Negacionismo climático criminal
Rescate de un conductor de reparto de Mercadona atrapado por el agua en Alzira (Valencia), en la tarde del 29 de octubre. / Bombers Consorci VLC
Al menos 205 personas [cifra actualizada a 2 de noviembre] han muerto a causa de las riadas, inundaciones y demás efectos de la DANA que el 29 de octubre arrasó una parte importante del territorio de Levante y otras zonas del interior. Aún no está claro el cómputo de desaparecidas, pero se teme que la cifra de víctimas sea mucho mayor. Dentro de unos días sabremos también cuántos animales, árboles, cultivos han sucumbido. Además de la vida devastada hay cuantiosos daños materiales. Carreteras y puentes colapsados, vías de trenes inutilizadas, vuelos suspendidos, dificultades de acceso al agua potable mientras a la vez el agua lo arrastra todo, cortes de luz y de comunicaciones…
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había decretado a las 07:30 horas del martes la alerta roja, el máximo nivel, por la previsión de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el Gobierno del PP no suspendió las actividades laborales ni las lectivas. Fue ya bastante avanzada la tarde, tras minimizar la alerta y decir que a las seis de la tarde la tormenta amainaría, cuando se recomendó evitar cualquier tipo de desplazamiento.
Habrá que esperar a tener información más precisa, pero todo apunta a que este evento climático extremo ha sido uno de los más intensos del siglo. En las redes sociales, vuelven a proliferar los cansinos debates sobre si esto tiene o no que ver con el cambio climático. Debates que no resucitan a las muertas ni reparan los daños sufridos. La evidencia científica señala que estos eventos se intensifican en cantidad y virulencia con el calentamiento global. Sabemos, porque lo ha repetido hasta la saciedad la comunidad científica, que estos fenómenos no son ya contingentes sino que forman parte de la nueva normalidad. Si alguien no le quiere llamar cambio climático que no lo haga, pero que reconozca y se haga responsable del aumento de la frecuencia y la violencia de las tormentas.
Si son fenómenos que se reproducen cada vez con más intensidad, no aplicar principios de precaución que permitan adelantarse al riesgo resulta irresponsable y tiene consecuencias criminales. El presidente valenciano Carlos Mazón cerró, nada más llegar al poder, la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo que su gobierno de coalición con Vox calificó como un “chiringuito” y una “ocurrencia” del gabinete anterior. Tras cancelar la UVE, Mazón concedió 17 millones de euros de subvención al sector taurino. El presidente de la Generalitat tendrá que responder política y moralmente sobre las decisiones populistas que adoptó, y sobre su errática actuación durante la emergencia, y hacerse responsable de sus decisiones. El negacionismo científico mata. Y el capitalismo salvaje también. Muchas empresas y comercios obligaron a sus trabajadores a permanecer en sus puestos pese a la alerta roja, siendo cómplices en la imprudencia temeraria cometida por la Generalitat.
Más inquietud produce pensar si en otras comunidades autónomas, en las que gobiernan políticos y políticas que en teoría rechazan y critican el negacionismo, las cosas hubiesen sido diferentes. Los servicios públicos para la gestión de riesgos son fundamentales. Pero la cuestión no es solo tener o no suficientes profesionales dedicados al rescate. Hay otros problemas estructurales que resolver.
Las sociedades analfabetas ecológicas han construido polígonos industriales y urbanizaciones en zonas inundables. Cuando se producen lluvias extremas, los ríos, barrancos y arroyos, que ignoran las escrituras, discurren por sus antiguos cauces. Muchos de los daños no son proporcionales ni tienen que ver con la intensidad de la precipitación sino con decisiones urbanísticas previas. Territorios impermeabilizados, vegetaciones arrasadas, sobreurbanización… Construir y ordenar el territorio de espaldas a una naturaleza que no se domina a voluntad es un disparate.
Se hace urgente acometer planes, no solo de contingencia, sino de adaptación a la crisis ecológica, que deben tener como objetivo dejar a un lado una concepción de progreso divorciada de la protección de las condiciones de vida dignas. Todo lo que no se invierta en este propósito se cobrará en vidas y en daños materiales.
Hay que contar con la población. En Valencia hemos visto que mucha gente se organizaba para tratar de aguantar las riadas y autoprotegerse. En este contexto de cambio climático hay que ayudar a que las personas puedan colaborar con el mejor conocimiento y preparación. Llama la atención que en países caribeños, como Cuba, con muchos menos medios, el número de vidas perdidas es mucho menor que en otros lugares. Tiene que ver con una política pública aliada con la gente autoorganizada que sabe lo que tiene que hacer. Eso es también adaptación.
La adaptación a las condiciones cambiantes de la trama de la vida en la que las economías, tecnologías y la existencia humana están insertas supone, y más vale mirarlo cara a cara, acometer un proceso de transición que debe tener como objetivo garantizar condiciones de vida dignas a todas las personas en un contexto de contracción material y de cambio. El mundo, decía Bruno Latour, se nos ha convertido en un lugar extraño y más vale que aprendamos a rehabitarlo cuanto antes.
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