La politización de las catástrofes, un giro histórico
Carlos Mazón y Pedro Sánchez, en una reunión. / Francisco Calabuig
Entre las personas que vivieron la riada de 1957, existe una tendencia a comparar lo que sucedió entonces con lo ocurrido el año pasado en la dana del día 29 de octubre. Realmente, ambas inundaciones y catástrofes son comparables en muy pocas cosas. Entre otras razones, por los radicales cambios experimentados por la densidad demográfica, los usos del suelo, la construcción de infraestructuras de orientación transversal a los flujos del agua, la intensidad en la movilidad de las personas y mercancías, la extensión de la zona inundada, la cantidad de vehículos existentes, la toxicidad de materiales movidos por el agua y muchos otros elementos y dimensiones.
En 1960, Alaquàs tenía 8.120 habitantes y Paiporta 4.063. En 2024, ambas localidades rondan o superan los 30.000. Entre las veinte poblaciones de la comarca de l’Horta Sud sumarían dos años después de aquella riada unos 150.000 habitantes y ahora rondan los 500.000.
En todo el mundo, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, ha crecido el número de personas afectadas por inundaciones. Este hecho tiene sentido, dado el incremento demográfico. Sin embargo, la tasa promedio de mortalidad ha experimentado una notable reducción. ¿A qué se debe este cambio y esta divergencia de fenómenos? En primer lugar, a la existencia de mejores sistemas de alerta temprana y de prevención; y, en segundo, a la preparación y respuesta adecuadas por parte de los gobiernos y las comunidades locales.
¿Cómo explicar, en este contexto, la existencia de 229 muertes en la dana de 2024 en la Comunidad Valenciana? La respuesta es sencilla y se encuentra reiterada en los autos de la jueza de Catarroja que está redactando el expediente previo a una apertura de un proceso penal: la alerta fue tardía y errada y podría existir una relación directa entre este hecho y las muertes habidas, que se habrían evitado si la alerta se hubiera remitido en tiempo y forma. La información disponible para dicho envío era suficiente como se ha comprobado hace unas semanas.
Al estudiar la historia de las inundaciones y de los desastres, se observa un desplazamiento en la atribución de causalidad. Hasta el terremoto de Lisboa de 1755, las catástrofes eran interpretadas en clave religiosa: formaban parte de un sistema de comunicación entre los dioses y los humanos; la voluntad divina a unos castigaba y a otros les enviaba una advertencia. Después de Lisboa, entre los ilustrados se atribuyó la causa a la ingobernable e imprevisible naturaleza y se desplegaron estrategias para domeñarla. A mediados del siglo pasado, científicos sociales centraron la atención en todo aquello que hacía vulnerables a las personas y los grupos; y, finalmente, en las tres últimas décadas se está imponiendo un paradigma nuevo: la gestión de las catástrofes, en toda su complejidad y en todas sus fases, es responsabilidad de los gobiernos que deben garantizar la vida de las personas y acertar en la implicación de las comunidades para reducir los daños.
Hay cargos públicos que todavía no se han enterado de este cambio -ese es su problema- o fingen que no saben cuál es su cometido: cuándo y cómo actuar. Otros no han aprobado los planes de emergencia a los que estaban obligados por ley. En esos casos, desvían la atención hacia técnicos y profesionales, cuya mera función es el asesoramiento; se consideran los únicos competentes para definir qué es lo político y les resulta difícil, cuando no imposible, entender que dicha definición no les pertenece en exclusiva y que el mundo ha cambiado. Se extrañan de la existencia de asociaciones de familiares de víctimas mortales y de afectados que piden justicia y reparación; minusvaloran a los sectores de la población que piden dimisiones por razones morales (insensibilidad ante el sufrimiento causado) y por razones políticas (negligencia en el ejercicio de los cargos a los que libremente optaron). La movilización social y la presentación de denuncias ante los tribunales son respuestas políticas necesarias y justas. Constituyen una forma de politización desde abajo, claro que sí, ante quienes no entienden cómo se debe ejercer, en una sociedad democrática, la politización desde arriba.
La dana de 2024 supone, entre nosotros, un giro histórico en la atribución de responsabilidades y en la gestión de catástrofes. Y se debe tomar nota de que la rendición de cuentas afecta también, como recientemente ha mostrado la Corte Europea de Derechos Humanos, a la inoperancia gubernamental frente al daño causado por el cambio climático. Los derechos humanos ante catástrofes son la nueva frontera de la democracia.
Antonio Ariño Villarroya
Publicado en Levante-emv
