Ciudad-Puerto recurre ante el Ministerio para permitir que Puertos del Estado español eluda sus responsabilidades

La resolución del Ministerio sería nula de pleno derecho y puede suponer un fraude de la legislación ambiental

La plataforma ciudadana «Comisión Ciudad-Puerto», sin perjuicio de las acciones judiciales que prepara, ha presentado ya un primer recurso de alzada, ante la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica, contra la Resolución que posibilita que Puertos del Estado «se ponga de perfil» y la Autoridad Portuaria pueda decidir sobre si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental del proyecto que la misma APV promueve, a la que califica de «nula de pleno derecho» y dictada en fraude de ley.

El BOE del pasado lunes 12 de abril incluyó una Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dictada a solicitud de Puertos del Estado, el fin de la que interpretamos como la de «liberar» la entidad estatal de las obligaciones y responsabilidades respecto del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en agosto de 2007.

La Comisión Ciudad-Puerto, entidad ciudadana integrada por Por la Huerta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, la plataforma El Litoral Para el Pueblo, Valencia Saludable y otros colectivos de la capital del Turia, califica de nula de pleno derecho esta nueva resolución por haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, fijada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y por suponer un fraude de la legislación ambiental.

El recurso llama la atención sobre que «se pretenda 14 años después de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado de eludir sus responsabilidades de dirección , coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de Valencia que impulsa la APV y la pretendida adjudicación de la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada «.

Ciudad-Puerto, califica de incomprensible y jurídicamente inaceptable que, precisamente ahora, cuando la ciudadanía y sus asociaciones exigen razonadamente un  debate social riguroso  sobre unas actuaciones promovidas por la APV, que son sustancialmente diferentes de las contempladas en esa evaluación ambiental, se ponga en cuestión el rol desempeñado por las administraciones intervinientes en el expediente ambiental sustanciado en su momento. Unos roles que se han ejercido de manera pacífica y no controvertida durante catorce años.

«Pretender aplicar tal criterio con efectos retroactivos, con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos y prescindiendo de los procedimientos habilitados al efecto por la ley, sólo puede ser calificarse como una decisión nula la de pleno derecho «, afirma, invocando los preceptos legales infringidos.

Desde la Comisión recordamos que, las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado pretende desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007. No sólo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear y que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m³ a 23,3 m³), ​​sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la cual fue la 1ª fase), incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados (de -18 a -18,5) en zonas exteriores a la dársena actual con los consiguientes efectos negativos sobre las playas del sur, ya detectados durante estos años.

Pero, además, denunciamos que la APV ya está actuando al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007, en anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007. en este sentido, hacemos referencia a la demolición de los muelles de cruceros, que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva concesión para la construcción y explotación  de una terminal pública de pasajeros  en el Puerto de Valencia en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya sometido a una nueva evaluación ambiental.

Esta actuación ha supuesto, además, el dudoso rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una mercantil que hacía años que no las operaba, con un pago consistente en una nueva concesión sobre otros terrenos portuarios y la posibilidad de construir un edificio de oficinas de trece alturas. Una operación de la APV sobre la que, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ha abierto ya diligencias de investigación.

En conjunto, concluimos que, «la pretensión de Puertos del Estado de hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública encargada de la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, a la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha dado una injustificable cobertura, considerando las circunstancias concurrentes, constituye un auténtico fraude de ley «. Razón por la que solicitamos en nuestro recurso a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que suspenda la eficacia de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada en el BOE de 12 de abril de 2021.

Asimismo, desde la Comisión Ciudad-Puerto recordamos la necesidad de llevar a cabo un debate público amplio y riguroso que examine los planes de la APV para que, aún estamos a tiempo de paralizar una actuación que pone en riesgo, tanto el litoral y un patrimonio de especial fragilidad como es la Albufera, como  la salud de la población , en tiempos de emergencia climática, cuando todos los recursos disponibles deberían orientarse a hacer posible un cambio de modelo económico y ambiental acorde a los riesgos actuales.

Publicado en Llibertat.cat