Ni tan mal

Recordemos a los augures de 2019, cuando tras obtener solo 120 escaños, el Partido Socialista tuvo que asegurar la investidura de Sánchez metiendo a Podemos en el futuro Gobierno y pactando con los nacionalistas catalanes. La opinión era generalizada: los socialistas durarían poco con tan precarias condiciones y terminarían sucumbiendo ante la fragilidad de las alianzas y el hostigamiento de las derechas. Tres años después, con una pandemia en medio, el balance que pueden hacer el presidente, sus ministros y su grupo parlamentario, está muy lejos de aquellas pesimistas previsiones.

Recordemos también a los augures del verano, que anticiparon una recesión inevitable para este otoño y este invierno. Lo cierto es que nuestra economía cerrará el año creciendo al 4,7%, el desempleo está en un 13% (alto como siempre en comparación con Europa, pero bajo en relación con nuestro pasado más reciente) y la inflación se modera desde hace semanas. En la calle, sin dejar de reconocer las dificultades, hay un optimismo que no se compadece con las trompetas del Apocalipsis.

Cuando el PP no puede contar que los socialistas gestionan mal la economía, porque la realidad le desmiente, suele recurrir a su gran relato de oposición alternativo: que los socialistas venden el país a los independentistas. Así ha sucedido al menos desde 2004. En la época de Zapatero, mientras la economía iba bien, se afirmaba que el PSOE había traicionado a los muertos de ETA sentándose a negociar con la banda, que había permitido un Estatuto de Autonomía que reconocía a Cataluña como nación y que había cedido sistemáticamente a las demandas de los separatistas. Todos esos asuntos pasaron a un segundo plano en 2008, porque la economía se rompió en pedazos en unos pocos meses. Lo cierto y verdad inapelable es que el fortalecimiento del independentismo catalán sucedió durante los mandatos de Rajoy, con declaración unilateral de independencia incluida y con una lealtad también indiscutible por parte del PSOE de entonces hacia el Gobierno central en su pelea legal y política contra la afrenta.

Pues bien, el PP vuelve a las andadas: como no puede recurrir a la economía, porfía en la denuncia de supuestas cesiones inaceptables a los independentistas catalanes y a los “filoetarras”. Sánchez sería en esa narrativa un vendepatrias peligroso, capaz de romper España por mantenerse en el cargo.

Hace bien el Gobierno en liquidar los asuntos más polémicos y culturales, como la reforma del delito de sedición y de malversación o las leyes más polémicas como la del sí es sí o la ley trans. Porque podrá dedicar 2023 a poner en valor, en un contexto ya claramente electoral, las medidas económicas concretas, la protección de la ciudadanía más vulnerable y la presidencia española de la Unión Europea del segundo semestre.

Por supuesto, los socialistas no tienen nada ganado: las encuestas sitúan al PP por encima del PSOE en intención de voto y si nadie lo remedia la fractura en el espacio de Unidas Podemos podría impedir de manera letal la formación de una mayoría parlamentaria progresista.

Con todo, ni tan mal. Sánchez ha podido hacer un balance del año objetivamente positivo y ha podido anunciar también nuevas medidas contra la crisis. Frente a él, el relato pesimista e hipercrítico de Feijóo resulta poco verosímil para buena parte de la población, que ha comprobado, además, que el nuevo líder es tan conservador como lo era Pablo Casado. El gravísimo choque entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados y el Gobierno, promovido por Feijóo, a cuenta de los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, no ha hecho sino acentuar esa idea. Al final, lo acepte o no públicamente, es evidente que el PP ha perdido la batalla, porque el personal ve que las acusaciones de golpismo (sic) no se corresponden tampoco con los hechos, y porque una de las piezas fundamentales del bloqueo del Consejo por parte del PP, que es la composición del Tribunal Constitucional, ya está resuelta, con la conformación de una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores.

Si el Gobierno logra imponer una agenda de reformas económicas que protejan a las clases medias y trabajadoras de enero a las elecciones locales y autonómicas, y si esos comicios no se produce un derrumbe electoral, cosa que parece ahora improbable, entonces estará, en el segundo semestre del año (el de la presidencia de la UE) en buenas condiciones para conseguir la reelección.

Lo dicho: ni tan mal.

Luis Arroyo
Publicado en Infolibre