Todos los que detuvieron a Ignacio González

Era difícil encontrar este miércoles en Madrid a un político o un periodista de investigación que no hubiera tenido un papel clave en la detención de Ignacio González. Se trata de una circunstancia feliz, que habla de la excelente salud de dos pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la política y el periodismo. Las loas y alabanzas que en justicia deben hacerse de esos héroes nunca serán suficientes, pero espero que me sepan perdonar si dedico este artículo a hablar de otras personas y asociaciones, que no estaban ayer dándose codazos para salir en la televisión al grito de «fui yo, fui yo», pero a quienes sí he visto luchar durante los diez últimos años para desenmascarar al jefe de esa presunta organización criminal desmontada por la Guardia Civil.

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó dos amplias informaciones sobre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid: en una se desgranaban adjudicaciones sospechosas de Ignacio González, entre ellas la realizada para explotar el campo de golf de Chamberí y que había beneficiado directamente al socio de un hermano de González (Pablo, también detenido ahora), y en otra se explicaba que el político madrileño había adquirido en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros. Un conocidísimo gacetillero publicó diez años después la misma información en rigurosa exclusiva y anda el hombre tan feliz jactándose de sus investigaciones.

¿Y qué pasó con aquella denuncia periodística, basada en documentos oficiales de los registros Mercantil y de la Propiedad? Pues que los medios miraron tranquilamente hacia otro lado. Voy a poner el ejemplo más paradigmático: El Mundo, entonces dirigido por Pedro J. Ramírez, le dedicó al asunto media página en el suplemento local con el siguiente titular: «Polémica por el campo de golf». No, hombre, no, polémica no. Un escándalo mayúsculo. Pero pocas semanas después había elecciones autonómicas y tocaba apoyar a Esperanza Aguirre.

Polémico habría sido saber cuántos millones de euros había inyectado en publicidad el Gobierno de Esperanza Aguirre en los medios de comunicación. Bueno, bien pensado, eso también habría sido un escándalo mayúsculo. Alguna cifra desveló infoLibre. Eran millones que tenían la virtud de transformar los escándalos de corrupción en polémicas menores o directamente en silencio.

Pero no todos se inclinaron ante el poder. La Asociación de Vecinos de Chamberí llevó el tema de la adjudicación del campo de golf a los tribunales. Y pelearon sin descanso para que se terminase declarando la ilegalidad de aquella operación. Allí estaba por ejemplo Hugo Martínez Abarca, ahora diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en aquel momento en la parte honrada de IU. Y mucha otra gente desconocida para el gran público que dedicaron horas y horas a leer farragosos documentos del expediente de adjudicación.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de la Asociación de Vecinos de Chamberí.

En enero de 2009, Público desveló en una veintena de artículos otras escandalosas actuaciones de Ignacio González. Por ejemplo, que la cúpula del PP tenía en su poder un dosier de 69 páginas sobre el abultado patrimonio y las adjudicaciones irregulares del vicepresidente madrileño. O qué González había inyectado 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel.

Hubo entonces diputadas madrileñas, como Inés Sabanés y Reyes Montiel, que hicieron todo lo posible para que aquellos hechos no se enterrasen. Pero se impuso la parte corrupta de IU y se les prohibió seguir dando la matraca con temas tan feos. No merece la pena hablar de aquellos despreciables personajillos que escondidos tras la bandera de la Libertad trabajaban sin descanso para los corruptos. A alguna le pagan aún hoy la nómina.

Pero además de diputadas como Sabanés y Montiel, también ayudaron a destapar aquellos escándalos personas alejadas de la batalla política, que simplemente se acercaban al periodista asqueados al observar el gigantesco saqueo de los fondos públicos. Entre todos ellos sería injusto no acordarse de Javier L, al que la mafia amenazó y persiguió, hasta que lograron que se marchase de Madrid. Ayer, al enterarse de la noticia de la detención del jefe de esa presunta organización criminal, estaba el hombre contento, en una ciudad del sur donde ha reconstruido su vida, pensando que todo aquel acoso al que lo sometieron quizá ha servido para algo. Y también de Juan Carlos F., un simpatizante del PP, honrado a carta cabal, horrorizado porque la mafia había extorsionado a un familiar que se presentó a una adjudicación pública.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de las diputadas Sabanés y Montiel, en contra de Javier L., en contra de Juan Carlos F., en contra de todos los que le pedían que tomase medidas contra su número dos.

En 2012, cinco años después de las primeras informaciones sobre el personaje, el periódico El Mundo se incorporó al reducidísimo grupo de medios que denunciaba los desmanes de González y publicó la primera información sobre el ático de Estepona. Un asunto que llevó a los tribunales el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entonces liderado por José Manuel Sánchez Fornet, cuya insistencia en denunciar el tema y no convertirse en un cómplice más de la corrupción le terminó costando el puesto. Pero Sánchez Fornet no se doblegó ni ante el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. Por cierto que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, aseguró que su conmilitón González había sufrido una investigación «ilegal» por parte de la Policía. ¡Qué ojo, Fernández, siempre del lado confundido de la ley!

Defenestrado Sánchez Fornet, el SUP se retiró como acusación popular en el caso del ático en 2015. Pero entonces cogió su relevo la asociación creada por los afectados del ERE de Telemadrid. Sí, los liberales, tan poco amantes de lo público, saquearon sin piedad la televisión pública madrileña. Llenaron los bolsillos de amigotes como Enrique Cerezo, un íntimo de González, y la fiesta la pagaron 861 empleados de Telemadrid que fueron despedidos cuando las arcas habían quedado vacías. Pero buena parte de ellos decidieron que tampoco se iban a rendir ante la mafia, y en un ejercicio de dignidad ciudadana encomiable, optaron por dar la batalla también en los tribunales y continuaron con la acusación popular por el asunto del ático. Es una obligación acordarse hoy de Alberto, de Celia, de José Ignacio, o de Liliana Pineda, que hizo un excelente trabajo jurídico.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra del SUP, en contra de José Manuel, en contra de Liliana, en contra de Alberto, de Celia, de José Ignacio y de los otros 858 despedidos de Telemadrid.

Ayer se encendieron los focos de ese gran plató en que se ha convertido la política y el periodismo español. Allí estaban todos los héroes de puntillas reclamando su medallita. Todos jugaron un papel esencial en la detención de Ignacio González. Todos llegaron a tiempo para el último directo. Pues vale. Quienes no estaban eran los vecinos de Chamberí, ni Hugo, ni Inés, ni Reyes, ni Javier, ni Juan Carlos, ni José Manuel, ni Alberto, ni Celia, ni José Ignacio, ni Liliana. Ellos se conformaron con estar cuando tocaba, cuando no había focos, cuando la organización criminal te intentaba aplastar si denunciabas sus corrupciones.

P.D.: También hubo cinco periodistas que fuimos denunciados en los tribunales por Ignacio González por desvelar informaciones que no le gustaron al presunto jefe de la organización criminal. Es cierto. Pero eso va en nuestro sueldo y se supone que es parte de nuestro cometido profesional: controlar al poder.

Manuel Rico
Artículo publicado en Infolibre.