El declive de los presupuestos participativos en España
Los presupuestos participativos son un raro ejemplo de democracia directa municipal, puesto que los ciudadanos/as del municipio pueden asignar en votación una reducida fracción del presupuesto municipal a determinadas actividades, esto es, no votan únicamente a sus representantes locales, como en las Comunidades Autónomas y el Estado, sino que además deciden políticas concretas.
Es un ejemplo atípico, porque en España los dos instrumentos clásicos de democracia directa son una asignatura pendiente. La iniciativa legislativa popular después de un largo proceso iniciado por medio millón de personas cae en manos de los parlamentarios, que pueden hacer con ella lo que quieran (cabe en los dedos de una mano las iniciativas aprobadas). Del referéndum de iniciativa popular, presente en países cercanos al nuestro, no podemos hablar porque no existe. Los constituyentes de 1978 únicamente se ocuparon del fortalecimiento de los partidos políticos y se olvidaron de nosotros, los ciudadanos/as.
Los presupuestos participativos surgieron en España en los inicios del siglo XXI. Tras un periodo inicial de implantación en numerosos municipios fueron poco a poco decayendo. He aquí algunas causas con remisión a hechos recientes que sirven como ejemplos.
La aminoración o supresión de los presupuestos participativos
Los gobiernos conservadores que sustituyen a los gobiernos progresistas en una gran mayoría abandonan los presupuestos participativos. Pongo los casos emblemáticos de Sevilla y Córdoba, dos municipios pioneros que mantuvieron sucesivas ediciones de presupuestos participativos hasta que los partidos conservadores ganaron las elecciones locales. En Sevilla comenzaron en 2002 con el PSOE (alcalde Monteseirín) y fueron suprimidos por el PP en 2011 (alcalde Zoido). En Córdoba empezaron en 2001 con IU (alcaldesa Rosa Aguilar) y fueron anulados por el PP (alcalde Nieto).
Son muchos los casos de la aminoración o directamente el abandono de los presupuestos participativos por los nuevos equipos de Gobierno local del PP. Quizás el caso más mediático por sus consecuencias judiciales sea la eliminación de los presupuestos participativos en el municipio de Madrid tras la sustitución de la alcaldesa Carmena por el alcalde, todavía hoy con mando, Martínez-Almeida. Le faltó tiempo a la portavoz para anunciar a todos los vientos el propósito de «modificar el modelo de participación del anterior equipo de gobierno, dado que no ha servido más que para dar cobertura a afines al anterior equipo».
El autoritarismo de los alcaldes
A la anulación de sucesivas ediciones anuales de los presupuestos participativos se une el autoritarismo de no pocos alcaldes de derecha que eliminan la ejecución de presupuestos ya aprobados por anteriores Gobiernos de izquierda. Caso paradigmático, de nuevo, el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Supremo en una reciente sentencia 498/2026 anuló la resolución del alcalde Almeida, que consideró “sobrevenidamente inviables” 232 (sic) proyectos de presupuestos participativos de los años 2016 a 2019 ya declarados técnicamente viables por el Gobierno anterior. La razón del tribunal era que la resolución había sido tomada directamente por el alcalde sin la participación de los concejales del Ayuntamiento.
La inejecución de numerosos proyectos participativos
La existencia de numerosos proyectos participativos no ejecutados. El retraso enorme en la ejecución de muchos de los presupuestos aprobados es la causa del descontento de mucha gente y de las críticas de los grupos municipales de oposición. En este punto se lleva la palma Valladolid en la falta de ejecución de los presupuestos participativos aprobados. En un Pleno del Ayuntamiento de marzo de 2020 el partido político Ciudadanos criticaba que varios presupuestos participativos de 1917 seguían sin ejecutarse. En un informe de la SER de febrero de 2026 se comunica que existen en el municipio de Valladolid 68 presupuestos participativos ya aprobados y no ejecutados, que pertenecen a los años 2017, 2019 y 2021 (en este año 20 presupuestos). Son los años en los que precisamente es alcalde de Valladolid Óscar Puente (PSOE) desde 2015 a 2023, hoy ministro de Transportes, en la primera línea del escenario político.
Las migajas de los presupuestos participativos
La escasa cantidad asignada por el Consistorio a los presupuestos participativos, que además es decidida por el pleno municipal y para actuaciones concretas (únicamente reformas en el capítulo de inversiones). Nuestros representantes municipales no permiten más que algunas módicas cantidades presupuestarias, con frecuencia menos del 1% del presupuesto municipal (entre el 0,5% y 2% según el INAP), para que con ellas la vecindad decida qué hacer. Estas cantidades son mayores o menores según el consistorio – más grandes en los de izquierda que en los de derecha- pero migajas, al fin y al cabo. Lo que puede justificar que muchos vecinos/as no quieran participar en la votación ante lo que algunos podrían calificar de “tomadura de pelo” a la ciudadanía o de intento de legitimación propia con la propaganda de que el Ayuntamiento permite que los vecinos/as voten políticas y decidan qué se debe hacer en el municipio.
El dominio e influencias de las asociaciones
Las asociaciones organizadas y bien relacionadas con el poder municipal suponen un dique para los nuevos participantes. Aunque uno de los principios de los presupuestos participativos es el universalismo (una persona, un voto), la experiencia de estas organizaciones limita la igualdad en la participación y decisión, sobre todo donde ya existen relaciones consolidadas de asociaciones y grupos, que se apoyan en sus propuestas o intentan posponer las de los “adversarios”. Esto sucede, sobre todo, cuando hay poco dinero público a repartir y muchas propuestas a seleccionar. La existencia de experiencias compartidas y consolidadas de las asociaciones y grupos hacen que el voto del nuevo participante tenga escaso valor y que éste sufra una decepción. Se da el contrasentido de que en algunos presupuestos participativos el peso de las asociaciones es importante, mientras que la mayoría de la vecindad no forma parte de las mismas.
Las limitaciones de los asuntos susceptibles del voto ciudadano
Los vecinos/as no pueden señalar libremente las materias sometidas a votación, sino que éstas ya les vienen dadas por los miembros del consistorio municipal. Las materias se refieren al capítulo de las inversiones y dentro de él a reformas en pequeñas infraestructuras. Ni siquiera en la asignación de unas cantidades de poca monta puede la ciudadanía del municipio destinarlas libremente a lo que crean conveniente.
Esta limitación deriva de que los representantes municipales entienden que los vecinos/as no están preparados como ellos para atender a las necesidades del municipio y necesitan su colaboración para no tratar asuntos indebidos. Creo que es una concepción del ciudadano/a como menor de edad política. Debería tener la ciudadanía la posibilidad de actuar en todas las materias que activan los representantes del municipio. Además, los ciudadanos/as no obran a su aire, sino ayudados y en gran medida controlados por administrativos y técnicos del ayuntamiento. Luego no tiene sentido limitarles tanto su campo de decisión.
El escaso peso de las concejalías de las que dependen los presupuestos participativos
Es necesaria la pluralidad y la transversalidad de las áreas municipales de gobierno implicadas en el presupuesto participativo, que no puede ser obra de una única área, y menos si ésta es de poca relevancia y escaso presupuesto, como suele suceder. Es necesario un acuerdo de las distintas áreas implicadas y de los promotores sociales del presupuesto participativo, que culminaría en la creación de un consejo constituido por representantes de las áreas y de los promotores de los presupuestos participativos. Es habitual la adscripción municipal de los presupuestos participativos a una concejalía, la de participación ciudadana, que tiene escasas competencias y financiación.
Creo que los presupuestos participativos deben saltar por encima de una concejalía concreta, ser transversal y afectar a varías concejalías, además de la de hacienda. Y, por otra parte, implicar a la oposición, de la que saldrá probablemente un nuevo Gobierno local en el futuro, para darle estabilidad y continuidad a este instrumento de democracia directa local. Que la experiencia demuestra que estos presupuestos se suspenden cuando cambia el color del Gobierno del municipio, como ha sucedido, sin ir más lejos, a ciudades que tuvieron en el pasado un presupuesto participativo muy vivo, como mi ciudad, Sevilla.
Ramón Soriano
Publicado en ElDiario.es
