“Las asociaciones vecinales siguen siendo una escuela de ciudadanía”

Silvia González Iturraspe.

Villaverde Bajo es un barrio de calles estrechas y edificaciones humildes y “el sótano de Madrid”, en palabras de denuncia de sus vecinos hace algunos años; un distrito del sur de la capital desdejado por las administraciones, muy golpeado por la crisis. Allá nació y reside Silvia González Iturraspe (Madrid, 1989), joven líder vecinal con quien conversamos sobre el vecinalismo del siglo XXI, sus preocupaciones y sus desafíos, de las casas de apuestas a la gentrificación y la turistificación. Medio siglo después de un despertar barrial que, durante el tardofranquismo, hizo de las asociaciones escuelas de democracia, transformadoras de movilizaciones locales por el asfaltado de las calles o la traída de agua corriente en pedagogías de la injusticia estructural del capitalismo, la movilización vecinal –defiende González– puede seguir siendo la primera piedra de la emancipación general.

Silvia, usted es responsable de Igualdad de la FRAVM y de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. ¿Cuáles son sus líneas de trabajo? ¿Qué puede hacer el asociacionismo vecinal por la igualdad entre hombres y mujeres?

Las asociaciones vecinales han participado históricamente en la conmemoración de fechas como el 25-N o el 8-M, ya desde antes de esta nueva ola feminista. Y aterrizan esas conmemoraciones a la escala más pequeñita, la de barrio. Por otro lado, como el movimiento vecinal tiene presencia en prácticamente todos los barrios de todas las ciudades españolas, sirve muchas veces de punto de detección y primera atención de víctimas de violencia machista: vecinas que no saben cuál es la vía institucional para pedir ayuda acuden a nosotros y nosotros las derivamos a los recursos oficiales. Venimos a ser una especie de puntos violeta informales.

Históricamente, las asociaciones vecinales han sido vectores de socialización democrática y progresista. Vecinos que podían no tenerlos adquirían valores de izquierda a través de la movilización por los servicios públicos del barrio. ¿Siguen siéndolo?

Aunque las temáticas que nos mueven hoy son muy distintas de las que movían al movimiento vecinal de los años setenta, creo que sí. Las asociaciones vecinales siempre se han llamado escuelas de ciudadanía. Son lugares a los que uno acude por algo que le afecta en primera persona, pero en los que después toma conciencia de las razones estructurales por las que eso ha ocurrido en su ciudad, en su barrio. Y cuando a uno lo han ayudado con su problema, después puede decidir ayudar a otros con el suyo.

Las reivindicaciones de hace cincuenta años eran muy prosaicas: aquella era una España de barrios sin asfaltar, carentes de agua corriente y otros servicios públicos elementales, con grandes bolsas de chabolismo… Medio siglo después, esas cuestiones están básicamente resueltas. ¿Cuáles serían las grandes demandas generales del vecinalismo español del siglo XXI?

En primer lugar, la participación ciudadana. Hemos ido derivando hacia una Administración que cada vez subcontrata y privatiza más, y eso redunda en una falta de implicación de la ciudadanía en el diseño de la ciudad. Por otro lado, hay una necesidad de reactivación o de adaptación de la ciudad ya consolidada; de esa ciudad que cubría las necesidades de los años setenta u ochenta, pero en la que, por ejemplo, el envejecimiento de su población hace problemático que en muchos edificios no haya ascensores o eficiencia energética. Y otra cuestión que nos preocupa son las dificultades crecientes para el acceso a vivienda digna, agravadas por los procesos de gentrificación y turistificación. El centro se convierte en un gran hotel, sin vecinos, y la gente que vivía allá, desahuciada por las grandes inmobiliarias, migra a los barrios y expulsa a la que vive en ellos a otros barrios todavía más alejados; a la periferia de la periferia. En el caso de la gente mayor, gente que lleva toda la vida viviendo en un barrio, que tiene allá sus amistades, su familia, esto es un drama. Regular los precios del alquiler es fundamental.

Una demanda histórica del movimiento vecinal es la reducción de la brecha de atención municipal entre los barrios centro, típicamente mimados por las administraciones, y los periféricos, frecuentemente desatendidos. ¿Estamos yendo para atrás en eso? ¿Esa brecha que fue reduciéndose vuelve a aumentar bajo el modelo neoliberal?

Nunca hubo un equilibrio territorial, pero sí: la brecha se profundiza. Lo vemos claramente en Madrid. Yo soy del barrio de Villaverde, en el sur de la ciudad, y allá vemos cómo somos los olvidados de los grandes proyectos de ciudad. Lo fuimos incluso en la legislatura anterior, centrada una vez más en el desarrollo del norte: Castellana, Madrid Puerta Norte…

Una lacra del día, que afecta directamente a los barrios españoles, son las casas de apuestas. Usted ha impartido conferencias sobre ello. ¿Qué se está haciendo contra ello desde el movimiento vecinal; qué se puede hacer; cómo vive, en general, esta cuestión?

Desde el movimiento vecinal se puso mucho el foco en las apuestas presenciales, aunque no hay que olvidar que hay otro problema muy grande, que son las apuestas online. Lo que las asociaciones hicimos en primer lugar fue patearnos la ciudad y mapear estas casas, porque ni la propia Administración tenía contabilizado el número de locales que se habían abierto desde que pusimos la voz de alarma. Muchas casas se instalan cerca de colegios, y la gente está socializando y obteniendo ocio de ellas también porque no hay otro. Nadie trabaja un ocio alternativo y saludable para los barrios. Los cines han cerrado, no hay oferta cultural, no hay teatros… Nosotros, después de este mapeo, con el que detectamos grandes concentraciones de locales en barrios como los madrileños de Aluche, Usera o Tetuán, lo que hicimos fue organizar caceroladas y todo otro tipo de movilizaciones, incluyendo charlas de sensibilización en la calle.

Quería preguntarle también por cómo vive el movimiento vecinal cierta letra pequeña de algunas causas progresistas del momento. Pienso, por ejemplo, en lo que afectan las regulaciones medioambientales y el desincentivo del uso del coche, que se han ido poniendo en marcha en el centro de todas las grandes ciudades, a esa población cuyo puesto de trabajo está en el centro, pero su vivienda en esas periferias cada vez más distantes a las que el encarecimiento de la vivienda la ha ido expulsando, y tiene que hacer grandes desplazamientos diarios en vehículos que tampoco todo el mundo puede permitirse que sean eléctricos o híbridos, más caros que los de Diesel.

Muchas veces, nuestros barrios se convierten en el aparcamiento tanto de la gente que va a trabajar al centro como de la que viene a trabajar aquí desde periferias aún más distantes. En mi barrio, Villaverde, hay una movilización fuerte contra los macroparkings. Exigimos que, si acaso, se hagan parkings para residentes, y sobre todo que se refuerce el transporte público. Es una cuestión de salud: Villaverde es, en Madrid, el segundo distrito más contaminado según los medidores, después de Plaza Elíptica. Eso tiene que ver con el tráfico y también con cómo nuestros barrios se vuelven asimismo el último y más contaminante eslabón de la cadena de producción: depuradoras, incineradoras, plataformas logísticas creadas sin adecuar nuestras infraestructuras al tipo de transporte que van a implicar…

La pandemia de covid-19 nos ha mostrado la importancia de las relaciones vecinales y las redes de cuidados. ¿Cómo se ha vivido esta cuestión desde las asociaciones?

Nos sirvió mucho tener una experiencia previa de la otra crisis, durante la cual ya pusimos en marcha neveras solidarias, plataformas de afectados por la hipoteca, etcétera. La saturación de los servicios sociales y la falta de respuesta institucional a gente que de repente se quedó sin nada (ertes, etcétera) tuvo una respuesta inmediata por nuestra parte por eso. Una respuesta que la Administración despreció en gran parte, negando la existencia de colas del hambre para evitar hablar de la desinversión y la precarización de los servicios sociales. Solo cuando ya la crisis desbordó del todo el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, empezó a poner en marcha las iniciativas a las que está obligado, pero lo hizo trabajando con oenegés y fundaciones afines, sin contar con el movimiento que realmente estaba articulado en los barrios.

Las asociaciones vecinales tratan fundamentalmente con las administraciones municipales, pero le quería preguntar por la opinión que les merece el actual Gobierno central.

Hay una cuestión positiva, que es la novedosa interlocución que verdaderamente estamos teniendo con ellos: reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Consumo que contribuyeron a la regulación de la publicidad de las casas de apuestas, o de la Red Estatal de Mujeres Vecinales con el Ministerio de Igualdad. Nos sentimos más escuchados que por anteriores gobiernos. Pero echamos de menos un apoyo más firme, más sólido, al movimiento asociativo y a las redes de cuidados. Nos gustaría que los espacios de interlocución entre administraciones nos incluyeran y que pudiéramos aportar en ellos esa visión vecinal con asiduidad, más allá de una reunión puntual.

Usted es también profesora de filosofía. ¿Cómo vive las movilizaciones en torno a la defensa de esta rama del saber amenazada por la Ley Celaá?

Pues con bastante rabia e indignación. Pese a que todas las asociaciones de filosofía del Estado han creado plataformas autonómicas y, también con la solidaridad de otras asociaciones de otras materias, le estamos diciendo al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que la filosofía va a desaparecer de la ESO y a convertirse en un privilegio de los que llegan a bachillerato, él niega el problema y se niega en rotundo al compromiso de 2018 con respecto a la ética en cuarto de la ESO. No están escuchando ni sabiendo rectificar. Y de un gobierno progresista lo mínimo que se puede exigir es que escuche y se replantee las cosas y dé un paso atrás si ha cometido un error. No puede ser que, aun con la buena intención de mejorar la presencia de la filosofía en segundo de bachillerato –que ahora no es obligatoria–, se desatienda la educación secundaria obligatoria, que es la que todo el mundo tiene que cursar y la realmente democrática, y los estudiantes salgan de la ESO sin un mínimo conocimiento filosófico. Aún están a tiempo de sacar un real decreto que atienda a las peticiones de las asociaciones, que son una optativa en cuarto de la ESO y un mayor número de horas en el mismo curso para una asignatura que no es exactamente filosófica, pero que tiene una carga filosófica.

Pablo Batalla Cueto
Publicado en CTXT