«Una plataforma anticorrupción propone castigar al instigador con 10 años sin contratos» Parra.
28 profesionales de reconocido prestigio de toda España (ocho catedráticos y profesores universitarios, seis abogados, cuatro jueces, tres arquitectos, etc) han presentado este lunes en la Universitat de Valencia la iniciativa Sociedad Civil contra la Corrupción (SCC) con el objetivo de rebelar a la sociedad valenciana y española contra una realidad que consideran inasumible. Han participado y suscriben las 99 propuestas: Adela Cortina, Almudena Bernabéu, Ana Móner, Aurelio Martínez, Elena Alday, Esther Monasterio, Ignasi Carreras, Inés Olaizola, Javier Vilalta, Jesús Bartolomé, Jesús Conill, José Antonio Sanahuja, José Luis Zaragosí, José María Tomás, José Ramón Juaniz, Juan Añón, Julián Ríos, Luis Cueto, Luis Miguel Romero, Mabel Manglano, Manuela Carmena, Manuel Ayala, María Tomás, Pedro Luis Viguer, Pepe González Cussac, Vicente Martínez, Vicente Ríos y Ximo García Roca.
Nace fuera de las formaciones políticas y antes de que comience la campaña electoral con la pretensión de invitar a los partidos y a los poderes públicos a adoptar este «catálogo de mínimos, nacido de la exigencia de la ciudadanía, para forzar un compromiso firme contra esta perversión», que recuerdan es la segunda causa de preocupación de los españoles. Según el magistrado y presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, José María Tomás y Tío, «la corrupción que llega a los medios de comunicación es la punta del iceberg», pero hay medidas que se pueden aplicar para erradicar esta actitud de la vida pública. Por ello, han redactado una batería de 99 propuestas («no soluciones») de efectiva aplicación. La medida 100 no está contemplada en el texto, porque el magistrado Tomás y Tío, (presidente de la Fundación por la Justicia) e impulsor de la iniciativa ha explicado que «es la decisión de cada uno de que estas 99 propuestas merecen la pena». La plataforma además espera crear un Observatorio de la Corrupción en España y un foro anual de seguimiento de la corrupción. De momento tienen previstas presentaciones en Madrid, Barcelona, Pamplona y Murcia, aunque no descartan nuevas adhesiones.
CASTIGAR AL CORRUPTOR.
Entre la bateria de propuestas (consensuadas por los 28 firmantes) el catedrático de Economía Aplicada, Aurelio Martínez, ha incidido en la necesidad de castigar al corruptor y ha señalado, por ejemplo, que se debería imponer a estas empresas (además de la pena de cárcel pertinente) la imposibilidad de que la mercantil corruptora pudiera subscribir contratos con ninguna administración pública durante un plazo de diez años. Y si la empresa fuera extranjera gravarle sus productos con un 5% de IVA. Además, apuntan la necesidad de reducir a un tercio los cargos públicos y dejarlos en 150.000 en España (frente al medio millón actual); una estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales; y mayores penas a los políticos o funcionarios que cometan delito en el ejercicio de su cargo. Y es que según han señalado los ponentes de la plataforma, las cifras de la corrupción asustan. En España, según Aurelio Martínez, hay dos estudios que han hecho el cálculo y suponen 10.400 millones de euros anuales, es decir, un 1% del PIB. El segundo trabajo va más allá y cifra la corrupción anual en 40.000 millones de euros, el 3,5% del PIB. «Cualquier cifra, aunque sea la primera, es insoportable», ha manifestado Martínez.
Martínez también ha señalado que con voluntad política se podrían erradicar los paraísos fiscales ya que, ha afirmado, son parte del problema. Según la ONU ya hay 6 billones de dólares de las grandes fortunas en dichos paraísos, un dato que supone un fraude fiscal de 140.000 millones de dólares al año.
REFLEXIONES ÉTICAS.
La catedrática de Ética, Adela Cortina, ha manifestado que la sociedad «está desmoralizada» ante la corrupción. Y para cambiar esta actitud ha dicho que hay que crear sinergias entre empresas y sociedad civil que obligarán a los políticos a pasar a la acción: «Hay que juntar esfuerzos para acabar con la corrupción», concluía. A su juicio, «cualquier desviación de los recursos públicos es un robo que lo único que hace es generar mayor pobreza». Y ha añadido que se está pervirtiendo la democracia porque no se destina lo que se debería a recursos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. Además, ha incidido en que los sociólogos hablan de corrupción negra (que no se permite), gris (se permite con matices) y blanca (se consiente) y en los últimos tiempos la sociedad española ha sido «demasiado permisiva» e incluso «baja de moral». Y se ha referido a los muertos por la inmigración en Italia, o el ébola, «que parece que no pasa nada y no hay dinero ni recursos mientras no llega el problema a nuestras puertas». En su opinión, «la corrupción es indigna e indignante».
FIRMANTES DEL TEXTO.
A los firmantes del texto, especialistas en los distintos campos dónde han redactado sus propuestas (administración pública, consumo, derecho, economía, ética, justicia, medicina, organización empresarial, psicología, sociología y urbanismo), les une su preocupación compartida con la ciudadanía por la degradación social y moral de la sociedad.
Enrique Parra.
Artículo publicado en ValenciaPlaza.
Artículo publicado en ValenciaPlaza.
