Primera victoria judicial para la ciudadanía contra la ampliación del Puerto de València
La justicia anula la resolución del Ministerio y la Autoridad Portuaria de València no podrá decidir sobre la declaración de impacto ambiental.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido, de manera cautelar, la Resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del 30 de marzo de 2021 mediante la cual se le daba a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la potestad de decidir sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto, en lo que ha supuesto la primera victoria judicial de la ciudadanía.
Si bien se trata de una medida cautelar, desde la Comissió la celebran por ser un respaldo a unos argumentos que llevan defendiendo desde el comienzo de la lucha, dando así esperanzas y confianza en un devenir favorable de los acontecimientos.
Dicha resolución colocaba a la APV en una posición de “juez y parte”, como han calificado desde la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciudadana que aúna los movimientos y entidades en contra del proyecto, puesto que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable es indispensable para que el proyecto pueda echar a andar, algo que es prácticamente imposible de conseguir según numerosos informes tanto técnicos como jurídicos.
Esta decisión devuelve la pelota al tejados del Ministerio de Transición y sobre todo de Puertos del Estado, que deberá pronunciarse sobre una DIA que fue aprobada en 2007, cuando el proyecto era totalmente diferente. “Este es justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar”, ya que choca de frente con el comportamiento “abstencionista e hipócrita” que han mostrado ambos organismos, valoran desde la Comissió.
“En un contexto de emergencia climática e incertidumbre económica, no necesitamos apostar por crecimientos arriesgados”, argumentan. Proponen una alternativa clara: “se debe optimizar la gestión”, para lo que es necesario “racionalizar el uso del espacio infrautilizado y mejorando los procesos de trabajo, implicando a las personas y empresas que trabajan en el mismo”.
Las líneas rojas son también cristalinas: “lo que no se puede es forzar leyes y gastar dinero público para favorecer a un único operador privado”, en alusión al plan de adjudicación de las terminales que se amplíen –una para cruceros y otra para contenedores– a grandes empresas como Balearia o MSC.
Sergio Aires Machado
Publicado en ElSalto.es
