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València, una Capital Verde Europea ennegrecida por PP y Vox

María José Catalá descarta proyectos de renaturalización y peatonalización como el “bulevar cultural” en el centro o en la Avenida del Puerto. Mientras, la ultraderecha afirma que “no cree” en el premio. La Comisión Europea recuerda que València tiene “la responsabilidad de cumplir las ambiciones declaradas y promoverlas activamente”.

El pasado 11 de enero se celebró oficialmente la apertura de “València Capital Verde Europea 2024”, un reconocimiento de la Comisión Europea dotado con 600.000 euros a ciudades de al menos 100.000 habitantes que se encaminen “hacia una transición ecológica ejemplar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes”. En palabras del Consejo de la UE, la premiada es la “ciudad europea abanderada de la sostenibilidad, de las políticas medioambientales y de la mejora del entorno urbano”.

Se supo que València recibía este prestigioso galardón en octubre de 2022, bajo la alcaldía de Joan Ribó y con unas políticas dirigidas por Compromís y PSOE. No era casual: respondía al cambio de modelo que iniciaron en 2015 y que se prolongó hasta 2023. Ahora, la ciudad está en manos de María José Catalá (PP), que gobierna junto a un partido, Vox, que directamente niega el cambio climático. La presidenta ultraderechista de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, es un ejemplo de ello: el pasado verano dijo que el aumento de las temperaturas no tiene relación con la acción humana. Con ellos en el poder, ¿seguirá siendo València una capital europea realmente verde?

¿Por qué es València la Capital Verde Europea 2024?

Para la concesión del distintivo de la Capitalidad Verde Europea, la Comisión Europea valoró positivamente 12 indicadores en València: la calidad del aire, la medición del ruido, gestión de los residuos, la calidad del agua, la naturaleza y la biodiversidad, los usos sostenibles del suelo, la ecoinnovación, la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la movilidad, el rendimiento energético y gobernanza.

Un portavoz de la Comisión Europea explica que València fue reconocida en 2022 como Capital Verde Europea para 2024 por sus “logros pasados ​​en el ámbito del turismo sostenible, la neutralidad climática, así como la transición verde justa e inclusiva”. “La ciudad también ha demostrado su compromiso con la mejora de la calidad del aire y la restauración de ecosistemas naturales, como los ecosistemas dunares y de humedales de la Devesa, y también estimula una producción alimentaria más saludable, sostenible e inclusiva a través de su ‘Programa Barrio y Alimentación’”, añade. Asimismo, valoraron el compromiso con la movilidad sostenible o que el 97% de los habitantes viviera a menos de 300 metros de zonas verdes urbanas.

Para aspirar al premio, el consistorio presentó un listado de seis buenas prácticas, en cuya elaboración tuvo un papel fundamental el entonces vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo: la Misión Climática València 2030, con la que la ciudad se compromete a reducir las emisiones climáticas en un 55% para entonces y aspira a la neutralidad en 2050; contratación pública de innovación orientada a la descarbonización de la ciudad; el impulso a la movilidad a pie y en bicicleta, donde destacaban la recuperación de más de 150.000 m2 para peatones entre 2015 y 2021 (con nuevas calles para viandantes, ampliación de aceras y peatonalizaciones clave como en el centro, como las del entorno de La Lonja y el Mercado Central, plaza de la Reina o plaza del Ayuntamiento); la transformación del suelo urbano en infraestructura verde, con proyectos entre los que citaban el gran corredor València Sur o la apertura a la ciudadanía de La Marina; la gestión municipal del Parque Natural de l’Albufera; y la confluencia de huerta urbana y huerta periurbana, destacando la Ley de l’Horta aprobada en Les Corts Valencianes para su protección  ante la especulación urbanística y el Plan de Acción Territorial para su desarrollo y revitalización, así como la creación del Observatorio Ciudadano de l’Horta y el proyecto Mans a l’Horta, para reforzar el tejido productivo, profesional y social del sector agrario.

En la candidatura no olvidaron el papel esencial que tuvo la ciudadanía en la configuración actual de la ciudad, con menciones a luchas como “El río es nuestro y lo queremos verde”, que logró parar la construcción de una gran autopista urbana en el antiguo lecho del Túria y, gracias a ello, hoy es el jardín urbano más grande de España; o “El Saler para el pueblo” que, en el ocaso de la dictadura franquista, frenó parte de los planes urbanizadores megalómanos en la Devesa, junto a l’Albufera. También mostraron fotos de huertos urbanos de Benimaclet, unos de la Asociación Vecinal que ganaron tras luchar contra el BBVA –que era propietario de los terrenos-, y otros gestionados por otra parte del vecindario del barrio.

Asimismo, citaron otros proyectos como Réquiem in Power, la mayor planta solar urbana de España, sobre los nichos de los cementerios municipales; la instalación de 18 fuentes de agua filtrada y refrigerada; o haber sido la primera ciudad en calcular la huella hídrica de su turismo.

Desde junio de 2023, la gestión de la Capitalidad Verde Europea y de la neutralidad climática para 2030 está en manos de PP y Vox. Para el concejal Sergi Campillo (Compromís), “se ha hecho una capitalidad de muy baja intensidad, a puerta cerrada, no se ha abierto a la participación, porque este gobierno no comparte el espíritu de las capitales verdes”. Así, critica que en el programa de actos, casi todos se hacían antes de recibir el galardón, como la Semana Europea de la Movilidad o el Día Mundial de las Abejas: “Se ha hecho un programa de mínimos para pasar el año y que no tenga demasiada trascendencia, porque en la ciudad prácticamente nadie se está enterando”.

Por otro lado, el edil de Compromís lamenta la insistencia de María José Catalá de emplear este reconocimiento como un impulso turístico para València: “No es un galardón para la posición de marca de la ciudad y para atraer todavía más turistas o inversiones, sino que representa un modelo de ciudad, con él te comprometes a ser un faro para el resto de ciudades europeas. Nosotros creemos que València ya está recibiendo muchísimos turistas que están afectando a la vida de los barrios. El objetivo principal de la Capitalidad es mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la ciudad, no posicionarnos para que vengan todavía más visitantes. Pero todo lo hacen con ese discurso y es agotador”.

Campillo recuerda que València tiene aprobada una Estrategia Urbana 2030, muy participada por agentes sociales, el marco estratégico que marca la dirección hacia la que ha de avanzar la ciudad de cara al futuro. Sin embargo, lamenta que “no lo derogan”, pero tampoco “lo desarrollan”: “Ahora tenemos un modelo de ciudad que va hacia atrás o que está frenando los proyectos más ambiciosos para hacer la ciudad más verde o sostenible. Todavía no sabemos qué modelo quieren, más allá de turismo, turismo y turismo, y poner freno a todas las políticas ambientales ambiciosas”, lamenta Campillo. ¿Es así? ¿Están las políticas de PP y Vox alineadas con el modelo de ciudad que premió Europa en 2022?

Vox “no cree” en la Capitalidad Verde Europea

Para empezar, Vox nunca se ha mostrado cómodo con todo lo relacionado con la lucha contra el cambio climático. En la celebración del premio en el Ayuntamiento de València en 2022, cuando tenía dos regidores, fue el único partido ausente. Estando en el poder, ninguno de sus concejales se presentó a la inauguración de los actos; tan solo acudieron dos (de los cuatro que tiene) a la noche, a la ceremonia oficial de inauguración: Juanma Badenas y José Gosálvez. El primero dejó claro, en todo caso, que no estaba por gusto: “Ideológicamente no creo en la Capitalidad Verde Europea”. Aún más, cuestionó su idoneidad: “Me han dicho desde Vitoria que realmente no tiene un gran reporte esto y que, al contrario, lo que supone son bastantes gastos”. Por otro lado, Vox fue el único partido que votó en contra de pedir al Gobierno español que declare el evento como “Acontecimiento Excepcional de Interés Público”, como ocurrió con Vitoria-Gasteiz, en el pleno municipal, y que otorga exenciones fiscales a las empresas que colaboran con él.

Este partido de ultraderecha ha hecho gala en diferentes ocasiones de su negacionismo climático. En un acto en Jaén, miembros de la formación valoraron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como “una imposición de forma de vida que busca acabar con la actual” y “una clara herramienta de adoctrinamiento”. En una lona gigante que instalaron en la calle Alcalá de Madrid el año pasado, directamente salía una mano tirando a la basura la Agenda 2030. Para la concesión de la Capital Verde Europea, la Comisión Europea valora los esfuerzos de las ciudades por desarrollar medidas recogidas, precisamente, en los ODS y en el Pacto Verde Europeo.

El PP rechaza proyectos de renaturalización y nuevas peatonalizaciones

El PP no niega directamente el cambio climático, pero lo cierto es que defiende y aplica políticas que van en la dirección contraria a su mitigación y adaptación, promoviendo, sobre todo, el tráfico rodado en detrimento de peatones y ciclistas. En el medio año que llevan en el poder, han implementado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) solo en el centro y con una aplicación más que descafeinada: se vetará el acceso a los coches más contaminantes, pero únicamente en días de máxima contaminación (una posibilidad que los expertos consideran remota), y han descartado emplear las mediciones de calidad del aire de la Universitat Politècnica de València porque implicaría mayores restricciones.

Además, el gobierno local de María José Catalá ha remodelado las líneas de la EMT, con lo que vuelven a pasar cinco líneas y 600 autobuses diarios por vías semi-peatonalizadas como la calle de la Paz, la plaza de la Reina, la calle San Vicente y la plaza del Ayuntamiento, y que incluye la reducción de aceras para viandantes. Esta medida se ha tomado contra el criterio de los propios conductores de los autobuses y de informes técnicos del consistorio, así como de taxistas y colectivos sociales. De hecho, la costumbre ya adoptada por la ciudadanía de ocupar la calzada ha obligado a desviar algunas líneas por alta concentración de peatones.

Por otro lado, las políticas de renaturalización que son aplaudidas en Europa, tampoco acaban de gustar al gobierno de PP y Vox. Así, han dado carpetazo a la reforma del eje Guillem de Castro-Xàtiva (el entorno de l’Estació del Nord de València), el llamado “bulevar cultural”. La zona iba a pasar del 28% al 60% de espacio peatonal, con lo que se iban a ganar 18.000m2 para los viandantes; también se eliminaba el túnel de Àngel Guimerà.

Catalá ha renunciado igualmente al proyecto de renaturalización de la Avenida del Puerto; en este caso, iba a pasar de cuatro a dos carriles para tráfico rodado y el aumento del 35% del espacio peatonal, que iba a ganar 25.000 metros cuadrados. Asimismo, han modificado el plan de reordenación de la avenida de Pérez Galdós y Giorgeta para dejar dos carriles al tráfico privado, como hasta ahora, y no reducirlo a uno, como quería el gobierno de Compromís y PSOE. Según Catalá, con ese proyecto “la ciudad colapsaría”, obviando que, normalmente, lo que ocurre es que a más carriles, más tráfico. Eso implica más emisiones, ruido y menos espacio para la movilidad sostenible, un cóctel que aleja a València de las reducciones de emisiones a las que se comprometió para 2030.

En cuanto a la infraestructura ciclista, que se incrementó y mejoró ampliamente con el gobierno de izquierdas, de momento María José Catalá ha desmantelado el carril-bici que unía el barrio de San Isidro con la Fuensanta a través del polígono industrial de Vara de Quart para transformarlo en una ciclocalle con velocidad limitada. Advirtió que “vendrán más actuaciones” similares para “ganar espacio para el vehículo y seguridad para el peatón”. Además, el PP ha encargado a dedo una auditoría de seguridad viaria de los carriles-bici a la empresa madrileña CPS. Tanto Compromís como PSPV han criticado esta contratación porque “el principal problema de seguridad de València es consecuencia de las infracciones del tráfico motorizado” (más del 70% de los siniestros viales de la ciudad son de coches y motos). La auditoría privada cuestionará, por tanto, el trabajo de los técnicos municipales que elaboraron y firmaron los proyectos.

Es importante mencionar, asimismo, la ampliación norte del Puerto de València, aprobada el pasado 19 de diciembre en el Consejo de Ministros conformado por PSOE y Sumar (aunque estos votaron en contra). Este no es un proyecto de PP y Vox únicamente, ya que lo han impulsado con el PSOE, como quedó retratado con el brindis con el ministro Óscar Puente. Es todo un paradigma de macroinfraestructura contra la Agenda 2030 y que cuestiona la Capitalidad Verde Europea de València, con fuertes impactos contra la biodiversidad y el medio ambiente, contra la salud de las personas (por su contaminación atmosférica y acústica), que incrementa el tráfico rodado, que promueve un sistema de comercio global insostenible (con mercancías que viajan de una punta a otra del planeta y megabuques que se mueven con petróleo de baja calidad), etc.3

Un modelo de ciudad que promueve el uso del coche

El gobierno local de PP y Vox, en estos seis meses, han ido dejando pistas de su modelo de ciudad, pensado por y para facilitar la movilidad en coche. Si el anterior gobierno descongestionó el centro y limitó su uso como atajo para atravesar la ciudad, por ejemplo, ahora la derecha está volviendo a incentivar su uso. Lo vemos con la reapertura al tráfico privado de la céntrica y comercial calle Colón desde la plaza Porta de la Mar a costa de eliminar un carril para el transporte público (buses y taxis). Con esta medida se han vuelto generar atascos y se ha incrementado la contaminación acústica y atmosférica: según los datos de Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos de València analizados por la Asociación Mesura y València per l’Aire, la media de todos los indicadores de la ciudad empezaron a subir desde junio de 2023, cuando la derecha logró el poder. Una tendencia que se ha consolidado con el paso de los meses.

En junio todavía no habían puesto en marcha medidas para fomentar el uso del transporte privado en València, pero el ingeniero José Manuel Felisi lo explica como algo “psicológico”: “Más que las políticas, se coge más el coche por el discurso. El cambio de discurso fomenta un cambio de hábitos”. Además, señala que es la primera vez desde 2019 que el “Anillo 0” (el que pasa por la calle Colón) ha registrado un aumento del tráfico (en diciembre de 2023, coincidiendo con la reapertura a los coches desde Porta de la Mar).

Este medio se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para conocer su punto de vista sobre las políticas de movilidad que está llevando a cabo el nuevo gobierno local de València, a lo que se han limitado a responder que “el objetivo de la Capital Verde no es encontrar una ciudad sin fallas, sino apreciar el progreso existente en áreas seleccionadas e inspirar e incentivar nuevas acciones a través de financiación, reconocimiento y sensibilización”. Sobre la negación de Vox de los premios y del cambio climático, no han hecho declaraciones.

Aunque dice que María José Catalá “renovó el compromiso de València” con la Capitalidad en 2023, subraya que “el premio conlleva la responsabilidad de cumplir las ambiciones declaradas y promoverlas activamente”. “La Comisión y la Secretaría de la European Green Capital Award están en contacto permanente con la ciudad de València, realizando un seguimiento del desarrollo de las actuaciones y de la ejecución de las actividades previstas”, añade el portavoz.

Desde la CE explican que se requerirá a València un informe ex post que evalúe el impacto del premio en la ciudad, que se completará y estará listo para su publicación seis meses después del final del año de adjudicación. También se pedirá un informe de actualización a los dos años. Finalmente, la ciudad será invitada a presentar sus logros cinco años después en los eventos de la Capital Verde Europea.

Críticas desde el ecologismo

La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, integrada por diferentes organizaciones ecologistas, no ha visto con buenos ojos la celebración de la Capitalidad Verde Europea 2024 de María José Catalá. Tras la apertura de los actos, acusaron duramente a la alcaldesa por “tomar el pelo a la ciudadanía” al “aprovecharse de recibir un título” que “no ganó ni ganaría ella con sus políticas depredadoras del medio ambiente”.

Recordaron que “avala y promueve la mayor agresión ambiental que va a sufrir esta ciudad”, que es la ampliación del Puerto de València, que “supone construir un descomunal y contaminante polígono industrial/aparcamiento de contenedores” en la fachada marítima, con afecciones a las playas, Albufera y huerta y “amenaza” la “salud y calidad de vida” de la ciudadanía.

“Los mismos que pretendieron convertir el cauce del Turia en autopista o que defendieron la urbanización de la Devesa del Saler son los que defienden la ampliación del Puerto, pero de nuevo se enfrentarán con la ciudadanía consciente: los vamos a desenmascarar ahora, como lo hicimos entonces”, advierten desde la Comissió Ciutat-Port. De hecho, la destrucción de más de 700.000m2 de huerta productiva en La Punta para construir una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) portuaria –que hoy es un polígono fantasma- fue obra del gobierno del PP de Rita Barberá.

Raquel Andrés Durà
Publicdo en ElSalDiario.com

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