no solamente de España;
• La población española en los años 50 era de 28 millones, en el 2000 de 40,5 y en la actualidad 49; eso significa 340.000 personas más al año, y unas 136.000 viviendas más al año; sólo por crecimiento demográfico el problema es descomunal;
• La migración interna de lo rural a las grandes ciudades masificadas, donde todos quieren vivir porque tienen más oportunidades de trabajo y de estudios;
• que, cuando se saturan los mercados de vivienda en las ciudades, se dispara el precio de las periferias porque la gente se desplaza a las áreas metropolitanas, con los consiguientes problemas de movilidad;
• Existe una oferta más atractiva de pisos turísticos, que resultan más rentables;
• Los grandes tenedores que están desahuciando gente con el fin de quedarse múltiples propiedades;
• La burocracia de permisos para la construcción, sobre todo en los ayuntamientos, genera retrasos de varios años que, además, disuade a parte de los constructores para invertir en otras áreas más dinámicas;
• Además, y aunque esto no se contemple, hay un gran cambio sociológico en pocas décadas, donde cada vez más la gente vive sola (mayores solos, jóvenes parejas, etc.), lo que demanda mayor necesidad de vivienda;
• Y, por último, porque hace mucho tiempo que no ha habido un plan serio de construcción de vivienda pública, que no es la solución a corto plazo, sino a largo plazo, y en esta España nuestra, en la que es imposible hacer Pactos de Estado, la vivienda se queda fuera de un acuerdo político.

Sin embargo, con todos los problemas y matices encima de la mesa, la realidad es que la vivienda es ya un imposible: emanciparse joven supone un riesgo casi imposible de asumir. La mayoría de las veces supone compartir piso con conocidos o desconocidos, sin apenas intimidad, en condiciones muy precarias, con un espacio propio privado reducido a una habitación, si es que se puede pagar una mísera habitación en un piso con cuatro o seis inquilinos más.

Si la emancipación es en pareja, supone que ambos trabajan y tienen unos sueldos mínimamente dignos para dedicar un salario completo mensual a la vivienda y el otro para vivir dos personas. ¿Cómo formar así una familia?

Según Eurostat, “desde 2015 el precio de compra de la vivienda en España ha subido un 42% y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este régimen han de destinar más del 40% de sus ingresos a esa partida. Tales aumentos han cambiado la estructura de la sociedad: en la primera década de este siglo, el 75% de las familias de entre 30 y 44 años vivían en una casa en propiedad. Ahora son el 55%. Y los que viven de alquiler son el 34%, el doble que entonces”.

Hablar del problema de la vivienda es facilísimo, sobre todo, decir grandes generalidades como yo estoy haciendo. Solucionar el problema es realmente complejo, y no se crean, por favor, a los que ofrecen “milagrosos crecepelos”.

Tengo más dudas que soluciones. Ahora bien, el gobierno de coalición, con todas las dificultades que supone aunar medidas diferentes, intenta poner ideas encima de la mesa. Pero el parlamento español se ha convertido en un frontón donde todo lo que venga del gobierno es un “NO” por sistema, con el fin de asfixiar al gobierno de Sánchez, aunque eso suponga hacer daño a los españoles. Como siempre ha hecho la derecha española: ¡cuánto peor para España, mejor para el PP!

Pero se olvida el PP (quiere hacernos olvidar con ese maniqueísmo suyo tan táctico) que gobierna en la mayoría de las autonomías y multitud de ayuntamientos. Y que, además, no tiene ningún plan de vivienda: no hay vivienda pública, no hay una estrategia. ¿Qué piensan los partidos que dicen NO a este decreto? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Por qué la oposición no tiene la obligación de plantear un modelo, una propuesta, unas medidas positivas?

Lo único que hemos oído es la solemne tontería de Pepa Millán, de Vox, diciendo que la “vivienda se solucionará cuando se vaya Sánchez”. Es un hartazgo escuchar a un PP y Vox que solo saben dramatizar, exagerar, simplificar y ejercer una oposición “basura”, llena de fakenews y malas intenciones, con tal de provocar una caída precipitada del gobierno.

¿Y qué obligación tienen los socios parlamentarios? Porque es cierto que Sánchez se mantiene en el gobierno por el apoyo de sus socios, pero hay que reconocer lo difícil que es gobernar así, la capacidad de negociación y los múltiples equilibrios que hay que hacer.

CONCLUSIÓN:

No sirven las recetas antiguas de la liberalización del suelo, de la ley del mercado campando a sus anchas. Ni tampoco se puede hablar de vivienda pública como un remedio si no existe un Pacto de Estado con el compromiso de que la vivienda esté fuera del debate político.

En un mercado saturado de demanda y con escasez de oferta, se producen dos fenómenos en el alquiler: el primero y más evidente es el alza de los precios. El segundo es menos obvio: la selección de los inquilinos; no solo los menos pudientes son relegados por el precio prohibitivo, sino que los caseros procuran no arriesgar con clientes dudosos de su capacidad económica e intentan alquilar a solventes. Este último fenómeno hace que los nuevos alquileres se estén concentrando en las clases medias y las bajas van quedando fuera del mercado.

Por ello, las medidas de protección a los vulnerables deben ser milimétricamente estudiadas. Si se protege en exceso a los vulnerables ya en alquiler, esto puede dificultar muchísimo el acceso a los nuevos vulnerables; nadie se arriesgará a impagos sin solución si puede evitarlo. Prudencia y rigor legislativo.

La vivienda debería constituir una emergencia nacional, un Pacto de Estado, una negociación de todos los sectores afectados, un diálogo sereno y racional entre expertos y partidos políticos del gobierno y de la oposición. El gobierno, hoy por hoy, solo puede contar con socios parlamentarios dispuestos a revisar con detalle, razones y debate una ley, nacida con buena intención, pero claramente mejorable.

Si cada uno jugamos en nuestro tablero sin compartir las fichas, haremos un juego de suma cero. Y seguiremos haciéndonos trampas al solitario. Me temo que, en esta época de manoseo y polarización, de exageraciones y medias verdades, de derribar al gobierno como sea y a costa de lo que sea, no habrá una solución deseable.

Y todos serán responsables: los que gobiernan, los que ansían gobernar y los que juegan a desestabilizar porque “cuanto peor, mejor para mis intereses”, puesto que la vivienda seguirá subiendo y subiendo hasta la próxima burbuja.

Ana Noguera Montagud