magen contenida en el informe de la OIM en la que se ve a un grupo de subsaharianos retenidos en Sabha, en el sur de Libia.
Lo sabían hasta en las más altas esferas, de la UE a la ONU, desde hace meses, muchos, pero ha tenido que ser la CNN la que ponga en la agenda urgente del mundo la vergüenza de lo que pasa en Libia: la subasta de inmigrantes y refugiados como esclavos.
Un vídeo difundido el pasado 14 de noviembre -de escasa luz, mal encuadre y contenido clarísimo- mostraba a un grupo de jóvenes africanos en fila mientras una voz en alto lanzaba cifras. No era la sala Christie’s de Nueva York buscando comprador para el Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci. Era un lugar sin identificar del país norteafricano, donde en pleno siglo XXI se pone aún en la picota a seres humanos, mercancía para trabajar sin descanso o para convertirse en juguetes sexuales de sus amos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció por primera vez en abril la existencia de «mercados de esclavos» donde se «venden» inmigrantes en Libia, pero sólo se movieron e indignaron las ONG. Luego lanzó un informe, en verano, que también pasó con más pena que gloria, y eso que ya incluía testimonios estremecedores de algunas de las víctimas localizadas. Palabras perdidas en el eco de los despachos. Pero ahora ha llegado una investigación periodística de primer nivel y su ruido no se puede amortiguar. La comunidad internacional ha tenido que pararse a escuchar cómo se pide entre 400 y 800 euros por persona. ¿»Dónde está el mundo?», se preguntaba la cadena de noticias norteamericana. Ahora, al fin, tratando de buscar soluciones.
QUÉ ESTÁ PASANDO
Lo que ha documentado la OIM y la CNN es que en la última etapa en el continente africano de quienes tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo -esa fosa en la que este año ya han muerto más de 3.000 personas, denuncia CEAR– los hombres y mujeres, inmigrantes y refugiados, son expuestos, comprados y explotados.
Los migrantes, sobre todo los más jóvenes, son vendidos para trabajar en casas, naves y talleres clandestinos o abandonados en apariencia, como cebo para exigir un rescate a sus familias y también, en el caso de las mujeres y niñas, como esclavas sexuales o prostitutas. Según el informe de la OIM -una organización asociada a las Naciones Unidas– estas personas son llevadas a plazas públicas o garajes en distintos puntos de Libia, donde se muestran a los posibles compradores.
Su precio oscila entre los 200 y los 500 dólares (entre 171 y 429 euros, aproximadamente) y se paga más por los sanos, por las mujeres guapas y por quien tuviera una formación u oficio previos, de albañiles a pintores, pasando por azulejeros, granjeros, recolectores, carpinteros…
No todos los esclavos cobran por la labor que desarrollan a la fuerza. Algunos no pasan de tener un mal techo y peor comida con sus dueños-captores. Algunos logran escapar, otros están entre dos y tres meses con sus compradores y otros, malviven encerrados en áreas donde son forzados a trabajar sin descanso, indica el estudio, hecho con investigadores a pie de campo, como el reporte de la CNN. Los supervivientes de esta experiencia sufren malnutrición severa y traumas por los abusos y maltratos de todo tipo, incluyendo los sexuales. Se desconoce cuántos de ellos mueren durante su cautiverio. Desde principios de año, casi mil solicitantes de asilo y refugio han sido liberados.
¿DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO LIBIO?
William Lacy Swing, el director general de la OIM, señaló este martes desde Ginebra, en una videoconferencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, que cerca de 400.000 personas están atrapadas en Libia, tratando de hacerse a la mar. De ellas, apenas 15.000 están en unos 30 centros pseudo-oficiales, que en muchos casos no cumplen ni con las condiciones básicas de higiene. Los que están fuera de esos muros, muchos miles, son los que se exponen a la esclavitud y la violencia.
¿Por qué el Gobierno libio no ataja esta bestialidad? Pues porque realmente no hay una administración estable y seria. El país está sumido en un formidable caos desde la llamada primavera y la intervención de la OTAN que acabó con la salida del poder en 2011 de Muammar el Gadafi; prácticamente hay con dos gobiernos de facto: el oficial, el de unidad nacional del presidente Fayez al-Sarraj, y el llamado Congreso Nacional General del Trípoli, islamista, dominado por los Hermanos Musulmanes y que actúa como contrapoder, controlando la capital y la mitad occidental del estado. A eso se añade el poder local de grupos rebeldes, tribales y otras derivadas yihadistas.
Esa confusión es la que aprovechan los contrabandistas y los traficantes de personas para mover a los migrantes -en su inmensa mayoría subsaharianos-. A unos los llevan finalmente hasta la costa, en busca de precarias embarcaciones con las que tratar de cruzar a Europa, y a otros los secuestran y subastan. Los que venden suelen ser ghaneses y nigerianos y los que compran, libios.
El gobierno oficial ha anunciado, presionado por las informaciones de la prensa, que va a emprender una investigación sobre estas ventas, para dar con las mafias, identificar el lugar donde retienen a los rehenes y tratar de devolverlos a sus países.
Las principales ONG y organismos internacionales se lamentan de lo complicado que es trabajar en este contexto. «Los avances son modestos, la seguridad sigue siendo volátil, el acceso a los lugares clave no es posible a diario y las operaciones de la ONU continúan siendo realizados a distancia desde Tunez», lamenta Swing.
¿Y QUÉ HA HECHO LA UE?
Lamentarse. Su alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha condenado el trato «inhumano» y la «esclavización» de inmigrantes en Libia a través de un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior. Ha hablado de la necesidad de «garantizar el respeto de los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida» de estas personas. Poco más por ahora. Y es que la prioridad de la la Unión en Libia ha sido más la de poner barreras, la de impedir que salga más flujo de migrantes, que la de garantizar que se les trata dignamente.
Está llegando dinero para que la Armada impida la salida de las pateras y ese mayor control es que, por ejemplo, ha reducido a la mitad la llegada de desplazados a Italia, que además está limitando la labor de las ONG en la zona. Eso está haciendo que la ruta vire a Marruecos y Argelia y, de ahí, a España, donde se están alcanzando a cifras de hace casi 10 años.
De hecho, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha llegado a denunciar la «inhumana» la cooperación de la Unión Europea con la Guardia Costera de Libia. «El sufrimiento de los inmigrantes detenidos en Libia es una atrocidad para la conciencia humana», afirmó en un comunicado. «Lo que ya era una situación nefasta ahora se ha vuelto catastrófica», reprochó el día que se conoció el vídeo de la subasta humana.
España instó la pasada semana Libia a cumplir la Convención de la ONU contra el Crimen Transnacional organizado y su protocolo sobre trata de seres humanos.
Varios náufragos tratan de mantenerse a flote mientras los rescatan las autoridades de Malta, a 15 millas náuticas de Zawiya (Libya), el pasado 14 de abril.
¿Y QUÉ SE PUEDE HACER AHORA?
Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU ha tratado esta semana el tema de Libia. Tanto el OIM como el Alto Comisionado para los Refugiados, pidieron en esa reunión «medidas concretas» para acabar con «estos graves abusos que no pueden ser ignorados», en palabras de Filippo Grandi, máximo responsable del Acnur.
La solución debe ser global, desde la política, la seguridad, los derechos humanos… Por eso no les vale que sólo se mire al control de fronteras, taponar las salidas, vigilar las embarcaciones. «Demasiado a menudo -denuncian- se centran las medidas en controlar, disuadir y excluir». Hay que «humanizar» las políticas. Tres decisiones de hacen urgentes: crear un sistema de recepción de migrantes adecuado, crear más plazas para su reasentamiento y trabajar acciones conjuntas contra los traficantes de personas.
Todo ello debe concretarse, proponen, en nuevas sanciones como la congelación de activos y la prohibición de viajes a personas relacionadas con las mafias, incautación de fondos y materiales de las redes de contrabandistas y más dureza por vía judicial -para lo que haría falta un estado sólido y no las milicias islamistas que justo ahora controlan el sistema judicial local-. William Lacy Swing lo resume en dos apuestas: actuar contra las redes y proteger a los migrantes. «La comunidad internacional dispone de todos los elementos necesarios para atajar el problema», dice, y «lo único que se necesita es un acuerdo claro» entre las partes implicadas. «Esta es una enorme tragedia humana y podemos detenerla», sostiene sin dudas.
Habría que implicar a la Unión Africana, a Libia y los países de origen para registrar a los desplazados, darles documentos de viaje y que algunos terceros países los acojan. Ruanda se ha ofrecido a atender a 30.000 migrantes.
