El nuevo gobierno tiene deberes (y se resumen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de alcance mundial y con la vista puesta en 2030, abarcan la erradicación de la pobreza, la acción por el clima, la reducción de las desigualdades o la igualdad de género. Naciones Unidas planteó un sistema de informes voluntarios que los países deben presentar en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social. Han pasado dos años y se han presentado 125 informes, y algunos países han superado la evaluación incluso dos veces. El anterior Gobierno de España tenía previsto presentar el suyo este año. El Ejecutivo entrante debería trabajar mano a mano con el saliente sobre el borrador actual, para convertirlo en un documento definitivo y que su entrega a Naciones Unidas no se demore más todavía. Pero hay muchas más tareas pendientes, y urgentes.
Ley de Cambio Climático
«Es el futuro, no podemos quedarnos atrás», dijo Rajoy en 2015, recién adquiridos los compromisos con el Acuerdo de París. Lo cierto es que llevamos bastante retraso. El expresidente prometió una Ley de Cambio Climático que entraría en vigor en 2017 (el Congreso la había pedido ya cinco años antes) y, a día de hoy, no hay visos de su publicación. Ni siquiera ha entrado en la fase de aprobación parlamentaria. La directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargi, declaró en su día a Ethic que «no querían una ley del Gobierno, sino de todos», y anunciaba un proceso abierto y participativo, que incluso ha contado con una consulta pública a los ciudadanos.
Sin embargo, tal y como recogía recientemente Lainformacion.com, la gestación de esta norma ha estado empantanada por los desacuerdos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Energía, que ha intentado rebajar las exigencias de la Comisión Europea en el recorte de emisiones. La dilación ha llegado a un punto en que la exministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cerró recientemente un borrador sin contar con su homólogo de Energía, Álvaro Nadal, quien anunció después, públicamente, que seguía esperando a la redacción de la norma europea, para trasponerla después. Valvanera Ulargi declaró en una entrevista a Ethic que un grupo interministerial seguía debatiendo las propuestas de cada departamento. De momento, no hay un anteproyecto.
El escenario al que se enfrenta el equipo de Pedro Sánchez es que España se encuentra a la cola de Europa en materia legislativa: Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Irlanda, Malta, Francia, Estonia, Islandia y Suiza ya tienen su propia ley de medidas contra el cambio climático, y Alemania, Austria e Italia cuentan con planes de acción aprobados por sus respectivos parlamentos. Muchas Comunidades Autónomas también toman la delantera: Cataluña aprobó en la anterior legislatura su Ley contra el Cambio Climático (suspendida temporalmente porque el Gobierno la impugnó en el Tribunal Constitucional), el Parlamento andaluz está a punto de tramitar su propia norma y el Govern Balear ya tiene redactada su Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Por el momento, el nuevo Gobierno ha reunido las políticas energéticas y medioambientales en un solo Ministerio, el de Energía y Medio Ambiente, dirigido por Teresa Ribera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático en la legislatura de Zapatero. La nueva ministra tiene como primer cometido reencauzar una ley de acción contra el calentamiento global y dirigir la transición energética para cumplir los Acuerdos de París.
Cabe pensar que, al tener bajo su responsabilidad dos áreas hasta ahora confrontadas como Energía y Medio Ambiente, el procedimiento legislativo cogerá la velocidad de crucero que lleva tiempo reclamando gran parte de la sociedad y el sector empresarial, incluidas 11 compañías del IBEX 35, que reclaman un marco normativo claro sobre la transición energética y la descarbonización de la economía. Pero no es lo único que el nuevo Eejectuvo tendrá que gestionar en lo que se refiere a la energía. El diario El País publicaba el mes pasado que el Gobierno español había rechazado ante Bruselas que la próxima Directiva de eficiencia energética recogiera, de forma detallada, medidas para combatir la pobreza energética.
Por otro lado, el Ejecutivo actual, y más concretamente la ministra Teresa Ribera, deberá hacer frente a la acusación de la Unión Europea al anterior Gobierno, por no ceder a la CNMC la fijación de las tarifas del peaje eléctrico. Hasta ahora han estado en manos del Ministerio de Energía de Álvaro Nadal, un caso único en Europa, por el que Bruselas llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Combatir la pobreza energética pasa por la contención de precios y un uso eficiente de los recursos, pero también por el autoabastecimiento regulado. A tenor de lo manifestado por el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, la derogación del ‘impuesto al sol’ debería estar en la agenda inmediata del nuevo Gobierno. Por el momento, Pedro Sánchez y su equipo ya han comunicado a sus socios europeos que España cambiará su discurso y las políticas respecto a las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Ojalá se traduzca en eso: en políticas.
Artículo publicado en Ethic
