Carta abierta de los/as profesionales de la psicología y la psiquiatría al Ministerio de Justicia y a la ciudadanía

En definitiva, nos mueve un deseo de colaborar con la Justicia como parte de una ciudadanía responsable y como profesionales especialistas en estas áreas de conocimiento, de cara a trabajar por una sociedad más saludable.

Respecto al primer punto, aunque entendemos que el foco no ha de ponerse en la víctima, viendo el cariz de las bases de las decisiones que se han tomado, queremos ofrecer nuestro conocimiento sobre el impacto traumático que diversos sucesos y acontecimientos causan en las personas y en cómo éstos determinan sus reacciones. En este sentido, nuestra aportación debe arrojar luz a una labor compleja y delicada como es la determinación o no del consentimiento de la víctima y de sus posibles reacciones ante una situación como la que describen los hechos probados.

De acuerdo a la Teoría Polivagal de Porges, ante una situación de amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, es común una respuesta de inmovilización cuando no es posible luchar ni huir. En estas situaciones, se activa la rama dorsovagal del sistema nervioso parasimpático, con el resultado de una respuesta de inmovilización, con latidos más lentos del corazón y reducción de la sensibilidad al dolor. Esta es una forma rápida de reacción de nuestro sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando, insistimos, no es posible luchar ni huir. Por tanto, en una situación así, no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia, ya que esta capacidad estará anulada dada la magnitud de la amenaza. Esta teoría ha sido demostrada científicamente y avalada por profesionales especialistas en trauma y de alto prestigio a nivel internacional como lo son Stephen Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden y Bessel Van der Kolk, entre otras personas.

Tampoco hay lugar para preguntarle a la víctima ni es determinante el hecho de que tuviera respuesta sexual, pues en esos momentos el organismo genera sustancias para producir una analgesia frente al dolor, estando disociada e inmovilizada. Y, en cuanto a la capacidad de resistir y recuperarse de la crisis de adversidad, conocida como resiliencia, en todo caso habría que apoyar la superación que la víctima ha podido llevar a cabo tras la experiencia traumática en lugar de criticarla o someterla a vigilancia. Lo contrario solo sirve para seguir agrediéndola e, incluso, contribuir a su retraumatización.

Respecto al segundo punto, como profesionales de la psicología y la psiquiatría, asimismo somos perfectamente conocedoras de que las personas interpretamos la realidad que nos envuelve desde nuestros filtros mentales y emocionales, los que a su vez se configuran en relación a nuestra cultura, los vínculos afectivos significativos y nuestras experiencias vitales.

En esa línea, nos parece profundamente sintomático de la sociedad en la que vivimos el excesivo peso que ha tomado el debate en torno a la víctima en lugar de en torno a medidas que puedan ayudarnos a conseguir una sociedad libre de violencias que vulneran los derechos humanos en general y los de la mujer en particular. Entendemos que el patriarcado, como sistema cultural y de valores, constituye un marco interpretativo en el que debemos inscribir tanto la propia agresión como las leyes que rigen nuestra justicia, así como la actuación de profesionales que la aplican. En una sociedad es responsabilidad de todas y todos, desde policía a profesionales de la judicatura, actuar con profesionalidad, objetividad y ética, sin cuestionar situaciones de violencia probada ni confundirlas con jolgorios, ya que conforma un caldo de cultivo para la violencia, que aquí denunciamos. Así, la mujer y, en particular, su cuerpo sufren una cosificación que la transforma de persona en objeto. Un objeto que, como tal, puede ser utilizado, ni siente ni padece y no es vulnerable al sufrimiento.

Paralelamente, son de sobra conocidos y reflejados en estudios sociológicos, los imaginarios colectivos que dominan nuestra sociedad, conforme a los cuales tenemos instaurado que las mujeres necesitan ser insistidas y aceptan el sexo aunque “en principio no quieran”. Creemos que esta fantasía arraigada en nuestra cultura motiva gran parte de las preguntas de jueces y juezas en este tipo de procesos, cuestionando constantemente las reacciones de la víctima. Así, son estas víctimas las que tienen que demostrar que “no lo desean”, resistiéndose explícitamente a pesar de que la paralización y el bloqueo sean reacciones automáticas y normales ante el pánico desde el punto de vista psicobiológico. Lejos de contribuir a ayudar a la salud de la víctima y al propósito de la justicia, consideramos que esto solo consigue culpabilizar a la persona agredida, retraumatizarla y revictimizarla.

Por todo ello, a la luz de la evidencia científica y como profesionales de la psicología y la psiquiatría, consideramos por tanto esencial que los informes periciales que se emitan en procesos como éste cuenten con el asesoramiento técnico de personas expertas y que los/as profesionales de la Justicia así como los Cuerpos de Seguridad del Estado, y en general todo el personal técnico implicado en este tipo de casos, reciba formación con perspectiva de género.

Y, por último, añadimos la urgente necesidad de la prevención, incluyendo desde la infancia una educación sexual no patriarcal, con perspectiva de género, transversal y estructural, que favorezca el cumplimiento de los derechos y agencie a las mujeres, que no relacione la violencia como parte de la sexualidad, que permita lugares para repensar las masculinidades y para reconstruir el respeto hacia las mujeres, así como la promoción de las relaciones de buen trato.