La guerra contra la privatización de la Sanidad se libra en Valencia
Las mareas blancas y los tribunales frenaron en Madrid la privatización de la Sanidad pública. En Catalunya, los conciertos con empresas y fundaciones privadas para gestionar se consolidaron en los años 80 y en Andalucía el sistema sanitario está controlado al cien por cien por gestores públicos. La Comunitat Valenciana fue la autonomía probeta para implantar la gestión privada de zonas sanitarias enteras, es decir, no solo hospitales o servicios, sino también la asistencia primaria de hasta cinco comarcalizaciones del territorio: Alzira, La Marina, Elx, Torrevieja y Manises.
El instrumento que favoreció el Consell de Eduardo Zaplana para este cometido fue Ribera Salud, una empresa privada propiedad de las dos grandes cajas valencianas (Bancaja y la CAM), grandes aseguradoras y algunas constructoras que, como Lubasa, están siendo investigadas en el caso Gürtel.
Al frente del «invento» se situó a Alberto de Rosa, un experto en gestión sanitaria con pedigrí popular. Hermano del exconseller de Justicia del Consell de Francisco Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de elección conservadora, Fernando de Rosa. Esta familia valenciana fue durante muchos años la propietaria de la sede del PP de València.
Con el hundimiento de las dos cajas valencianas por la nefasta gestión de sus directivos, la propiedad de Ribera Salud pasó al 50 % a manos de Banco Sabadell y la multinacional estadounidense Centene. Los accionistas decidieron mantener la estructura directiva de la compañía que, en los últimos años, ha iniciado su proceso de internacionalización.
Pero llegó el año 2015 y la izquierda valenciana recuperó la Generalitat después de veinte años. Los partidos que sustentan el Gobierno valenciano, PSPV y Compromís, y su apoyo parlamentario, Podemos, llevaban en sus programas electorales la reversión de la privatización de la sanidad, el llamado modelo Alzira. La ardua tarea de cambiar un sistema que arrancó en 1999 cayó en manos de la socialista Carmen Montón, quien tomó la determinación de devolver a manos públicas la gestión de estos hospitales y zonas sanitarias.
La caja de los truenos la abrió Carmen Montón cuando empezó a «apretar las tuercas» a la concesionaria sanitaria para que justificara mejor su servicio. Un control que había sido más bien laxo durante los Consells del PP. Un escándalo de presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Ribera Salud tensó la cuerda entre la administración y la empresa privada y la traca final la encendió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando anunció que en abril de 2018 no renovaría la concesión del hospital de Alzira, el buque insignia del modelo privatizador.
La iniciativa del Gobierno valenciano es un hito en el Estado español y en muchos países europeos puesto que es la primera vez que se empieza a revertir un proceso privatizador de un sistema público sanitario. De hecho, la guerra entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad va mucho más allá de ser una batalla autonómica, sino que se ha convertido en un símbolo de la recuperación de la gestión pública de los servicios fundamentales y un negocio, solo en la Comunitat Valenciana y para Ribera Salud de casi 500 millones de euros (427,2 millones de euros anuales por la gestión de Alzira, Elx i Torrevieja y un 35 % de los 116,4 al año que recibe La Marina).
Y la guerra está siendo dura. Para frenar esa recuperación pública de la gestión sanitaria, Ribera Salud está recurriendo a grandes bufetes de abogados y consultoras para defender sus tesis en los tribunales y los medios de comunicación. Además, entidades vinculadas o que reciben financiación de la empresa que dirige De Rosa han empezado una «guerra sucia» contra Sanidad y la consellera Carmen Montón.
Así, una «legión de abogados», frase acuñada por un directivo de Ribera Salud, trabaja a golpe de talonario para frenar el proceso de reversión. Broseta Abogados ha sido contratado para llevar los contenciosos-administrativos que la Generalitat y la empresa tienen por todo tipo de desavenencias en la gestión y en las liquidaciones. Por su parte, el despacho Cuatrecasas se ocupa de la parte penal del caso, una investigación judicial abierta por una denuncia de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional contra B2B -una filial de Ribera Salud- por el presunto cobro de comisiones ilegales a proveedores de la concesionaria.
Por su parte, la consultora Román y Asociados se ha hecho cargo de la comunicación de crisis, sobre todo en lo que se refiere a la investigación penal contra B2B. Dentro de la estrategia de desgaste de la consellera Montón, Ribera Salud ha iniciado una ronda de conferencias en la Comunitat Valenciana en la que contrata a exministros socialistas para que expliquen las bondades de modelo de colaboración publico-privada.
La visita que más dolió fue la del exministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez. Y no le salió mal a Ribera Salud porque Gómez, exsindicalista, hizo un discurso que hubiera firmado el mismo De Rosa. “El indefinido no fijo -figura legal que adquirirán los empleados cuando se recupere la gestión pública- coloca al trabajador del departamento de Salud de La Ribera en un limbo laboral”, fue la conclusión de la conferencia de Gómez. Una de las principales bazas de la concesionaria para desgastar a la Generalitat, la situación en la que quedarán sus miles de trabajadores cuando regresen a la gestión pública.
La campaña mediática contra la Conselleria de Sanidad tampoco está siendo menor. Ribera Salud ha apadrinado la histórica revista «Salud y Força», que se reparte en los departamentos sanitarios. Este medio de comunicación arremete constantemente contra la gestión de Montón. Además, se ha creado una asociación llamada «Sanitat sols una», que financia campañas en autobuses y conferencias para «salvar» el hospital de Alzira. Como si con la reversión se fuera a cerrar la asistencia médica. Esta entidad también ha montado conferencias para defender el modelo de gestión privada.
La televisión de los hospitales, según algunos pacientes, emite en bucle entrevistas sobre la buena gestión de la empresa que dirige Alberto de Rosa. Y asociaciones locales de lucha contra el cáncer han cargado contra el Gobierno valenciano extendiendo el bulo de que el regreso a la gestión pública traerá el caos y la reducción de servicios sanitarios.
Reconocidos periodistas valencianos también se han sumado al carro de la defensa de Ribera salud. Es el ejemplo del exRTVV, Vicent Climent, que ha escrito un libro muy crítico sobre la gestión de la consellera Carmen Montón.
Una guerra en la que Ribera Salud se juega un negocio de casi 500 millones, pero que con la reversión de las cinco áreas en los próximos cinco años puede suponer miles de millones para las empresas privadas que quieren trabajar en la sanidad.
Sergi Pitarch
Artículo publicado en ElDiario.es
