El botín tras la polémica de una ley

Aparentemente hay una profunda controversia por la ley del consentimiento, dentro del Gobierno y con la oposición, que incluye a medios y periodistas afines. Pero es otra la maniobra que avanza y la usa como detonante. ¿Alguien se cree que a los críticos de esta norma en concreto les importan en lo más mínimo las mujeres agredidas sexualmente? A poco que cualquiera se fije en la experiencia demostrada, se ve que no. ¿Cuándo les han visto denunciar con este empeño a los asesinos de casi 1.900 mujeres víctimas de la violencia machista?

Lo que se mueve es el apetito por los servicios públicos y no es ajena a este recrudecimiento la lucha por defender la sanidad pública, de gran fuerza estos días. No quieren en modo alguno perderla. Tumbado el Gobierno, o adiestrado en el sueño húmedo del extinto bipartidismo, todo sería más fácil. No sacan beneficios de tener en la cárcel a un violador más o menos tiempo, como ha ocurrido en el pasado con leyes del propio PP sin que se armara ningún alboroto ¿No leyeron por ejemplo a Antón Losada? De los servicios públicos sí obtienen grandes bocados.

Se trata de cuestionarlos y que cuaje la idea en la sociedad. Son las políticas habituales de derechas; la diferencia actual estriba en la forma para captar adeptos, con cierto éxito. Un titular de portada de ABC marcaba estos días esa dirección: “Moncloa busca hacer del 28 de mayo un plebiscito sobre los servicios públicos”. Haría muy bien: son derechos. Y lo presentan como una treta malvada y, sobre todo, como si otras opciones políticas que apuntan en la dirección contraria (en su saqueo) fueran equiparables. Restar servicios ya lo hacen. No es una jugada limpia: el caramelo contiene un relleno envenenado en el interior.

En la práctica vemos que multitud de personas están comprando la satisfacción de odiar sin cabeza a cambio de unas pérdidas incalculables en su calidad de vida. Nunca fue el Estado del Bienestar en España equiparable al de otros países europeos. Se han hecho enormes avances, pero invertir en la sociedad es un “gasto” que los depredadores de lo público no soportan. Gobiernos del PSOE los impulsaron. La coalición actual con Unidas Podemos los ha despegado a niveles ya de los países de nuestro entorno.

Detrás de grandes titulares de la manipulación, sin duda de la cacería desatada contra Irene Montero -y el Gobierno en consecuencia- por la ley del “solo sí es sí”, está ese objetivo: el despojo del Estado del Bienestar, ganar para someterlo a un severo recorte. Es muy rentable en manos precisas, ya lo vieron en el Consenso de Washington en 1989 que inició este ciclo. Cada vez se les nota más, ni disimulan. Y tumbar a Podemos se contempla como una llave para que las cosas funcionen de su gusto.

Ciertamente el Estado del Bienestar es seña de identidad de la socialdemocracia y un bastión acreditado en el PSOE que, sin embargo, se muestra más ambiguo en otros pilares de la izquierda. Ahora la “alarma social” por esta ley le hace titubear. Muchos intereses empujan.

En mayo de 2021 ya se dio a elegir a los votantes de Madrid entre salud y terrazas. Y ganaron las terrazas. Y se extendió la falsa disyuntiva a muchos puntos de España, entre aplausos a la osadía impulsora. Esa tendencia, brutalmente neoliberal, se llevó por delante mucha salud y hasta vidas humanas que pasaron a ser piezas de desecho. Es aterrador enfrentar a los defensores de la cervecita en la calle con la realidad. Se escudan para practicar justificaciones inadmisibles en que el mal era general. No tanto, hubo grados diversos y jamás un daño exculpa a otro por ir juntos de la mano en comandita.

¿Cómo es posible que se atrevan a plantear a nivel “plebiscito” los servicios públicos? ¿Tan seguros están de la estulticia de sus seguidores? ¿Les funciona mejor si se lanza en clima de “alarma social” por una ley feminista? ¿quién, en sanidad, se paga de su bolsillo pongamos por caso el tratamiento de un cáncer?   ¿Quién se espera un año para que le atiendan un tumor maligno que crece en su garganta, como se le planteó al periodista Javier Valenzuela?

Ojalá se hiciera ese plebiscito en serio, contándolo todo, pero eso informativamente en España es una entelequia. Ahora -y siempre- se trata de optar por sanidad y educación pública, transportes y servicios de calidad, inversión en investigación y cultura y cuanto incluye el Estado social  o por recortarlo o privatizarlo, dar exenciones fiscales a los ricos, favorecer sus intereses, y ¡sobre todo! poder desplegar el odio al contrario. O, como titulaba El Mundo, encabezando portada el domingo, convertirse en foco de élites como lo es Madrid, dicen, y puente con las élites latinoamericanas y europeas. Ya sabrán ese asuntillo del parque inmobiliario de lujo y las regalías de impuestos. ¿En serio espera alguien que el deseo y la posibilidad de ser foco de élites llegue a los 6 millones y medio de residentes en Madrid y, si consiguen llevar a la derecha y ultraderecha a la Moncloa, a los 47,5 millones que viven en España? Es que ni siquiera advierten que las élites precisan la desigualdad para considerarse por encima de otros, como tales. Lo peor es que en muchos casos los ciudadanos, no saben ni qué compran, salvo esa capacidad de despellejar a cuanto suena a izquierda.

Son las políticas que ya se practican, sobre todo, en comunidades dirigidas por el PP en coalición o similitud ideológica con Vox. Las derechas con fuerte componente fascista, al modo de Trump, son intervencionistas. No rebajan siquiera la carga fiscal salvo a los ricos, la cobran y redistribuyen de otra forma para que paguen menos sus protegidos. Y dedican gruesas partidas a las fuerzas de orden -ejército, policía- que les ayuden a mantener “su seguridad”.

Numerosos medios e informadores están haciendo una labor inconmensurable en favor de estos objetivos. Sorprende que, si no es remunerada en dinero o en especie, se dé con tal inconsciencia por satisfacer antipatías personales o espíritus corporativistas. Hay que informar a los ciudadanos con rigor y aportar los elementos para que juzguen lo que se les viene encima por los diferentes caminos, sobre todo al que se aboca, acreditadamente dañino.

Los resultados se ven ya. En la encuesta 40dB para el grupo PRISA este lunes se deslizaba un dato preocupante. Si bien dos tercios de los consultados apoyan los nuevos impuestos a empresas y grandes fortunas para que paguen más, hay un número importante de contribuyentes que admiten cometer fraude fiscal. Es práctica habitual del incivismo patrio, lo nuevo es la desfachatez en confesarlo, alardear de ello. La mayoría de estos evasores, por cierto, se dicen votantes de Vox. El artículo de la socióloga Belén Barreiro recuerda la declaración de Rocío Monasterio en las elecciones de Madrid: “Tenemos como prioridad evitar las políticas del consenso socialdemócrata de cualquier partido”. Es decir, los servicios públicos.

En un clima casi bélico como el que vivimos, los gases tóxicos lanzados por la derecha y sus medios y que compran antiguos votantes del PSOE -lean, un 10% estarían dispuestos a votar al PP y Vox– consiguen enmascarar la labor del gobierno de coalición en favor de la sociedad.  Ese Gobierno ha elevado las rentas a 17 millones de personas entre beneficiarios del SMI, pensionistas y trabajadores públicos y hasta algunos beneficiarios parecen sufrir la nebulosa esparcida, dado que pueden esperar en una butaca cómoda para una larga estancia a que la derecha haga lo mismo.

 Las oportunas siembras de la oposición sucia -que incluye a cómplices de todo el arco ideológico-  han despertado a la bestia que prefiere rebajar su sanidad, la educación de sus hijos y nietos, volver a los sueldos más bajos de la UE15, o a raquíticas pensiones a cambio del placer de insultar como verdaderas alimañas a Irene Montero. Asentar el machismo, el odio al igual, la veneración servil a los dueños, la mentira permanente, les compensa.

Craso error ideológico ceder a las presiones de todos ellos, a la alarma social artificial que han creado, para desdibujar la ley del Ministerio de Igualdad. Desatender las voces sensatas y reformar por el grito en tertulias y telediarios no sale bien nunca a largo plazo. Salvo que quiera adelantar elecciones -y aunque así fuera- a Pedro Sánchez le han metido un gol. El PSOE no tiene mayoría absoluta, una coalición con el PP actual sería un suicidio solo aplaudido por los falsos socialistas. No debe olvidar el agónico camino electoral de 2019. ERC ha dicho que la reforma ha de contar con la aprobación de Igualdad.

 ¿A nadie le llama la atención el tratamiento político y mediático dado a la ley del consentimiento y el dedicado a la masacre de ancianos durante la pandemia dejados morir sin asistencia médica? Por poner un ejemplo.  Pues eso, masivamente, se compra en el pack que cuestiona los servicios públicos y en la algarabía de esa ley cuyos sesgos son impermeables a la información veraz y quedan grabados de forma indeleble.  Ya es inútil incluso intentarlo, si hasta la televisión pública estatal, TVE, se atreve a decir que han sido excarcelados 400 violadores. Es brutal esa falta de rigor. Han sido una treintena de agresores sexuales, tras haber revisado un 10% de esa población reclusa y haber modificado el 36% y no cambiado el 64%, la mayoría en menos de un año de reducción. E insistiendo, como tantos profesionales de prestigio dicen, que ocurre en algunos otros cambios legislativos. El pifostio armado con ésta no es nada inocente.

 Una y otra vez asombra por qué mecanismos se mueven numerosos ciudadanos. Los que no padezcan esa escafandra de niebla ya saben lo que se juegan.

Rosa María Artal
Publicado en ElDiario.es