España es diferente, y Murcia más
Decía Ángel Viñas, hace unas semanas, que estaba de acuerdo con el eslogan «España es diferente» que en su día acuñó Fraga. Pero mientras el ya fallecido exministro de Franco pretendía llamar la atención sobre las excelencias de nuestro país con la finalidad de atraer a los turistas, el insigne historiador se refería a la anomalía política en que vive España desde la instauración de la dictadura del 18 de Julio hasta el presente, sustanciada en la distorsión en la que se desenvuelven nuestros parámetros políticos respecto de los que rigen en las democracias europeas.
Dicho de otro modo: estamos muy desplazados hacia la derecha. La cultura política española adolece de poseer un ADN muy reaccionario que hunde sus raíces en la ausencia de la interiorización en su seno de los ideales de la Ilustración y la revolución burguesa. El militarismo cuartelero, el caciquismo y el clericalismo medieval sobrevivieron, merced al golpe del 36, a los intentos de su superación por parte de la II República. La transición sin ruptura con el franquismo en el 78 hizo el resto, posibilitando la supervivencia de sólidos rescoldos de aquellos vicios históricos que en estos momentos de crisis afloran con inusitada fuerza, reflejo de la prevalencia crónica de una oligarquía y unas élites del Estado hostiles a cualquier proceso de modernización de la sociedad, pese a la presencia actual en el Gobierno de la izquierda transformadora.
Veamos algunas de las más relevantes y actuales manifestaciones de este atraso español. En primer lugar, llama poderosamente la atención, también en Europa, la actitud condescendiente que toda la derecha registra hacia la extrema derecha, así como el blanqueo continuo de ésta por una gran parte de los medios de comunicación. Todos estos sectores no dudan en calificar a esta corriente política como democrática y constitucionalista. No importa que proponga la supresión de las autonomías, la ilegalización de una parte importante de los partidos parlamentarios, la criminalización de los inmigrantes; que mantenga una actitud negacionista respecto de la violencia machista o el cambio climático; que difunda continuamente bulos que incitan al odio hacia colectivos vulnerables; que se niegue a llamar presidenta a una mujer que ostenta la presidencia de una institución, retrotrayéndose en este sentido a finales del siglo XVIII; que pida la deportación de un ciudadano español por ser negro y/o de izquierdas; que proponga, en fin, una fiscalidad que atenta contra la progresividad que establece la Constitución, con la clara finalidad de descapitalizar los servicios públicos.
Muy conectado con lo anterior, padecemos la presencia intensa en los aparatos de Estado (judicial, policial, militar) de sectores ultras, cuya sensación de impunidad llega hasta el punto de no tener escrúpulo alguno a la hora de montar ‘policías patrióticas’ destinadas a encubrir la corrupción de la derecha y fabricar pruebas falsas contra la izquierda. Tampoco guarda las formas un poder judicial que, alentado por la derecha parlamentaria, se atrinchera en sus cargos obstruyendo su constitucional y obligada renovación. O legaliza el expolio, por parte de Franco, de los bienes muebles del Pazo de Meirás.
En Madrid puede ganar unas elecciones alguien que ha impedido la atención hospitalaria de ancianos y ancianas residentes, ha destruido la sanidad pública y ha endeudado a la Comunidad autónoma al perdonar cientos de millones en impuestos a los más ricos. En un alarde de simplismo que ofende la inteligencia, asimila libertad a poder tomarse, en medio de una pandemia, una cerveza con los amigos en un bar. Y su partido está siendo procesado por varios delitos de corrupción.
Pero el viento de derecha no afecta sólo a los conservadores. También sopla para una socialdemocracia que mantiene una posición equidistante entre el fascismo y la izquierda, identificando a ambos como los ‘extremos’. Como si se pudiera equiparar a quien pretende cercenar derechos y libertades con quien aspira a consolidarlos y ampliarlos. Una socialdemocracia, en este caso madrileña pero con sólidos anclajes en el ejecutivo del Estado, que hace suyo el discurso liberal sobre los impuestos, alejándose de las corrientes mundiales, transversales, que abogan por gravar la riqueza y el patrimonio como medio para salvar el capitalismo. Por no hablar de su condescendencia, en connivencia con la derecha, hacia una monarquía salpicada por los escándalos y la decadencia.
En nuestra Región de Murcia se condensan todas las esencias de la caverna ibérica. Aquí el Gobierno de la derecha ha comprado, transfuguismo y reorganización irregular de grupos parlamentarios mediante, el Parlamento regional, acabando con todo vestigio de separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. El líder de la ultraderecha estatal (favorita electoralmente en esta tierras) se reúne con el sector agroexportador para prestar su apoyo a la negativa empresarial a cumplir siquiera con las tímidas medidas de protección que contempla la Ley del Mar Menor para esta albufera. La flamante consejera de Educación exhibe un negacionismo respecto de la vacunación que ha dejado estupefacto a medio mundo; y postula la ilegal censura parental contra la libertad de cátedra y la educación en valores.
Es evidente que, bien reseteamos el sistema, bien nos precipitamos hacia la decadencia. Quizá va siendo hora de recuperar, actualizada, aquella noción de ruptura democrática, en clave republicana y federal, que manejábamos hace más de 40 años. No veo otra manera de evitar la irrupción definitiva, en nuestras vidas, de las fuerzas oscuras.
José Haro Hernández
Publicado en La Opinión de Murcia
