Ciudadanía o barbarie

Hobsbawm en un bello texto recorrió la historia de Inglaterra desde el siglo XIII hasta el XX para exponer como los derechos políticos y sociales para todos habían sido conquistados gradualmente por las luchas de las clases populares, subordinadas y explotadas por los dueños de los bienes productivos y por la mayoría de los gobernantes. Marx y Engels proclamaron “socialismo o barbarie” en el siglo XIX y vieron en la burguesía los protagonistas de una revolución industrial que enriquecía a una minoría y mantenía en la pobreza a la gran mayoría. Pero la resistencia de los trabajadores les convertía en  la fuerza civilizatoria portadora de más libertad y igualdad.  Más tarde en América Latina Sarmiento retomó y modificó la consigna, “civilización o barbarie”. Percibió en la sociedad urbana, el Estado democrático y la educación pública la victoria sobre la barbarie. El llamado Estado del bienestar fue un avance popular y ciudadano que esbozaba una síntesis de ambas proclamaciones. Pero los progresos fueron precarios y las crisis cíclicas provocaban regresiones de los derechos sociales y políticas en detrimento de las clases populares y medias.  Henri Lefebvre dio un nuevo paso adelante y planteó la identificación entre el capitalismo postindustrial y la urbanización del conjunto de la sociedad. Su propuesta, “la revolución será urbana o no será” ha sido recuperada en los últimos años por pensadores de la ciudad, y de la urbanización sin ciudad, como David Harvey.

 Actualmente vivimos un cambio de época. La llamada “globalización” en su dimensión financiera ha estimulado la economía especulativa, la urbanización sin ciudad, la dualización social y la subordinación corruptora de los gobiernos a los mecanismos ciegos e invisibles de los mercados. El resultado ha sido la crisis de la economía productiva, la precarización y la reducción de la masa salarial, el descrédito de las instituciones políticas y de los gobernantes y el gradual desmoronamiento del “estado del bienestar”. Las ciudades, ámbito por excelencia de la organización del trabajo y de la reproducción social, son el escenario de la crisis y del conflicto (4). La democracia nació en las ciudades, su degradación se vive y se hace más visible en el espacio público urbano y la resistencia social se expresa en este mismo espacio político y físico.

El marco legal establecido, denominado erróneamente “Estado de derecho”, se ha convertido en muchos casos como Estado contra los derechos. En estos momentos históricos de cambio la democracia se enfrenta con el Estado y los poderes económicos dominantes. Las clases populares, víctimas de los gestores del cambio, son también las fuerzas de resistencia y la esperanza de una alternativa. La cuestión de los derechos está hoy en el centro del conflicto social y de la naturaleza del Estado.

La reacción de los gobiernos evidencia que la bandera de la democracia no reside en el Estado sino en la sociedad política movilizada y principalmente en las clases populares. Los gobernantes y los mercados tienden a fragmentar, precarizar y excluir a los trabajadores, criminalizan los conflictos sociales, modifican las leyes para facilitar la represión, promueven el miedo como instrumento de generar un consenso pasivo y resignado y en nombre de la seguridad aplican el terrorismo de Estado y degradan la justicia institucional mediante la arbitrariedad clasista. En España a lo largo de la última década se han modificado varias veces el código penal y muchos ayuntamientos gobernados tanto por el PP (derecha) como por el PSOE (socialistas) han aprobado normas de civismo propias de la extrema derecha. Para colofón hace unos días la mayoría conservadora ha aprobado en el Congreso de diputados una “ley de seguridad ciudadana” que inmediatamente se ha hecho famosa como “ley mordaza”. Una ley que criminaliza la expresión de los conflictos en el espacio público y que de facto permite reprimir cualquier manifestación crítica contra las instituciones políticas y las entidades económicas.

Un aspecto especialmente perverso es la aplicación de sanciones pecuniarias enormes a los promotores y convocantes, también a los que han  apoyado públicamente o a los participantes de actos en los espacios o en los edificios públicos,  o ante la entrada de instituciones, empresas  o  residencias de dirigentes políticos o económicos. Se penalizan las manifestaciones, concentraciones, ocupaciones pacíficas, escarches, piquetes informativos, resistencia a la policía (no mostrar el carnet de identidad, haber grabado a un agente, etc). Y se aumentan las sanciones si se trata sedes y dirigentes de instituciones o partidos políticos y de grandes empresas o bancos. Es suficiente la palabra de un policía como prueba. Y basta que un pequeño grupo de provocadores o infiltrados cometa algún acto de violencia es suficiente para sancionar a cualquiera que haya promovido o participado en un acto  sirve para condenar tanto a los que promovieron o apoyaron el acto o participaron en el mismo. Las sanciones que se aplican son administrativas, las aplica el ministerio del Interior al margen de la judicatura. Las multas pueden llegar a 600.000 euros y en la mayoría de los casos son de bastantes miles de euros. Por ejemplo grabar la intervención policial en el espacio público se multa con 30 000 euros. Las personas que sufren estas sanciones pueden quedar gravemente afectades pues pueden perder su vivienda u otros bienes, ser deudores durante muchos años, etc. Es decir discapacitarles como ciudadanos. Se trata de una forma de terrorismo de Estado especialmente perversa, arbitraria e injusta. Una forma de represión propia de las tiranías absolutas, no hay delito, las penas no se derivan de un juicio promovido por la judicatura, las sanciones no son recurribles frente a una institución que no sea la que las ha impuesto, los represores son los que aplican la pena al margen de testigos neutrales, se sancionan no conductas concretas de individuos sino la mera presencia o apoyo en un acto masivo. Es el retorno al “Estado absoluto” anterior a las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. Es el caso del Estado español y del gobierno del PP. La barbarie hoy procede del Estado, la ciudadanía se conquista y se ejerce en el espacio público en defensa de las libertades. La democracia se defiende frente a unos gobiernos  que han pervertido el derecho.

Jordi Borja. Miembro del consejo editorial de SinPermiso